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Para su tranquilidad, el diagnóstico de ambos test fue negativo, pero desembolsó Q400 por cada uno. El resultado lo obtuvo al día siguiente.
A finales de junio cuando esto ocurrió, los hospitales públicos estaban desbordados y el sistema de salud pública no tenía pruebas suficientes para hacerlas a todo aquel que llegaba con sospechas de la enfermedad; además, optar por un hospital público no solo era aguardar por horas sin la certeza de que le practicaran el hisopado, sino incluso semanas, si conseguía que le hicieran la prueba.
En esos días, la prueba utilizada en los servicios públicos era la PCR (Reacción en cadena de la Polimerasa) -es más precisas y a menudo no necesita repetirse ante un resultado negativo-, pero eran escasas. Su precio en los laboratorios privados rondaba entre Q3 mil 200 y Q4 mil, lo que para el bolsillo de Pablo era una opción costosa.
Fue hasta mediados de junio que el Ministerio de Salud dijo que utilizaría las de antígeno para “masificar” las pruebas y detectar más casos, y semanas más tarde se anunció la adquisición de 120 mil test para ser utilizadas en los servicios de la red pública.
Desde que comenzó la pandemia hasta julio, la mayoría de los casos positivos fueron detectados con las pruebas de antígeno y en un alto porcentaje fueron procesadas en laboratorios privados.
Según reporte del Ministerio de Salud, en ese período se realizaron 159 mil 230 pruebas para identificar un total de 51 mil casos positivos de covid-19. Cinco de cada diez de esos test fueron de antígeno; tres, de PCR, y en dos, no se especifica el tipo de prueba utilizada.
En total se hicieron 82 mil 596 test de antígeno, que ayudaron a diagnosticar a 26 mil 387 personas con el virus.
De estos, el 15 por ciento se hizo en instituciones públicas; 27.6 por ciento, en el Instituto Guatemala de Seguridad Social (IGSS), y 0.4 por ciento, por el Ejército de Guatemala.
Mientras que el 57 por ciento fue hecho por instituciones privadas, lo que representa un total de 47 mil 52 pruebas, de acuerdo con información proporcionada por el Sistema de Información Gerencial de Salud (Sigsa) del Ministerio de Salud.
Conforme estos datos, Adrián Chávez, exviceministro de Salud, menciona que la brecha de pruebas para diagnosticar el covid-19 en el país se está reduciendo a expensas de los test de antígeno, pero estos tienen una sensibilidad limitada que incrementa el riesgo de “falsos negativos”, por lo que es necesario realizar un hisopado confirmatorio de PCR.
En términos epidemiológicos, el especialista señala que es preocupante que el 52 por ciento de estas se realicen en el sector privado, porque ante un resultado negativo es probable que no se haga la prueba confirmatoria por el costo elevado de las mismas. Si el paciente no puede pagarla, podría irse confiado “con un diagnóstico falso” a contagiar a otros. Además, tampoco hay certeza de que estos laboratorios notifiquen todos los casos al Ministerio de Salud y esto podría causar un subregistro y comprometer el seguimiento de posibles contactos.
Si por cada test de antígeno los guatemaltecos pagaron un precio aproximado de Q400 -hay sitios donde el costo es más elevado- entonces, desembolsaron Q18 millones 820 mil 800 para hacerse el hisopado y saber si estaban contagiados o no con covid-19.
“La mayoría de las pruebas las está haciendo el sector privado, eso quiere decir que el sector con menos recursos económicos tiene menos probabilidad de ser diagnosticado con covid-19 y, según otros países como Estados Unidos, es la gente con menos recursos la que tiene mayor riesgo y por lo tanto se enferman más de covid”, menciona el epidemiólogo Kevin Martínez Folgar.
Chávez agrega que al Ministerio de Salud se le asignaron recursos para la compra de pruebas, sin embargo, son los guatemaltecos quienes están pagando con dinero de su bolsillo para hacerse una.
“A pesar de que hay dinero el gobierno está reproduciendo las barreras de acceso económico que tradicionalmente impone. En un contexto en el que el 80 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza, muchos sacrificarán el pan diario por hacerse la prueba y otros decidirán no hacérsela, comprometiendo su salud y la de sus contactos cercanos. Todo esto obliga a la ciudadanía a ser más acuciosa con el uso de los recursos públicos y a preguntar con fuerza ¿dónde está el dinero?”, dice el exviceministro.
Dado a que no todos tienen dinero para hacerse el test de covid-19, refiere que a estas alturas el país ya habría superado los cien mil contagios y no estar enterado de ello.
Fue hasta el 9 de junio que la cartera de Salud autorizó a los laboratorios privados realizar pruebas de antígeno, y a partir de esa fecha, poco a poco, se han sumado laboratorios fuera de la red pública que hacen el diagnóstico. Hasta el 17 de septiembre eran 134, y cerca de la mitad (47%) se ubica en el departamento de Guatemala.
Con recursos
Por medio del decreto 20-2020 el Ministerio de Salud recibió Q370 millones de ampliación presupuestaria para la adquisición de equipo de protección personal, así como de pruebas para diagnosticar los casos de covid-19.
El tablero del Ministerio de Finanzas Publicas refiere que la ejecución en este rubro hasta el pasado jueves correspondía al 25 por ciento.
En julio, Salud adquirió 120 mil test de antígeno, y a comienzos de este mes adjudicó otro evento por otras 120 mil, según consta en el portal Guatecompras, con lo que se espera que los test estén más al alcance de la población.
Carissa F. Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha dicho que “las pruebas deberían ser gratuitas para los pacientes. Los precios altos crean una barrera entre el paciente y el tratamiento que necesita de manera desesperada. Necesitamos expandir el acceso para que todo aquel que necesita una pueda acceder a ella”.
El médico José Ortiz, quien encabeza el Observatorio Covid-19, señala que al no tener la población la facilidad para hacerse una prueba, en un servicio público o privado, lo que ocurrirá es que la enfermedad continuará diseminándose, más ahora que “las medidas por parte del Gobierno se han relajado, lo que aumenta el riesgo de una segunda oleada (de contagios) quizá similar a la primera”.
Más pruebas
Desde el comienzo de la pandemia se ha cuestionado la capacidad del Ministerio de Salud para diagnosticar los casos de covid-19, y el número de pruebas que el país necesita no se ha realizado. Criterios médicos señalan que el número mínimo de test diarios debe ser de cinco mil, es por ello que para alcanzar esa meta se recurre a las de antígeno.
“A menos que se aumente de manera significativa el número de pruebas, no tendremos certeza de la cantidad real de casos” que hay en el país, indica Folgar.
El Ministerio de Salud celebró el pasado 30 de julio que por primera vez se había llegado a las cinco mil pruebas, sin embargo, el tablero de la situación de covid-19 en Guatemala tiene otro dato, en esa fecha reporta cuatro mil 222.
El día que se ha estado más cerca de practicar las cinco mil pruebas diarias fue el 24 de agosto, cuando se reportaron cuatro mil 582.
La cantidad de tamizajes diarios ha fluctuado desde entonces. En lo que va de septiembre no se ha superado los tres mil 500 test, y los fines de semana se reportan menos. El sábado 6 de septiembre pasado fueron mil 32 pruebas, mientras que el domingo 7, 606.
El registro de tamizados que da el Ministerio de Salud no corresponde precisamente al día en que se realizaron los hisopados. Estos pudieron haberse hecho días o semanas atrás.
Un análisis del Laboratorio de Datos señala que a principios de julio hubo una presa de 20 mil test acumulados, sin resultados, esto fue evidente porque a partir del 3 de dicho mes se hacían más pruebas que la cantidad de resultados emitidos, luego se comenzó a realizar menos hisopados con el fin de disminuir la presa pendiente.
Como una medida para desfogar la carga sobre el Laboratorio Nacional, el Ministerio de Salud comenzó a descentralizar el diagnóstico de casos. El 23 de junio se sumó a dicha labor el Laboratorio de Referencia Regional de Sanidad Animal (LARRSA) de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
En un reporte se evidencia que hasta el 19 de agosto el LARRSA procesó seis mil 730 muestras. Ese laboratorio recibió a diario un promedio de 200 muestras, del 23 de junio al 31 de julio. Sin embargo, la cifra bajó a 45 al día, del 1 al 19 de agosto. El periodo de entrega de resultados es de siete días, y recibe muestras de Guatemala, El Progreso, Huehuetenango, Sacatepéquez, Quiche, Baja Verapaz, Izabal, Escuintla, Zacapa y San Marcos.
