Alfonzo Castillo, intendente jurídico de esa entidad, informó ayer que el total corresponde a tres mil 44 contribuyentes a los cuales los juzgados de lo Contencioso Administrativo y por la vía Penal han emitido sentencia a favor de la SAT.
Castillo explicó que el tiempo para resolver esos casos, que es de seis años, ya se cumplió.
La característica es que en estos procesos ya se cerró el círculo; es decir, pasan por la vía administrativa, siguen a lo contencioso y luego de la sentencia se van a las apelaciones y concluyen con la casación en la Corte de Constitucionalidad (CC).
“Hay expedientes de más de 18 años y que están activos hasta que no se declare la incobrabilidad, lo cual debe realizar el Directorio”, informó el funcionario de la SAT.
Los Q700 millones que el fisco pretende recaudar por la vía judicial equivalen al presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Trabajo, o bien es el monto para un año de los ministerios de Relaciones Exteriores y Finanzas para el 2015.
Castillo indicó que los montos para el cobro van desde multas de Q1 mil hasta de dos dígitos que se conocen en los tribunales y que la mayoría corresponden a los impuestos sobre la renta (ISR) y al valor agregado (IVA).
Prefieren no pagar
Los principales adeudos están relacionados con empresas y sociedades anónimas que se declaran en quiebra, y es una táctica, según el intendente, de los contribuyentes que esperan a que la SAT los demande.
Un contribuyente, explicó Castillo, puede tener más de un expediente de adeudo al fisco o constantemente es objeto de un ajuste.
Castillo explicó que se trata de una estrategia cuando en una sociedad anónima el contribuyente sabe que perderá el proceso judicial y lo que hace es crear otra, para el traslado de los bienes, y durante el tiempo de la discusión de lo contencioso ya no hay nada que cobrar a favor del fisco.
En estos casos, las sociedades anónimas ya no existen ni operan comercialmente, declaran a cero en los ejercicios fiscales y no poseen bienes.
Recordó casos en los cuales los contribuyentes tienen diferentes procesos.
Érick Coyoy, ex viceministro de Finanzas, comentó que existen contribuyentes que prefieren no pagar porque conocen las debilidades de la justicia en este tipo de procesos.
Por un lado, dijo, existe una descoordinación entre el Ministerio Público, el Organismo Judicial y la SAT.
“Hay casos de impacto que pierde la SAT porque no existe una defensa adecuada con los demás entes”, explicó.
Un mecanismo para resolver estas situaciones, agregó el exfuncionario, es la creación de juzgados especializados en materia fiscal que podrían agilizar los expedientes y garantizar la captación de los recursos reclamados.
“Hay jueces que desconocen la materia fiscal y por malas interpretaciones los expedientes no avanzan”, aseguró.
Coyoy afirmó que en este tipo de medidas se trata más de una acción desesperada por parte de la SAT, para mejorar los ingresos tributarios, por los resultados obtenidos en enero, los cuales crecieron 2%.
Castillo anunció que aplicarán otras medidas jurídicas como arraigos y embargos a los contribuyentes que integran la lista de deudores tributarios demandados, la cual fue publicada el pasado jueves.
El intendente explicó que sobre las cuentas incobrables se planteó, desde el 2014, un esquema para embargar bienes de contribuyentes que antes de fallecer tuvieran deuda con el fisco.
En el 2014 la SAT no alcanzó la meta de recaudación tributaria por Q2 mil 461 millones, y la captación fue de Q49 mil 40 millones.
Listado de la SAT
Según el listado de contribuyentes morosos, publicado el jueves pasado, por domicilio fiscal se contabilizaron mil 882 contribuyentes en la región central.
En la región sur, el sistema detectó 451, en la de occidente; 413 y en la nororiente; 298.
En el 2014, según la SAT, 221 contribuyentes que estaban en el listado regularizaron su situación y pagaron sus impuestos por Q40.6 millones.
La intendencia jurídica de la SAT, llevará a cabo un sistema mensual de expedientes que ingresan a los juzgados para tener mayor control sobre los contribuyentes morosos y solicitar medidas cautelares como arraigos y embargos.
Los arraigos se realizaran de manera individual lo que también incluye a los representantes legales de las empresas.
