Alberto Chumil, alcalde indígena de Sololá, aseguró que han recibido presión de los pobladores de comunidades kaqchikel, k’iche’ y tz’utujil, para que se exija cumplir con varias solicitudes.
EXIGENCIAS
Además de la derogación de la ley, la cual afirman atentaría contra la seguridad alimentaria de la población, los líderes exigen que se provea de medicamentos a los hospitales y centros de Salud del departamento; extender la cobertura del programa Hambre Cero, terminar la reparación de la carretera de Sololá a la Ruta Interamericana, y que se depure a varios funcionarios locales de la Policía Nacional Civil y de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán.
El dirigente afirmó que han escuchado con paciencia los argumentos de las autoridades gubernamentales para no cumplir con sus peticiones, pero que la población ya está cansada de esperar que les cumplan las promesas.
DESCARTAN BENEFICIO
Sectores académicos, campesinos y ambientales han manifestado su rechazo a la Ley de Vegetales, por considerar que atenta contra la soberanía alimentaria del país y porque entra en conflicto con otras legislaciones.
Marco Vinicio Cerezo, presidente de la Asociación Nacional de las oenegés de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, indicó que la normativa plantea la privatización de los recursos genéticos del país, lo cual deja a los agricultores en situación vulnerable ante la especulación de precios, escasez y posible crisis alimentaria.
Lauriano Figueroa, decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos, en su intervención afirmó que la ley es incomprensible,incluso para los técnicos; además, criticó el hecho de que “nunca se pidió opinión a la academia para su creación”.
Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina, aseguró que esa Ley puede producir más conflictividad social en el país, a causa de la imposibilidad de acceder a alimentos”.
NORMA POLÉMICA -Ley enfrenta rechazo de diversos sectores-
El decreto 19-2014, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, se aprobó el 10 de julio recién pasado en el Congreso, con el voto de 82 diputados y el rechazo de 17. A la sesión no acudieron 59 legisladores.
Causó controversia no solo porque se abre la posibilidad de que empresas internacionales protejan material vegetal nacional con mucha ventaja sobre la mayoría de agricultores, sino porque también en el artículo 46 se aprobó una ampliación presupuestaria por Q550 millones para el Ministerio de Comunicaciones.
Luego de que pasen 10 años de entrada en vigor la normativa cuestionada, según el texto, se señala que se podrá proteger a todos los géneros y especies vegetales.
COMENTARIO
“Se pide una movilización masiva para que la autoridad haga su trabajo”. Alberto Chumil, alcalde indígena de Sololá.
