Las perspectivas de inversión en el sistema portuario nacional y el proceso de implementación fueron expuestas por representantes de los usuarios luego de que el Congreso de la República aprobara el Decreto 20-2026, Ley General del Sistema Portuario Nacional.

En el corto plazo, se espera la conformación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la integración de su Directorio, con el fin de brindar señales de certeza jurídica e institucionalidad a los agentes económicos nacionales e internacionales.

La ampliación y modernización del sistema portuario requerirá tiempo; sin embargo, la aprobación de la ley representa un avance, señalaron representantes de los usuarios.

Las cifras del movimiento de carga hasta abril de este año alcanzaron 12 millones de toneladas métricas. Además, entre 2019 y 2025, el volumen anual movilizado aumentó 26%, al pasar de 27 millones a 35 millones de toneladas métricas.

Agexport prevé más inversión portuaria

Claudia del Águila, directora de Incidencia del Entorno Exportador de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), declaró que, para los usuarios del sistema portuario —exportadores, importadores, operadores logísticos y consumidores—, esta ley representa la oportunidad de contar con una autoridad que velará por el desarrollo de un sistema portuario eficiente, moderno y competitivo, además de crear las condiciones para brindar certeza jurídica a las inversiones que se realicen tanto en puertos públicos como privados.

Sobre las perspectivas a corto plazo, indicó que la principal señal es de confianza y certeza. "La aprobación de la ley envía un mensaje de que Guatemala está construyendo un marco jurídico moderno para desarrollar su sistema portuario con visión de largo plazo. Esto mejora el clima para la inversión pública y privada, facilita la planificación de proyectos estratégicos y brinda mayor previsibilidad a los actores económicos", mencionó.

Agregó que, aunque los beneficios operativos no serán inmediatos, la ley sí crea una hoja de ruta para iniciar la transformación del sector.

Nueva ley abre paso a inversión portuaria

En cuanto a los posibles resultados en las operaciones e inversiones futuras, Del Águila afirmó que la aprobación de la ley es el punto de partida, no el punto de llegada.

"Las mejoras en infraestructura, eficiencia operativa y reducción de tiempos dependerán de la implementación de la nueva institucionalidad y de la ejecución de los proyectos de inversión que esta facilite", enfatizó.

Añadió que el siguiente paso será elaborar el reglamento y poner en funcionamiento la Autoridad Portuaria Nacional. "Esperamos que las inversiones podrán materializarse en un plazo de alrededor de dos años. Lo importante es que el país ya contará con la base legal necesaria para acelerar ese cambio".

Respecto de las siguientes etapas para la implementación efectiva de la ley, Del Águila precisó que será necesario poner en funcionamiento la institucionalidad que establece la normativa, especialmente la Autoridad Portuaria Nacional, encargada de coordinar la planificación, definir políticas y promover el desarrollo del sistema portuario.

Paralelamente, será necesario emitir la reglamentación correspondiente, elaborar el Plan Nacional Integral de Desarrollo Portuario (Planport), priorizar las inversiones estratégicas y fortalecer la coordinación entre las distintas entidades públicas y el sector privado.

Agregó que el verdadero éxito de la ley dependerá de convertir este nuevo marco jurídico en proyectos concretos que modernicen los puertos y fortalezcan la competitividad de Guatemala.

CIG ve clave la implementación

Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), destacó que la ley sienta las bases para contar con un sistema portuario más moderno, con reglas claras y una mejor planificación de largo plazo. Agregó que, una vez aprobada e implementada adecuadamente, facilitará el desarrollo de infraestructura y contribuirá, de manera gradual, a mejorar la eficiencia de los servicios portuarios.

Respecto de las perspectivas a corto plazo, señaló que la principal expectativa es contar con mayor certeza jurídica y una mejor definición sobre el desarrollo del sistema portuario. "Esto podría generar mejores condiciones para planificar inversiones e iniciar los procesos institucionales necesarios para implementar la reforma", recalcó Font.

La posición del sector industrial es que los primeros avances institucionales podrían observarse en el corto plazo, especialmente en temas relacionados con dragados y profundidades. Sin embargo, las mejoras en infraestructura y en la operación portuaria probablemente se reflejen de manera gradual, conforme avancen la planificación, el financiamiento y la ejecución de los proyectos previstos en la ley.

El sector industrial afirmó que espera que las siguientes etapas incluyan la conformación de la Autoridad Portuaria Nacional, la emisión de la reglamentación correspondiente, la coordinación entre las entidades involucradas y la planificación estratégica del sistema portuario. "A partir de ello, podrían impulsarse los proyectos de inversión que permitan materializar los objetivos de la reforma", recalcó.