Reformas al sistema portuario proponen nueva autoridad, controles de seguridad y modalidades de inversión
Los bloques legislativos comenzaron el análisis de las enmiendas a la Ley General del Sistema Portuario Nacional para consensuar las propuestas que buscan fortalecer la Autoridad Portuaria Nacional (APN), y la coordinación entre las instituciones.
Las enmiendas a la Ley General del Sistema Portuario Nacional crean la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y el Comité Nacional de Protección Portuaria (Conaprop). (Foto Prensa Libre: Cortesía Empornac)
El periodo para analizar las 32 enmiendas planteadas a la iniciativa de la Ley General del Sistema Portuario Nacional comenzó el lunes 21 de julio, y los bloques legislativos cuentan con el documento previo de las propuestas.
El sector privado organizado está a la expectativa del avance que pueda tener la aprobación del proyecto de ley, y de la urgencia de reformar el sistema portuario nacional.
El documento aún no cuenta con los artículos propuestos por los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República, y el objetivo es que, en la próxima reunión de la instancia de jefes de bloque, el lunes 27, se aborde este tema.
Definen nueva autoridad portuaria
El borrador de las propuestas incluye enmiendas de sustitución parcial de los artículos, así como de las definiciones. También contempla cambios en el procedimiento de selección de designados al nuevo directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), pero no una actualización si se amplía el número de integrantes.
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El directorio de la APN estaría integrado por un representante de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), del Ministerio de Economía (Mineco), del Ministerio de Gobernación (Mingob) y del Consejo de Usuarios del Sistema Portuario (Cusport), en representación de las cámaras empresariales.
La enmienda aclara los impedimentos para ser designado en el nuevo directorio, y plantea la prohibición de ser o haber sido directivo o empleado de un administrador u operador portuario, público o privado, durante el año previo a su designación y hasta un año después de finalizar su gestión.
Se suprime el artículo que se refería a ser o haber sido integrante de un sindicato de trabajadores de empresas portuarias durante los cuatro años previos a su designación.
Con la creación de la Gerencia de Fiscalización de Protección Portuaria, esta tendrá las funciones de verificar el cumplimiento de los entes regulados y de los respectivos reglamentos en materia de protección, seguridad y cumplimiento del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (Código PBIP).
Según la enmienda, la APN establecerá mediante reglamento los plazos, estándares técnicos mínimos y régimen de consecuencias por incumplimiento de la obligación de adquirir e implementar tecnologías y equipos no intrusivos, a cargo de esta gerencia.

Enmiendas redefinen comités portuarios
En cuanto al Comité de Apoyo al Sistema Portuario (Codas), se agrega una silla para un representante de la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga, y un representante del sector laboral portuario en sustitución de un representante laboral portuario de cada una de las empresas portuarias públicas.
El directorio de la APN estaría integrado por un representante de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), del Ministerio de Economía (Mineco), del Ministerio de Gobernación (Mingob) y del Consejo de Usuarios del Sistema Portuario (Cusport).
El Mineco estará a cargo del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, y coordinará las diferentes acciones con visión estatal para evitar la duplicidad de esfuerzos en el Codas.
APN liderará coordinación de seguridad
La APN coordinará el Comité Nacional de Protección Portuaria (Conaprop), integrado por representantes del Mingob, la SAT y los ministerios de la Defensa, Público, Policía Nacional Civil e Instituto Guatemalteco de Migración. Para asuntos de su competencia, participarán los ministerios de Salud; Ambiente y Recursos Naturales; y Agricultura, con base en su función esencial en el control e inspección de la cadena logística.
El Conaprop tendrá las funciones de diseñar y aprobar el Protocolo de Protección Portuaria y las herramientas relacionadas. Además, generará coordinaciones y protocolos con las autoridades e instancias competentes que correspondan para mitigar y afrontar las amenazas transnacionales, como terrorismo, narcotráfico, contrabando y demás ilícitos vinculados al ámbito portuario, incluido el tráfico ilícito de personas y de vida silvestre, entre otros.
APN vigilará equipos de protección portuaria
En las enmiendas se agrega que las adquisiciones de equipos y tecnologías de protección portuaria serán objeto de auditoría por la Contraloría General de Cuentas. Las donaciones de equipos serán publicadas en el portal de la APN, con indicación del donante, valor estimado y destino. Además, se establece que se vigilará y procurará que los equipos y sistemas de protección portuaria operen de acuerdo con los estándares y criterios emitidos por la APN.
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Se debe garantizar que los administradores y operadores portuarios no tengan acceso a la información generada por los equipos de protección e inspección no intrusiva ni facultad de intervenir en la operación de dichos sistemas.
Nueva unidad para control sanitario portuario
En cuanto a las medidas de control cuarentenario, el Maga, en coordinación con la APN, deberá crear una unidad especializada en medidas de control fitosanitario y zoosanitario, la cual deberá promover la gestión de riesgo, la modernización tecnológica, la estandarización, la automatización, la transformación digital, la competencia y la eficiencia en la prestación de dichos servicios.
La tarifa turística portuaria será de US$2 por pasajero que desembarque y no de US$1.

Nuevos contratos para modernizar puertos
Para las modalidades portuarias de contratación, se podrá autorizar el uso, gestión, operación o desarrollo de bienes e instalaciones portuarias mediante el Contrato de Alianza para el Desarrollo de Infraestructura Económica (APP) y el Contrato de Administración Portuaria (CAP).
En esta última modalidad se incluyen la ejecución de obras de infraestructura o superestructura portuaria, así como la operación, gestión, adquisición, explotación o modernización de equipamiento portuario, infraestructura o superestructura nueva o existente, y la constitución de un Usufructo Oneroso Portuario (USOP) para el desarrollo de infraestructura o superestructura nueva o ampliaciones.
Las enmiendas aclaran que, cuando un CAP sea llevado a cabo por una empresa pública, el canon recaudado será distribuido de la siguiente manera: 75% para la empresa pública portuaria correspondiente; 15% para los Consejos Departamentales de Desarrollo correspondientes a los departamentos directamente vinculados al área de influencia de la instalación portuaria; y 10% para las municipalidades en cuyo territorio se localice la instalación portuaria.
CIG ve oportunidad en reforma portuaria
El sector privado organizado mantiene expectativas de que la iniciativa avance como se agendó conocer en las sesiones del 28 y 29 de julio.
Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), afirmó que es positivo que el Congreso de la República continúe avanzando en esta iniciativa.
“Esperamos que el consenso que se está construyendo permita aprobar una ley moderna que fortalezca el sistema portuario y contribuya a mejorar la competitividad del país”, añadió.
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Sobre el contenido, aseguró que, como toda iniciativa, siempre hay aspectos que pueden perfeccionarse durante la discusión, pero que, en términos generales, consideran que, de ser aprobada, puede convertirse en una herramienta importante para modernizar el sistema portuario y generar las condiciones para fortalecer y ampliar la infraestructura portuaria.
Industria pide modernizar sistema portuario
El sector industrial prevé un escenario sobre la vigencia y ejecución de la iniciativa de ley.
“Los puertos son mucho más que infraestructura; son la puerta de entrada y salida del comercio. De su eficiencia depende que las materias primas, los insumos y los productos lleguen oportunamente a las industrias, fortaleciendo la producción, el empleo y el abastecimiento del país”, recalcó Font.
Añadió que Guatemala necesita una visión integral para el desarrollo de su sistema portuario, articulada con la infraestructura vial y logística, que permita facilitar el comercio, reducir costos y elevar la competitividad.
“Confiamos en que la implementación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional marque el inicio de una transformación que fortalezca la competitividad logística de Guatemala. Su éxito dependerá de una ejecución coordinada entre las instituciones y de impulsar los proyectos que el país necesita para fortalecer su competitividad logística”, apuntó el presidente de la CIG.