Los expulsados son cuatro estadounidenses identificados como Dan Gaven Evans, Merilee Pamela Nyland, Alecia Renee Ott y Seth Ray Bearden.
La resolución con el número DGM-SCM-009-2017, fue firmada por el subdirector de la Subdirección de Control Migratorio.
El “Barco abortista” de la oenege holandesa atracó en Puerto Quetzal, Escuintla, el miércoles último, como parte de una campaña que comenzaron en América para reivindicar la interrupción del embarazo.
De acuerdo con el vocero de Migración, Ardani Sical, la expulsión fue por que las personas declararon ser turistas y no como “una organización de salud”, además de la práctica de abortos que es prohibida en el país.
La salida de los extranjeros debe ser en las próximas horas hasta aguas internacionales. Si los estadounidenses intentan regresas, será la Marina del Ejército la que se encargue de evitarlo e incurrirían en un delito.
La controversia por el arribo del navío, que puede proporcionar a las mujeres abortos médicos gratuitos hasta con 10 semanas de embarazo en aguas internacionales, se hizo notar en las redes sociales, en la postura del Ejército -que anunció impedirá la misión- y en las denuncias en su contra, al menos cuatro.
La organización asegura que todo es legal, que por ahora solo se ha brindado información y que en caso de que una mujer desee abortar se haría en aguas internacionales, con un método “legal y seguro”, a 12 millas de la costa, fuera del territorio guatemalteco.
El Ejército de Guatemala ya había indicado que “no permitirá que se efectúen estas actividades” y añadió que, bajo las órdenes del presidente del país y comandante del Ejército, Jimmy Morales, las autoridades están vigilando el proceso para que no se incurra en ningún ilícito.
Una patrulla del Ejército escoltará al yate hasta aguas internacionales para constatar que abandona las guatemaltecas.
A menos de que la vida de la madre esté en riesgo, el aborto está prohibido por ley en Guatemala, en tanto Morales está a favor de proteger “el derecho a la vida” de los niños desde su concepción.
En este contexto, se calcula que cada año se producen 65 mil abortos ilegales e inseguros en Guatemala y anualmente unas 21 mil 600 mujeres son hospitalizadas con complicaciones por los abortos ilegales, la tercera causa de muerte materna en el país.
La Corte de Constitucionalidad (CC) pidió hoy al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para proteger “la vida de las personas”, después de que el “barco abortista” atracara el miércoles pasado en el pacífico.
La secretaria adjunta de la Corte, Margarita Monzón, explicó que esta decisión, adoptada por el pleno de magistrados, responde a un amparo provisional otorgado a favor del abogado Edgar Stuardo Ralón Orellana, que denunció la inanición de las autoridades para hacer cumplir la ley, pues el aborto es ilegal en el país.
Denuncias detención
“Tenemos todos los permisos necesarios para entrar, quedarnos y navegar en aguas de Guatemala. La detención del barco abortista es una violación”, aseguró la oenege en un comunicado.
Además difundieron una copia de los permisos y ha exigido la liberación del buque. El Ejército de Guatemala anunció que impedirá la misión porque no cumple con la “legalidad vigente” en el país.
Según Women on Waves, la Marina bloqueó el acceso a la nave antes de una conferencia de prensa prevista en el Puerto de San José.
La ONG pretendía quedarse cinco días en Guatemala, ofreciendo asesoramiento, tratamiento y cuidado a las mujeres, pero la polémica desatada y la detención del barco les impide saber si podrán cumplir su objetivo.
Según la página web de la organización, hay seis mujeres a bordo del barco que trabajan para la entidad y solo una de ellas es de nacionalidad holandesa.
Guatemala es el primer destino de este barco abortista, que partió desde el puerto deportivo de la ciudad marroquí de Smir para iniciar su campaña en el continente americano.
