Según el representante de la AEAU, Luis Gómez, aunque en diciembre pasado licitaron la seguridad para este año, debieron rescindir por falta fondos. El concurso público comprendía 12 meses, a un costo de Q96 millones.
En el evento participó Seguridad y Protección Total, Investigaciones y Seguridad Profesional y Protección Total —adjudicada—.
El concurso estuvo abierto por 30 minutos, y las ofertas fueron recibidas únicamente en papel. El evento fue publicado el 15 de diciembre del 2014 y las ofertas las recibieron el 2 del mismo mes, de 11 a 11.30 horas.
En el portal de Guatecompras se detalla que la contratación era por “dos mil agentes, para dar seguridad privada a los prestadores del servicio de transporte urbano”.
La empresa favorecida recibió de la junta calificadora 91 puntos por su experiencia en seguridad de instalaciones, reacción de botones de pánico, monitoreo de videovigilancia y vehículos adecuados.
El acta de adjudicación final indica que los agentes contratados para la vigilancia, monitoreo y protección deben tener un salario mensual de Q4 mil, en tanto el contrato firmado es por Q96 millones para 12 meses.
No cumple requisitos
Registros del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) muestran que la empresa Protección Total, con sede en la avenida Hincapié 29-75, zona 13, paga mensualmente un promedio de Q2 millones 286 mil 975 por mil 78 agentes contratados, con sueldos variables menores de Q3 mil. Esa cantidad no cumple con los requisitos para ser la beneficiada por AEAU, que especifica Q2 mil.
El contrato establece que los guardias deben custodiar las paradas de buses, terminales, predios y oficinas administrativas de las empresas.
Sin recibir aporte
Luis Gómez, miembro de la Asociación, aseguró que han acumulado 27 meses sin subsidio.
Del 2011 les adeudan dos meses; del 2012, seis meses; en el 2013 no recibieron lo correspondiente a cinco meses; y del 2015 solo han recibido enero.
“Tuvimos que prescindir de toda la seguridad y quedarnos con grandes deudas”, explicó.
Gómez agregó: “Los carros están parados, ya no se puede invertir. Que nos ajusten las tarifas de pasaje o nos vamos a tener que detener”.
La favorecida
Los registros de Guatecompras demuestran que en el 2010, cuando comenzó Transurbano, la seguridad fue responsabilidad de la empresa Protección Metropolitana.
Del 2011 a la fecha, la encargada ha sido Protección Total, que se ha beneficiado con al menos Q320 millones por parte de la Asociación.
El primer año le erogaron Q48 millones para seis meses de seguridad, con opción a ampliación del servicio.
En los siguientes dos períodos fiscales ganó la licitación, y recibió Q56 millones cada año. Para el 2015 le adjudicaron un contrato por Q96 millones para 12 meses.
Piden investigar
Édgar Guerra, defensor del usuario del transporte público, de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), afirmó que la anomalía de seguridad para el transporte se ha dado desde el comienzo, producto de la discrecionalidad del subsidio para la compensación en la variación del precio del diésel y para la contratación de policías.
Manifestó que en algunas verificaciones determinaron que no había más de 200 agentes.
“Debe ser investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, dijo.
El defensor de la PDH considera que también es necesario investigar a funcionarios de gobierno anteriores.
El proyecto
En julio del 2010 fue implementado el servicio de Transurbano al sur de la capital de Guatemala. Un innovador sistema de transporte público con paradas específicas, cámaras de videovigilancia, cobro prepago y dos mil agentes de seguridad privada.
Cinco años después, las estaciones están destruidas, las cámaras funcionan de manera parcial, hay denuncias de aumento en el cobro del pasaje y no se cuenta con agentes de seguridad.
Fue un convenio entre el gobierno de Álvaro Colom y la AEAU, a la que se asignó un subsidio anual de Q267 millones.
La oferta fueron tres mil 500 buses, de los cuales solo operan 455; además, en bodegas se deterioran insumos adquiridos por Q102 millones.
La PDH ha hecho evaluaciones de los servicios que se brindan como parte del Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (SIGA). En un primer informe, esa instancia indicó que se había cumplido con 80 por ciento de los servicios.
Entre los aspectos evaluados está que en las fases I, II y III —eje Mixco— hubo retraso en el inicio de las operaciones y no existen los autobuses ofrecidos.
De los aspectos que han empeorado del 2013 a este año se cuenta la carencia de iluminación en las paradas, sobrecarga de pasajeros y falta de limpieza de las unidades.
Aparte, la Procuraduría detectó incumplimiento de las leyes laborales y la manipulación de los validadores para cobrar el pasaje.
A los anteriores señalamientos se agregan los de la entidad Acción Ciudadana (AC), que denunció la falta de cumplimiento de las rutas programadas.
En la página de internet de SIGA se indica que la primera fase es para las zonas 12 y 21 —la única concluida—; la segunda, que va al Atlántico, cubre parcialmente la zona 18.
En otras áreas están las paradas, pero se deterioran por falta de cobertura.
Según AC, en el 2013 una revista alemana señaló la sobrevaloración en la compra de los autobuses.
“La empresa Transurbano pagó unos US$126 mil por buses normales y US$275 mil por los articulados, un cuarto más del precio normal del mercado. Por esas irregularidades se detuvo la compra en el 2012”, indicaba el artículo que se suma a las publicaciones internas sobre anomalías.
