Los pilotos entregaron cartas a la Presidencia para pedir una audiencia con Alejandro Giammattei y exponer los puntos por los que se oponen a la norma.
Juan Pablo González, representante de las asociaciones, dijo que el reglamento viola derechos constitucionales de igualdad, vida y propiedad porque ese gremio no da servicio de transporte público sino de personas.
Expuso que la seguridad vial implica a todos los ciudadanos que hacen uso de la vía pública y no solo debe atenderse a los terceros afectados.
Según las asociaciones de taxis, un 70% de esos vehículos son piratas.
Seguro es cuestión de ley
Según Christian Nölk Rodríguez, presidente de la Asociación Guatemalteca de Seguros (Agis), la Ley de Tránsito establece que todos los vehículos deben contar con al menos un seguro de responsabilidad civil y el acuerdo 17-2020 especifica la obligatoriedad del seguro para vehículos de tipo comercial.
Consideró que la sociedad guatemalteca debe avanzar hacia la responsabilidad mediante instrumentos como los seguros que ayudarán a estar preparado ante accidentes. Subrayó que los percances viales pueden ocasionar lesiones en personas que pueden ocasionar costos de curación y privarle de la generación de ingresos, lo que tiene un impacto en las familias. El aparato estatal también se ve impactado porque tiene que atender a heridos, cuando los seguros podrían ayudar a que centros privados puedan asumir esa parte.
La actividad aseguradora en Guatemala con respecto al PIB es de 1.7% cuando en Latinoamérica es de 2.9%. En 2020 se estimaba que más de 414 mil vehículos comerciales debían adquirir el seguro de responsabilidad terceros y solo el 10 por ciento del parque vehicular en Guatemala contaba con seguro.
Vigencia en breve
Según Agis, el reglamento entrará en vigor el 20 de febrero próximo.
Así, transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga deberán contar y mantener vigente un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes para indemnizar muerte, lesiones y daños y perjuicios a las personas que sufran un accidente vial.
También deberá cubrir daños al ambiente o a la propiedad privada.
El reglamento crea una tabla que define las unidades de indemnización -equivalentes al salario mínimo mensual para actividades agrícolas vigente-, según los daños ocasionados.
