“Si a partir de la fecha en que entró en vigencia el acuerdo hacen un cobro sobre el tema de graduaciones buscamos que se devuelva el dinero”, mencionó Vásquez, quien recalca que están prohibidos los cobros, no así los actos relacionados con el cierre del ciclo lectivo o promoción de grado, punto que reafima el viceministro de Educación, Héctor Canto.
Son las Direcciones Departamentales las encargadas de dar seguimiento a cada caso. Si el pago se hizo previo a la emisión del acuerdo, “no habría ninguna obligacion de devolverlo, por la no retroactividad de la ley, pero si las denuncia surge de acciones que se estén haciendo después de la emisión del acuerdo habría que ver qué procede”, agregó el funcionario.
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En el primer caso, la Diaco trabaja en la conciliación, y supervisa que no se efectúen cobros a los padres de familia en concepto de graduación, manifestó Vásquez, y agregó que se han supervisado unos 500 establecimientos y la medida se reforzará a partir de noviembre, cuando muchos centros educativos privados comienzan el proceso de inscripción y se hacen los primeros cobros por clausuras y graduaciones.
Debido a la normativa, algunos centros educativos privados han optado por cancelar las actividades de graduación; sin embargo, esa no es la intención del acuerdo, mencionó Canto.
“Lo que nos obliga este acuerdo es a cambiar el enfoque de lo que es un acto de graduación, probablemente en el imaginario colectivo es que debe hacerse en un hotel lujoso, debe hacerse con toga, con todo lo demás. Un acto de clausura puede hacerse en el lugar del establecimiento con los recursos propios que tienen los establecimientos, eso es importante que lo consideren”, expresó Canto, para que los padres no incurran en gastos.
Inconformes
El artículo 1 del acuerdo indica: “Se prohíbe expresamente a los centros educativos públicos, privados y por cooperativa o de cualquier naturaleza, realizar cobros destinados a sufragar, gastos de clausura del ciclo, promoción de grado o nivel educativo…”
Tomando como base lo anterior, el Círculo de Empresarios de la Educación de Guatemala, por medio de su presidente Felipe Miguel Aramis Bustista González, pidió al Ministerio de Educación (Mineduc) la nulidad del acuerdo, pues argumenta que la personalidad jurídica no está en los establecimientos sino en los directores de los mismos.
Canto señaló no tener conocimiento sobre dicha acción; sin embargo, la cartera seguirá el debido proceso y hará las aclaraciones que fueran necesarias.
La semana pasada, al Mineduc también se acercaron representante de la Cámara de Educación para plantear sus inquietudes con relación al acuerdo, mismas que serán respondidas la próxima semana, según el funcionario.
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