“Demandamos al presidente de Guatemala, garantizar la independencia del sistema de justicia y los órganos de investigación que participan en este caso y en otros que se presenten, y se asegure que estos operadores de justicia puedan actuar libres de cualquier presión o injerencia política en el ejercicio de su labor”, enunció Briz.
El Cacif también pidió que se presenten las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios públicos que han sido sujetos de señalamientos de corrupción en los medios de comunicación.
Derecho
Briz, señaló que el artículo 28 de la Constitución Política de la República detalla que “los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarla y deberá resolverlas de conformidad con la ley”.
Briz expresó que mantuvieron un diálogo respetuosos y constructivo, y llegaron a la conclusión que el país debe preservar la institucionalidad, y que cualquier esfuerzo por combatir la corrupción es beneficioso. “Si empresarios cometen hechos delictivos deben ser capturados y ser sometidos a juicio”, agregó Briz.
El sector empresarial señala que cuando no existe certeza jurídica el inversionista extranjero y nacional tiene muchas dudas y dificultades para invertir.
