Maduro anunció el pasado viernes su decisión de decretar un estado de excepción que le diera “el poder suficiente”  para, entre otros asuntos, hacer frente a un supuesto golpe de Estado que se planea desde el exterior en su contra, y en el que participaría el expresidente colombiano Álvaro Uribe.

Esta norma da atribuciones “extraordinarias”  a las autoridades para garantizar “incluso mediante la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana, con la participación de los Comité Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP) la correcta distribución”  de productos de primera necesidad.

También le permite ordenar el desembolso de partidas extrapresupuestarias y aprobar contratos para la obtención de recursos financieros o “aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del país”  sin someterse “a autorizaciones o aprobaciones de otros Poderes Públicos” .

Se reitera la suspensión temporal de sanciones contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios, una medida que ya había dictado Maduro en el marco de un decreto anterior.

La norma permite, además, “dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras que pretendan irrumpir en la vida interna del país o en las relaciones internacionales de este” .

Asimismo se instruye a la Cancillería venezolana la auditoría de convenios firmados por personas naturales o jurídicas nacionales con entidades u organismos extranjeros para la ejecución de proyectos en el país “y ordenar la suspensión de los convenios cuando se presuma su utilización con fines políticos o de desestabilización” .

El decreto se apoya, entre otros aspectos, en la “consideración”  de que el Parlamento, de mayoría opositora, supuestamente pretende “el desconocimiento de todos los Poderes Públicos”  y promociona “la interrupción del periodo presidencial establecido en la Constitución por cualquier mecanismo a su alcance fuera del orden constitucional” .

Este decreto deberá ser sometido a la consideración del Parlamento para su aprobación, y remitido al tribunal Supremo de Justicia para dar el visto bueno a su constitucionalidad.