Mina San Rafael: Consulta comunitaria costará Q2.3 millones y podría convocarse este año

El proceso de consulta comunitaria ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC) en el caso de Minera San Rafael podría celebrarse en 2019, aunque depende de las comunidades, confirmó el ministro de Energía y Minas, Luis Chang.

Por varios meses, pobladores de las áreas cercanas a la Mina San Rafael se instalaron en las afueras de la CC mientras esperaban una resolución. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Por varios meses, pobladores de las áreas cercanas a la Mina San Rafael se instalaron en las afueras de la CC mientras esperaban una resolución. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El funcionario indicó que actualmente las 10 entidades requeridas por la CC están en la fase de preconsulta, es decir, que se define la estrategia para efectuar la consulta en las comunidades y que se trabaja con el Ministerio de Finanzas en el tema del presupuesto.

Chang indicó que la ejecutoria de la sentencia de la CC fue recibida el 21 de noviembre del año pasado, pues, aunque la Corte emitió una resolución en septiembre, se interpusieron algunos recursos de ampliación y aclaración.

En una primera etapa, las entidades presentaron un informe sobre la situación, con lo que se hizo un proceso de convocatoria y se dio información a través de medios radiales en el área de influencia de la minera.

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La CC requirió la participación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), los ministerios de Cultura, Energía y Minas, Ambiente, la Comisión Presidencial de Diálogo, la empresa, la municipalidad de la localidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos, universidades y las comunidades que se señalan como afectadas.

La consulta comunitaria podría efectuarse este año, pero esto depende de la pauta que indiquen las comunidades, afirmó Chang.

El proceso

La suspensión de dos licencias de operación de la Minera San Rafael se origina por una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que otorgó un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social en julio del 2017.

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En esa resolución, se indicó que la minera se instaló sin efectuar una consulta a las comunidades y sin un estudio de impacto ambiental más profundo.

En octubre de ese año, la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana presentó un recurso ante la CC con el que buscaba revertir lo ordenado por la CSJ y en febrero del 2018 un grupo de trabajadores de la minera hizo lo mismo con la intención de resolver en definitiva la situación.

La resolución de la CC llegó finalmente en septiembre del 2018, cuando los magistrados confirmaron la suspensión de las licencias, pero se ordenó al Estado de Guatemala a efectuar una consulta.

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Jose Mendizabal Hace 6 meses

Que lleven a cabo la extracción de los minerales porque genera empleos y produce ingresos para el estado. Pero eso sí, que no les sea impuesto el ridículo 1% sobre las utilidades como esta estipulado en la ley, sino el 50% de las utilidades netas ¡por lo menos!.