Economía

Venezuela deja de aceptar arroz

Venezuela decidió dejar de comprar cosechas de arroz a Guyana en medio de una intensificada disputa fronteriza entre las naciones vecinas sudamericanas, dijo el jueves el ministro guyanés de Finanzas Winston Jordan.

Jordan señaló que funcionarios venezolanos le informaron durante una visita a Caracas que adquirirán arroz de otros proveedores, incluido Surinam, para finales de año.

Venezuela ha comprado en los últimos cuatro años aproximadamente 40% de la producción de arroz de Guyana, o alrededor de 200 mil toneladas, pagando por éste con petróleo que representa la mitad de las necesidades de suministro diario de Guyana. “Será un golpe significativo para nosotros”, dijo Peter DeGroot, presidente de la Asociación de Molineros de Arroz.

Jordan dijo que Venezuela no descartó compras futuras de arroz. Añadió que Venezuela había informado previamente a funcionarios guyaneses sobre planes de cancelar la compra de arroz a grandes volúmenes, pero que el gobierno del presidente Donald Ramotar, quien fue derrotado en las elecciones de mayo, no reveló la información.

El intercambio de arroz por petróleo fue realizado dentro del programa Petrocaribe, una iniciativa venezolana que provee combustible en términos financieros generosos a naciones del Caribe y de Centroamérica. Guyana sigue siendo miembro de Petrocaribe y continuará comprando crudo de Venezuela, dijo Jordan.

El ministro de Finanzas agregó que Venezuela no reveló la razón de su decisión, pero la prolongada disputa fronteriza ha estado intensificándose después de la reciente revelación del descubrimiento de un importante yacimiento de petróleo en aguas territoriales de Guyana que reclama Venezuela como suyas. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que el pasado lunes convocó al embajador ante Guyana para consultas y que revisaría las relaciones entre las dos naciones.

Venezuela se ha negado a reconocer una frontera trazada en 1899 y reclama dos tercios del territorio de Guyana como propio. Venezuela publicó en mayo un nuevo mapa que expande su territorio marítimo y dejar a Guyana en esencia sin acceso al océano.

El reclamo por la región de Esequibo se encuentra en manos del secretario general de las Naciones Unidas desde 1983 por acuerdo entre los dos países, según lo previsto en el Acuerdo de Ginebra.

Moses Nagamootoo, primer ministro de Guyana, dijo que el momento del anuncio respecto al arroz hace que al menos parezca que está relacionado con el conflicto fronterizo. “Tendrá que considerarse si la postura de Venezuela de no renovar el acuerdo de trueque de Petrocaribe es ciertamente un acto de sanción económica contra Guyana”, señaló en un comunicado.

El presidente David Granger dijo el pasado jueves al parlamento que Guyana no tiene la capacidad militar para desafiar a Venezuela y que su gobierno buscaría un acuerdo jurídico internacional sobre el asunto fronterizo.

Guyana —una antigua colonia británica— “nunca ha utilizado la agresión contra ningún Estado”, dijo Granger, un general retirado del ejército. “Aunque somos un Estado que ama la paz, no permitiremos que sea violada y amenazada nuestra integridad territorial”.

Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro recibió con agrado los comentarios de su par guyanés, que consideró un paso positivo para aliviar la tensión entre ambos países.

El Acuerdo de Ginebra de 1966 reconoce que el Laudo Arbitral de París no fue la decisión final y definitiva del diferendo limítrofe.

“Me dicen que el presidente de Guyana, David Granger,… dio un paso, parece positivo, para reconocer el acuerdo de Ginebra, que es la única base para sentarnos a conversar y que se respete los derechos de Venezuela en el marco del derecho internacional”, manifestó en un discurso televisado.

La reclamación venezolana se fundamenta en desconocer el llamado Laudo Arbitral de París de 1899, mediante el cual Gran Bretaña se adjudicó el Esequibo. Venezuela sostiene que los británicos establecieron arbitrariamente los límites fronterizos de Guyana, haciendo caso omiso de un principio del derecho, el “uti possidetis iuris”, en virtud del cual los países de la región conservaron los territorios bajo su jurisdicción al final de la gesta independentista.

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