José Alejandro Arévalo, jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), explicó a Prensa Libre que son casos que detectó el sistema de inteligencia de la IVE sobre el manejo de dinero a través de los reportes de transacción sospechosa (RTS) y que involucran a unas 16 personas.
“A junio último, hay 16 procesos de peps que se estarán cursando a la Fiscalía”, afirmó Arévalo.
Ayer, la agencia fiscal informó ayer que se realizan los desplegados de movimientos de las cuentas, operaciones y los nexos de las personas de las denuncias que ha elevado la IVE durante esta semana.
En la Fiscalía no se dieron a conocer los expedientes de las personas señaladas, ni a qué sector o actividad pública representarían.
Lista
Las 16 denuncias involucrarían a personas que desempeñan o han desempeñado un cargo público relevante.
Además, a dirigentes de partidos políticos, jefes y ministros de Estado. También incluye a los padres, hermanos, cónyuges e hijos de los señalados.
Según Arévalo, estas personas tienen una mayor atención respecto de aquellas que son consideradas como obligadas a reportar sus transacciones, que son bancos, aseguradoras, sociedades financieras, distribuidores de vehículos y joyas, entre otras.
“Cuando hay una peps, se aplica un protocolo especial; se verifica si la persona está realizando una operación que se considera como normal o que pueda ser inusual, sin que la haga sospechosa”, agregó.
En todo caso, si la peps explica la razón del uso de los recursos financieros, cuentas y otras operaciones, se establece como una operación normal.
Si la peps, dijo Arévalo, no puede explicar al banco o entidad financiera el origen de su transacción, lo reporta a la IVE.
“Las alertas están activadas en el sistema financiero por el desarrollo de las elecciones generales”, afirmó Arévalo.
En la Fiscalía, se informó que en ese tipo de casos se aplica la investigación penal contra las personas involucradas, así como la Ley de Extinción de Dominio.
Esta última normativa se refiere a regular la identificación, localización, recuperación, repatriación de los bienes y la extinción de los derechos relativos al dominio. Además, las ganancias, frutos, productos, rendimientos o permutas de origen o procedencia ilícita o delictiva a favor del Estado.
En la agencia fiscal se dio a conocer que no se descartan procesos que han salido a luz pública en los últimos 90 días.
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Entre estos se encuentran la compra de químicos para limpiar el Lago de Amatitlán y el caso de la red de defraudación fiscal que operaba en el servicio aduanero en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) conocida como la Línea y del denominado bufete de la impunidad.
Además, el caso de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por el contrato con la Farmacéutica Pisa y los antejuicios promovidos contra los diputados Baudilio Hichos por el arrendamiento de un edificio de su propiedad al IGSS y Pedro Muadi por la contratación de personal de seguridad de su empresa.
También, la venta plazas fantasmas en el Congreso y una red que defraudó a la Policía Nacional Civil por Q52 millones hace una semana.
Estadísticas
El cómputo de la IVE determinó que del 1 de enero al 30 de junio se cursaron 96 denuncias al MP por lavado de dinero de 553 RTS, y que involucran a tres mil 423 personas.
El dinero bajo análisis por blanqueo es de Q1 mil 149 millones, lo que representaría un promedio mensual de Q175 millones.
La IVE y la Fiscalía confirmaron que los casos más predominantes en investigación son narcotráfico, extorsiones, corrupción, trata de personas y contrabando de armas.
