Omar Franco, jefe de la entidad recaudadora, informó  que el proyecto surgió el año pasado  y estará vigente desde hoy, en el sistema
Declaraguate.

Este sistema compartirá las bases de datos, y por medio del número de identificación tributaria (NIT) se determinarán los adeudos.

“El contribuyente que tenga multas pendientes no podrá imprimir su calcomanía hasta que las  cancele”, subrayó Franco.

Amílcar Montejo, director de la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala, informó que el adeudo por infracciones, desde la creación de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito, asciende a  Q82 millones.

Representantes de la Policía Municipal de Tránsito  (PMT) de Villa Nueva  informaron que en el 2014  recaudaron Q40 millones por la implementación de las multas.

Según Franco, en las próximas semanas   la PMT de Mixco se unirá al SEP.

Datos de la SAT refieren que el 45% del parque vehicular se concentra en el departamento de Guatemala, con un millón 253 mil unidades a enero recién pasado.

En segundo lugar se encuentra Quetzaltenango, que reporta 187 mil inscripciones fiscales, y Escuintla, con 172 mil.  
El parque vehicular total, al 31 de enero último, es de dos millones 753 mil unidades.
Para este año la SAT proyecta una recaudación por  ISCV de Q591.8 millones.

Impacto

Fernando Trabanino, defensor del consumidor de la Procuraduría de los Derechos Humanos, considera que la medida impactará en la economía familiar, y que obligará a los contribuyentes a conseguir   más recursos para pagar las deudas que tiene pendientes con las autoridades de Tránsito.

“Consideramos que los pagos deben  hacerse por separado, ya que habrá  contribuyentes que no contarán con liquidez para asumir esos compromisos y los que  se les obliga en este tipo alianzas”, dijo.

Alfonzo Castillo,  intendente jurídico de la SAT, explicó que no hay incongruencias con la cobranza de tributos.  

Presentan recurso

La comisión de postulación para el cambio de directores de la SAT presentó ayer un recurso de apelación en la Corte de Constitucionalidad (CC), en el cual   argumenta  tres principios jurídicos que no son compatibles por la resolución que emitió el Juzgado Décimo Quinto de Instancia Civil.

La resolución suspendió el  avance de la elección de 21 candidatos finalistas. La decisión está ahora en manos de los magistrados de la  CC.