La Gremiext, apoyada por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y el Cacif, rechaza la modificación y solicita “urgentemente” al Gobierno que se elimine esa propuesta, además de que en forma pública aclare que no habrá nacionalización o confiscación.
Marroquín explicó que la propuesta ha generado incertidumbre en los mercados internacionales y causó daños al capital de las empresas que operan en el país o las que ven a Guatemala como un destino de inversiones.
Marroquín expuso que se compara con acciones que implementan Venezuela, Argentina y Bolivia, que incluyen políticas expropiatorias y de nacionalización.
Regina Rivera, gerente de relaciones corporativas de la Compañía Guatemalteca de Níquel, indicó que esa empresa también rechaza las reformas.
Tahoe Resources, de Canadá, que cuenta con un proyecto en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, perdió el 39.9% del valor de sus acciones la semana pasada, y la empresa Ainfield, de Australia, que tiene el proyecto Mayaníquel, perdió 17%.
Julio Héctor Estrada, consultor en temas de competitividad, refirió que tal propuesta no debería incluirse en la Constitución, sino que puede estar en la legislación ordinaria.
Al establecer una participación del Estado significa que también debe aportar capital, y este podría no tener los recursos necesarios o ser engañado con proyectos inservibles, dijo Estrada.
El presidente Otto Pérez Molina presentó ayer el plan de reformas al grupo de economistas y analistas denominado G-40. Eduardo Velásquez, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos, dijo que tienen varias dudas en torno al porcentaje que se busca establecer y cuestionan en qué medidas técnicas se basaron.
Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, calificó ese porcentaje y el capítulo fiscal de “tibio”, porque debería brindar más beneficios al Estado.
