La resistencia de grupos ambientalistas y sociales al proyecto comenzó con el anuncio de la obra. La oposición llegó a tal grado de violencia que el Ejecutivo decretó estado de Sitio en esa área, en mayo.
Por la vía jurídica también existe oposición, y para el próximo 5 de noviembre está programada una vista pública donde la Corte de Constitucionalidad (CC) conocerá una acción para anular la licencia extendida por el Ministerio de Energía y Minas a la minera.
Posturas distintas
Para los representantes de la empresa no existe ningún impedimento legal ni conflicto social para comenzar la explotación de un yacimiento que contiene más de 367 millones de onzas de plata.
Según Andrés Dávila, coordinador de Comunicación Corporativa de Minera San Rafael, nunca se ha dejado de trabajar en la planta, pese a los conflictos sociales registrados.
“Estamos en la fase de construcción. Toda la infraestructura e interior, túneles, acceso a la mina subterránea y la planta de superficie, para cuando se saque el mineral”, explicó Dávila.
Aseguró que a finales de este mes o inicio de noviembre se comenzará con la explotación.
El coordinador agregó: “Se ha invitado a líderes comunitarios al proyecto y los hemos llevado. Son más de cuatro mil personas que han visitado la obra. Reconocemos que es gente de afuera que ha llegado, son grupos de afuera que han generado el conflicto”.
Lo anterior contrasta con la posición del dirigente del Comité para la Defensa de la Paz y la Vida de San Rafael Las Flores, Danilo Zuleta, para quien el rechazo a la minería en el área es generalizado.
“La licencia social no ha sido otorgada, se mantiene la oposición, mantenemos una resistencia pacífica y permanente ante la imposición de este proyecto, que al final solo extrae los recursos y dejará altos grados de contaminación ambiental”, explicó.
Según Zuleta, las protestas públicas han disminuido porque existe un clima de represión, legado del estado de Sitio impuesto en el área. Sin embargo, considera que con el inicio de la explotación del mineral se reactivará la oposición.
Ruta legal
En julio de este año, la Sala Primera del Ramo Civil y Mercantil amparó a Quelvin Jiménez, integrante del Parlamento Xinca, y suspendió la licencia de explotación de Mina San Rafael.
El fallo fue impugnado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), por lo cual en la primera semana de noviembre la CC escuchará a las partes en vista pública, para después resolver si anula el amparo o lo confirma.
Jiménez considera que la acción legal, aunque no esté en firme, suspende la licencia, y con ello evita que la empresa continúe sus operaciones, y si iniciara con la fase de explotación, sería en forma ilegal.
El MEM señaló en un comunicado que la sentencia “no deja sin efecto la licencia otorgada a la empresa Minera San Rafael, denominada Escobal, puesto que no existe pronunciamiento en ese sentido”, en relación al citado amparo.
Yuri Mellini, director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social, coincide con Jiménez y aseguró que la empresa opera en forma ilegal.
Dávila dijo que tienen convenios firmados con 26 comunidades del municipio y que operan apegados a la ley.
Protestas han sido violentas
El Escobal se ubica en San Rafael Las Flores, Santa Rosa y Mataquescuintla, Jalapa.
Minera San Rafael es subsidiaria de Tahoe Resource, de Canadá, fundada en el 2010.
En el 2011 se comenzó la fase de construcción de la planta, que se proyecta explote hasta 20 millones de onzas de plata por año.
La fase de explotación se calcula que dure 19 años, y la licencia fue extendida por un plazo de 25 años.
La resistencia al proyecto comenzó desde que se inició la construcción de la planta en San Rafael Las Flores.
El conflicto creció hasta las comunidades en las montañas de Mataquescuintla, áreas adyacentes al proyecto minero.
En septiembre del 2012 un disturbio dejó tres heridos, todos pobladores de San Rafael.
El pico del conflicto se registró el 1 de mayo de este año, con la muerte de un agente de la Policía y disturbios en Jalapa y Santa Rosa.
El Gobierno decretó estado de Sitio en Santa María Xalapán y San Rafael Las Flores.
Existen convenios
Andrés Dávila, de Minera San Rafael, aseguró que existen 26 convenios firmados con los municipios cercanos al proyecto, y para explicar la seguridad y beneficios del proyecto han invitado a más de cuatro mil vecinos de las cercanías.
Daños al ambiente
Según Quelvin Jiménez, desde la presencia de la empresa en el área se han secado seis nacimientos de agua en la aldea Los Planes, lo cual ha incrementado la resistencia de la población porque la mina está acabando con los recursos del área.
Licencia social
La licencia social no la tienen, aseguró Danilo Zuleta, de San Rafael Las Flores, y lo atribuye a que la empresa ha criminalizado y perseguido a los dirigentes de los grupos en oposición y el rechazo se ha manifestado a través de consultas comunitarias de buena fe.
