La movilización arrancó por cumplirse 1,000 días desde que la Corte de Constitucionalidad resolvió que el Presidente Arévalo debía publicar los reglamentos del seguro social obligatorio vehicular.

Los reglamentos son fruto de cinco años de trabajo de la Alianza para cumplir el artículo 29 de la Ley de Tránsito, vigente desde hace 30 años. Se basan en el seguro del transporte extraurbano de pasajeros, que funciona desde hace 25 años. Se consultaron con transportistas, autoridades indígenas, víctimas y todo tipo de organizaciones y asociaciones de todo el país, así como con aseguradoras y la Superintendencia de Bancos para consensuarlos.

Además, pasaron los filtros del Ministerio de Gobernación, la Secretaría General de la Presidencia, la PGN y el Departamento de Tránsito. Su costo equivale a 5 centavos del pasaje por pasajero, 5 centavos por kilómetro en carga, Q1 al día por moto y Q3 por taxi. A cambio, la Alianza estima que unos Q500 millones al año llegarían a las familias de las víctimas, sin que el Gobierno ponga un centavo.

“No nos mueve ningún interés político, ideológico ni electoral. Es una exigencia social. Venimos a reclamar que ha dejado solas a las víctimas de tránsito y a sus familias, la peor crisis humanitaria de este gobierno”, afirmó César Bol, vocero de la Alianza y de la Unidad Nacional de las Víctimas de Tránsito.

Augusto Toledo, presidente de la Coordinadora Nacional de Transporte, explicó que los Reglamentos GUATE para GUATE también protegen a pilotos y transportistas, que hoy cargan solos con los gastos de cada accidente.

Un caso lo resume: en Cobán, un conductor mató a una niña de 2 años, dejó sin una pierna a su hermana de 4 y a la madre en el hospital, y solo ofreció Q10 mil. Con los Reglamentos GUATE para GUATE, la familia habría recibido Q260 mil por las tres víctimas. Para dimensionar el impacto, solo en 2025, el IGSS y la Red Nacional de Hospitales atendieron a más de 800 mil personas por accidentes de tránsito.

En 2024, la Alianza coordinó con el Presidente y con el entonces ministro de Gobernación. Según cartas y chats que presentaron, pidieron por escrito publicar los Reglamentos GUATE para GUATE solo con una campaña informativa nacional, para no provocar una crisis, y avisar la fecha para ayudar a explicarlos.

No ocurrió así. La Alianza supo un domingo que se publicarían al día siguiente y pidió que el Gobierno esperara al menos al viernes. La respuesta del ministro, según consta por escrito, fue: “el Presidente pidió se publicará mañana”. Se publicaron en marzo de 2025 sin campaña y el vacío se llenó de desinformación: circuló que una moto pagaría Q300 al mes, en lugar de Q1 al día. El Gobierno no lo desmintió y los derogó tres días después.

Al derogarlos, el presidente prometió volver a publicarlos en marzo de 2026. Presentó a las aseguradoras, sin presencia de organizaciones que defienden a las víctimas, una propuesta que reduce de Q200 mil a Q50 mil la ayuda máxima por persona y solo cubre fuera de los vehículos, con el argumento de que GUATE para GUATE era caro. Mientras tanto, el mismo Gobierno pagó Q180 mil a cada víctima del accidente de la calzada La Paz, el seguro otros Q180 mil y el Congreso Q50 mil adicionales.

La Alianza también pidió a los 160 diputados que conocen los Reglamentos GUATE para GUATE desde hace más de un año, exigir que se publiquen de inmediato y rechazar nuevas propuestas o mesas para un modelo que ya funciona. También convocó a universidades, iglesias, cámaras empresariales, alcaldes, artistas y deportistas a sumarse.

Según Bol, las diez víctimas de accidentes de tránsito diarias en el país “valen más que 5 centavos y deben recibir los Q200 mil cada una. El trato debe ser el mismo para todas las personas”.