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Contratación de familiares en área de salud de Sololá provoca conflicto y pone en riesgo vacunación y demás servicios

El área de salud de Sololá tenía previsto abrir ocho centros de vacunación para aplicar la vacuna Sputnik V, pero un grupo de trabajadores paralizó la compra de nuevos congeladores.

El SNTSG pide la remoción del director ejecutvio de salud. (Foto Prensa Libre: Twitter diputada Lucrecia Hernández Mack)

El SNTSG pide la remoción del director ejecutvio de salud. (Foto Prensa Libre: Twitter diputada Lucrecia Hernández Mack)

Una auditoría interna del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social detectó que en Sololá hay al menos 72 trabajadores con algún grado de parentesco. El director del área de salud evalúa si es necesario rescindir contratos o reorganizar al personal lo que motivó protestas que han retrasado los procesos de compra en la institución.

Desde el 15 de junio, una decena de trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) mantiene un plantón frente a la Dirección de Área de Salud de Sololá. El director de esta, Wilder Osvely Bautista, denunció que la acción tiene paralizados procesos de compra de congeladores y demás insumos que permitan agilizar el proceso de vacunación en el departamento.

Los salubristas demandan a Salud la destitución de Bautista luego de que este solicitó una auditoría para determinar si en las dependencias del Área de Salud de Sololá había trabajadores contratados con algún grado parentesco que pudiera ser ilegal.

La unidad de auditoría interna del Ministerio evaluó al 62 por ciento del personal del departamento, un total de mil 352 trabajadores, y el resultado fue que al menos 72 personas tenían una relación de hermanos, esposos, convivientes, sobrinos, primos o hijos.

La auditoría establece que en los últimos años ha habido una falta de control y supervisión de las autoridades de Salud del departamento por no contar con políticas que eviten contratar “recurso humano con grados de afinidad y/o vínculos de parentesco”.

Además, hace referencia a la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados públicos, que en su artículo 17, literal d, indica que la contratación de “esposa e hijos como subalternos”, así como aprovecharse del cargo para beneficios personales o de familiares, implica responsabilidades administrativas.

Por lo anterior la auditoría interna del Ministerio recomienda al director ejecutivo del Área de Salud de Sololá que con el jefe de personal evalúe si la contratación de familiares en Sololá está afectando la prestación de servicios de salud. Y de ser necesario, que se analice el traslado de las personas a otras áreas o se rescindan contratos.

Riesgos

El director del Área comentó que, derivado del plantón, se han paralizado los procesos de compra. Denunció que muchos trabajadores sí querían presentarse a labores, pero eran amedrentados por sus compañeros que participan en la protesta cada vez que acudían a las instalaciones. Por ese motivo les recomendó que hicieran teletrabajo.

El funcionario comentó que en el departamento hay 22 centros de vacunación, pero solo en dos tienen el equipo necesario para almacenar la vacuna Sputnik V. Con miras a que la próxima semana podrían venir más de estas dosis, se propusieron adquirir congeladores y demás insumos que permitieran resguardar la vacuna rusa. Sin embargo, parte del personal de compras que participa en el plantón no agilizó las adquisiciones, lamentó Bautista.

“Esperábamos la siguiente semana abrir ocho centros nuevos, para tener un total de diez que aplicaran la vacuna Sputnik. Pero necesitábamos comprar congeladores, porque esta vacuna se almacena a temperaturas de menos 15 y menos 20 grados. También termómetros especiales y hielo seco, pero el gerente y encargado de compras no lo hicieron (gestionar las compras)”, denunció el director.

Otra de sus preocupaciones es que hasta el viernes tenían vales de combustible por Q1 mil 200 y, diariamente, en todo el departamento gastan entre Q700 y Q1 mil lo que implica un riesgo de desabastecimiento. Esto podría afectar la distribución de vacunas a los distintos centros, así como el funcionamiento de ambulancias y el envío de pruebas de covid-19 a la ciudad capital para ser procesadas.

Por último, el director recordó que hay un amparo que dictó la Corte de Constitucionalidad en 2018 que ordena al sindicato de abstenerse de realizar bloqueos, cierres, toma de instalaciones y paralización de actividades operativas y administrativas de los servicios de salud, lo cual, a su criterio, se ha desobedecido. Por esta razón acudirá a la Corte el martes para hacer ver la situación.

Niegan señalamientos

Cristian González, secretario de conflictos de la filial departamental del SNTSG, dijo que una de sus inconformidades es que el director del Área de Salud no ha cumplido con la instrucción de la auditoría interna de evaluar si la contratación de familiares afecta la prestación de servicios. A su criterio, este análisis es necesario ya que muchos trabajadores están ubicados en distintos distritos, por lo que no tendría que ser nocivo.

“El director no realizó ese análisis, sino arbitrariamente decidió cambiar compañeros de un distrito  a otro, afectándolos económicamente”, dijo González.

Comentó que demandan la destitución del director ya que ha dado malos tratos a los trabajadores. Además, la ejecución del Área de Salud en Sololá apenas es del 39 por ciento, cuando a estas alturas debiera ser mayor, cuestionó.

Por último, aseguró que el plantón es pacífico y negó que los manifestantes estuvieran profiriendo amenazas contra el resto de los trabajadores. “A los compañeros se les ha dicho que hagan teletrabajo y ellos están coordinando actividades. En los centros de vacunación se sigue vacunando”, dijo González.

Ovidio Paz, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), dijo que durante los próximos días promoverán el diálogo entre las partes involucradas para que los procesos administrativos se puedan acelerar y no se afecten los servicios de salud.

El plantón de trabajadores también fue denunciado por la diputada Lucrecia Hernández Mack, quien dijo que se están entorpeciendo la prestación de los servicios de salud.

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