Fiscalía investigará soborno

El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala anunciaron el pasado 20 de mayo que investigarán a una empresa contratada por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para dar tratamiento de hemodiálisis a enfermos renales afiliados.

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El caso se detectó por la investigación contra Pisa, que habría pagado por contrato de diálisis peritoneal.
El caso se detectó por la investigación contra Pisa, que habría pagado por contrato de diálisis peritoneal.

Según las investigaciones preliminares, en el concurso con número de operación Guatecompras NOG 3616088 participó Herbert García-Granados —capturado por el caso Pisa—, a través de la empresa Ortosa, la cual habría ofrecido un pago a directivos del IGSS a cambio de ser beneficiada.

Se estableció que, pese a ese acuerdo, Ortosa no fue adjudicada porque otra firma, cuyo nombre no ha sido revelado, habría pagado Q8 millones —un soborno mayor— para lograr el contrato.

Según Guatecompras, el concurso fue adjudicado a las empresas Medicina Corporativa, S. A., por Q119.4 millones, y Medicina Corporativa de Diálisis, S. A. (que brinda servicios con productos Baxter), por Q43 millones.

Medicina Corporativa, S.A. (la primera citada) es la empresa que Pisa subcontrató para prestar el servicio de diálisis peritoneal en el IGSS, caso por el cual están detenidas 17 personas, entre ellas el presidente de la Junta Directiva del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, y Julio Roberto Suárez, presidente del Banco de Guatemala y vicepresidente del IGSS, quienes hoy rendirán su primera declaración.

No adjudicado

En Guatecompras, Ortosa figura como uno de cinco nombres comerciales con que se identifica la empresa de Manuel Antonio Salazar Vásquez, quien ayer se presentó a Prensa Libre para pedir una aclaración porque dicho comercio no fue adjudicado en el contrato mencionado.

Salazar Vásquez entregó una carta en la que niega la adjudicación pero confirma su participación en el concurso.

“Ortosa confirma que sí participó en el evento de licitación de hemodiálisis peritoneal realizado por el mismo instituto —IGSS—, según el NOG 3616088, pero fuimos descalificados desde un principio por no cumplir con los requisitos fundamentales de las bases de licitación”, dice parte de la carta de aclaración.

Al ser consultado sobre su relación con García-Granados y el soborno que se habría ofrecido, Salazar Vásquez refirió que no daría declaraciones hasta ser citado por el Ministerio Público para profundizar en el caso, y que antes de emitir un pronunciamiento consultaría a sus abogados.

El vínculo

García-Granados es sindicado de ser uno de los operadores en el contrato entre el IGSS y Pisa. Se supone que fue quien recibió la comisión de la empresa y después la entregó a la Junta Directiva del IGSS, para la adjudicación.

Los hechos

El miércoles recién pasado, el fiscal Juan Francisco Sandoval informó sobre el nuevo contrato en el que se involucra a García-Granados.

La imputación revela que el sindicado “aprovecha el conocimiento y los contactos que tiene dentro del Seguro Social y oferta para el nuevo evento”.

Para ello intenta crear una sociedad anónima, pero por falta de tiempo contacta a Ortosa, “que utilizará de fachada para participar en ese proceso de licitación”.

El fiscal explicó que el señalado también “adquiere la experiencia de Pisa de Guatemala, a través de Ramiro Lorenzana —director general y también capturado—, quien le proporciona el espacio físico para elaborar la oferta”.

Además se indica que García-Granados “tiene seguro que se le adjudicará el evento y hace la promesa de que Pisa brindará los suministros necesarios para prestar el servicio de hemodiálisis”.

Se indica que hay escuchas telefónicas que revelan que “realizaron ofrecimientos económicos e incluso entregas de dinero” a personal del IGSS.