El nuevo salario mínimo local de 1,500 quetzales (aproximadamente US$195) al mes contrasta claramente con el salario mínimo nacional de unos 2,650 quetzales (alrededor de US$350) vigente en los sectores agrícola y no-agrícola. Existe la preocupación de que esta medida pueda extenderse a otros sectores y regiones y desencadenar una tendencia a la reducción salarial.

“Este salario mínimo cubre únicamente el 25% del costo de la Canasta Básica Vital que necesita una familia guatemalteca. Con un ingreso tan bajo, los hogares que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad se verán en una situación precaria, sin posibilidad de asegurar un nivel de vida adecuado para los trabajadores y sus familias, comprometiendo seriamente su seguridad alimentaria y el acceso a una dieta adecuada”, añadió la relatora Hilal Elver.

Alston y Elver son Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, , y sobre el derecho a la alimentación.

Guatemala se enfrenta al escrutinio internacional por una serie de denuncias por violaciones a los derechos laborales, incluidos el monto inadecuado del salario mínimo, la violación generalizada de las garantías de su cumplimiento; la práctica de condicionar los salarios a metas de producción excesivamente altas y poco realistas; y la violación del derecho a libertad de asociación  y la protección del derecho de formar parte de un sindicato.

Recientemente, en diciembre de 2014, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó su preocupación* debido a que el salario mínimo en Guatemala no es suficiente para asegurar un nivel de vida adecuado para los trabajadores y sus familias, así como por las disparidades existentes entre los salarios mínimos de los distintos sectores de la economía, en particular en la exportación y en la maquila textil.

“En este contexto, introducir un salario aún más bajo en una industria y áreas específicas representa una media regresiva que viola las obligaciones de Guatemala conforme al derecho internacional de los derechos humanos y pone en riesgo un desarrollo social inclusivo”, señaló el Sr. Alston.

Los expertos exhortaron a Guatemala a garantizar condiciones de trabajo justas y favorables para todos los trabajadores en cumplimiento con el derecho internacional de los derechos humanos, que propicie un desarrollo sostenible e inclusivo.

Vea aquí las observaciones finales del Comité sobre Guatemala.