Algunos sectores ya se han pronunciado en contra de un posible incremento a la tasa del impuesto al valor agreado (IVA) del 12% actual a 15%, porque impactaría el poder de compra de las personas y el consumo.

No hay ruta

Érick Coyoy, ex viceministro de Finanzas, dijo que sería “preocupante” que el Minfin llame a un diálogo fiscal, cuando se demostró que dispone de liquidez en caja como resultado de las recientes acciones de cobranza de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

“No hay un plan coherente que se priorice, porque, por un lado, hay recursos, y por el otro, están llamando a lograr más ingresos”, subrayó.

En opinión de Jonathan Menkos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), “existió una mala comunicación de las autoridades de Finanzas al anunciar un reforma fiscal, sin presentarla”.

“Es una mala estrategia de comunicación anunciar algo que no se tiene o con lo que no se cuenta”, afirmó el analista fiscal.

Jairo Flores, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, admitió ayer que desconocen qué podría plantearse de parte del Minfin como propuesta de cambios para incrementar los recursos.

“Esperaríamos que lo antes posible se presente alguna iniciativa y estudiarla”, aseguró Flores.

Tiempos

Para el consultor Juan Carlos Paredes, lo ideal sería que Finanzas presente, en lo que queda del año, una propuesta para entrar en una fase amplia de discusión, analisis y consensos entre los sectores público, privado y académico en torno al tema.

Para el 2017 se esperaría entonces la aprobación por el Congreso y su vigencia plena para el 2018.

Rigoberto Dueñas, de la Federación de Trabajadores Campesinos y Urbanos, explicó que están en disposición de sentarse a la mesa de diálogo fiscal con el sector privado organizado.

“Consideramos necesario ampliar la base tributaria, pero rechazamos el incremento al IVA”, dijo.

¿Qué gravar?

Édgar Pape, exintegrante del Directorio de la SAT, afirmó que si se logra activar un diálogo fiscal podría discutirse el impuesto al patrimonio —para financiar al sector justicia— y a las transacciones financieras superiores a los Q500 mil —US$66 mil—.

“Hay estudios que indican que solo estos dos impuestos tienen potencial de generar hasta Q2 mil 500 millones”, afirmó.

El impuesto al patrimonio es una sugerencia que en el 2014 planteó Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

En Guatemala, según el Minfin, no existe una figura de impuesto al patrimonio, como en Colombia, que agrupa todas las rentas y ganancias que reciben las personas individuales y jurídicas.