El impacto económico es grande para muchas personas en todo el mundo.

¿Qué opinan de las comunidades indígenas que habitan en el área de influencia de la mina y que no habrían sido consultadas?
Estamos muy confiados en el estudio que el MEM (Ministerio de Energía y Minas) hizo respecto a que no hay xincas en las comunidades que se indican en el estudio de impacto ambiental del Ministerio de Ambiente.

Creemos que tenemos un caso sólido en ese sentido. Asimismo estamos convencidos con el proceso que llevó a cabo el MEM de dialogar con las comunidades, previo al otorgamiento de la licencia.

¿Han hablado con líderes del sector privado guatemalteco, acerca de  qué acciones piensan tomar?  
Lo primero es defender este argumento desde el punto legal. Queremos que a través de proveedores y colaboradores las cortes entiendan mejor el argumento. Creemos seriamente que la Corte ha cometido un error en este fallo y que si se informa adecuadamente puede revocarlo. Hemos tenido una muy buena relación con Guatemala haciendo negocios, creemos que ha sido una relación que ha traído muchos beneficios para las comunidades, empresas y el país, y estamos confiados en que esto se pueda resolver pronto.

¿Tienen otras compañías en Guatemala?
No tenemos otras operaciones en Guatemala. Estamos preocupados por el impacto negativo que pueda tener esto —la resolución de la CSJ— en nuestros colaboradores, pero también a nivel local con las comunidades, por el desarrollo que se ha logrado con ellas en San Rafael.  También estamos alineados con el sector privado, con Cacif, para ver cuál es  el potencial económico, y la pérdida que pudiera tener para el país esta falta de certeza jurídica no solo con nosotros las empresas mineras, sino con otras empresas que operan en el país.

¿Qué otras empresas,  por ejemplo?
El fallo de la Corte fue negativo para el país. Sin importar el tipo de industria, el fallo que emitió la corte puede ser perjudicial para atraer nuevas inversiones.

La extracción minera en el país se ha tornado bastante complicada.  ¿Aún es rentable?
Mientras exista el marco legal que permita la atracción de inversiones y que se haga de forma segura y que exista certeza jurídica vamos a poder invertir en  proyectos para las comunidades y continuar trabajando. Debe de existir un estado de Derecho fuerte para que, una vez se autorice una licencia se respete y pueda operar sin tener que incurrir en gastos legales adicionales por fallos como este. Si no se cumplen con estas condiciones no se pueden hacer negocios.