Estados Unidos
La ley que regula las tasas de interés por parte de las empresas emisoras de tarjetas de crédito a los usuarios fue la más reciente normativa que legalizó el Congreso. La normativa cobrará vigencia en el primer trimestre del 2016.
Una de las iniciativas pendientes es la relacionada con el vencimiento a las subvenciones para el sector exportador, que otorga la Organización Mundial de Comercio (OMC), y que vence el próximo 31 de diciembre.
El Congreso no entró a legislar cambios planteados a la modernización del sistema financiero, que tienen como propósito velar por la liquidez de las entidades y evaluar los riesgos que garanticen la confianza de los ahorrantes.
Las iniciativas están relacionadas a los componentes de Basilea III —mecanismos de supervisión financiera internacional— que Guatemala debe de cumplir en el 2016.
También quedó pendiente la formulación de cambios a la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria.
Según Antonio Ralda, diputado independiente e integrante de la Comisión de Economía, la paralización en el Congreso se debió que no hubo interés de algunas bancadas en avanzar en la agenda legislativa.
La normativa pretende la eliminación de algunos privilegios fiscales.
Antonio Ralda, integrante de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, resaltó que la iniciativa para ampliar los beneficios fiscales fue la más controversial durante este período legislativo.
La discusión de dicha iniciativa tuvo varios tropiezos.
El sector privado organizado, sobre todo la Asociación Guatemalteca de Exportadores de Guatemala (Agexport), ha presionado al argumentar la supuesta pérdida de plazas de trabajo.
Durante la actual legislatura que está por concluir, la Comisión de Economía dio dictamen favorable a una de las iniciativas presentada, pero el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) emitió una opinión desfavorable.
El exministro de Economía durante la administración del Partido Patriota, Sergio de la Torre, propuso concesiones fiscales hasta por 65 años a las empresas.
La versión más reciente que fue presentada a principio de diciembre plantea beneficios fiscales hasta por 10 años a las empresas de confección de vestuario y textil y compañías de centros de llamadas.
