Mantenimiento obligatorio: reglamento propone control periódico de buses
Gobierno y transportistas llegan a acuerdo y envían propuesta a la PGN para no retirar buses con más de 25 años, cuyo número crece cada año.
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Bus extraurbano que se accidentó en la zona 16 y causó la muerte de 54 personas. (Foto Prensa Libre: hemeroteca PL)
Para regular el tiempo de uso de los buses de transporte de pasajeros, el ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) envió a la Procuraduría General de la Nación (PGN) una propuesta que se apega a la ley vigente de transporte y en la que deja en responsabilidad del porteador, el representante legal o el propietario del vehículo, garantizar que las unidades estén en condiciones adecuadas para circular.
Luego del accidente ocurrido en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala, en el que un autobús cayó a un barranco y provocó la muerte de 54 personas, el presidente Bernardo Arévalo anunció públicamente su intención de reformar el reglamento de transporte o, incluso, de crear uno nuevo. Como parte de esos cambios, el gobierno trató de que se cumpliera con un seguro obligatorio para daños a terceros. Sin embargo, la normativa fue rechazada por una mayoría de la población.
Al respecto, el viceministro de Transporte, Fernando Suriano, explicó que se desarrollan varias acciones en seguimiento y en concordancia con ese compromiso presidencial, entre ellas la reforma al reglamento que establece el límite de antigüedad de 25 años para los autobuses del transporte de pasajeros. Estas acciones, según Suriano, se coordinan paralelamente y con participación de diferentes actores, tanto del sector público como privado.
En ese sentido, Suriano aclaró que ya existe un marco jurídico que define claramente las responsabilidades. Estas recaen en el porteador, el representante legal o el propietario del vehículo, quienes deben garantizar que las unidades estén en condiciones adecuadas para circular.
"La antigüedad del vehículo no es el único criterio determinante, ya que pueden haber unidades relativamente nuevas en malas condiciones. Por eso, se está planteando una reforma al reglamento que ya fue consensuada con los tres principales líderes del transporte de personas, quienes, a su vez, deben socializarla con sus agremiados", afirmó.
Añadió que el documento fue enviado recientemente a la PGN para continuar su trámite oficial.
Aclaró que la propuesta actual se apega estrictamente a lo que la ley indica y que las normas para las revisiones ya están contempladas tanto en el reglamento como en la legislación vigente.
Suriano dijio que, de acuerdo con la propuesta, los responsables de los vehículos —porteadores, propietarios o representantes legales— deberán llevar registros detallados y bitácoras de mantenimiento, que demuestren las condiciones adecuadas de las unidades.
Estos registros deberán estar disponibles principalmente para la Dirección General de Transportes, aunque su tenencia corresponde directamente al propietario, según lo establece la ley. El objetivo de esta medida es evitar que el Estado asuma responsabilidades que legalmente no le corresponden, y que cada quien cumpla con su obligación.
Ante la consulta sobre si, al recibir el aval de la Procuraduría General de la Nación los transportistas estarán obligados a presentar pruebas de que sus unidades están en buen estado, Suriano explicó que aún no es adecuado sacar conclusiones hasta que el reglamento se oficialice y se publique.
Consenso
Carlos Vides, presidente de la junta directiva de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), confirmó que la propuesta fue enviada a la PGN y que fue consensuada con dicha institución.
Vides explicó que se trata de una "certificación de funcionalidad de revisión física y mecánica", y recalcó que es obligación del porteador realizar las verificaciones de las condiciones mecánicas y de seguridad de las unidades.
"Se debe llevar una bitácora por cada unidad, en la que se detallen los servicios preventivos y correctivos realizados. La revisión será efectuada por un técnico o profesional en mecánica automotriz, o bien por el taller del porteador autorizado registrado ante la SAT", indicó.
Vides añadió que la Dirección General de Transportes (DGT) establecerá el mecanismo para la presentación de dicho certificado. En cuanto a la propuesta para solicitar ese documento, sostuvo que es "razonable".
"Consideramos que es prudente y brinda seguridad al usuario", puntualizó.
Seguro obligatorio
Acerca de los seguros obligatorios que meses atrás provocaron protestas, Suriano confirmó que ya existe una agenda de trabajo y que, en las últimas semanas, se han llevado a cabo reuniones con los distintos sectores involucrados.
Además, mencionó que habría un nuevo encuentro para dar seguimiento a la ruta de trabajo planteada. Destacó que no se busca consultar únicamente a un grupo reducido, sino a todos los sectores implicados: usuarios, transportistas, aseguradoras, entidades financieras, entre otros.
En el sector público, el funcionario dijo que los principales participantes han sido el Ministerio de Gobernación —ente rector según la ley—, el Ministerio de Comunicaciones, la Secretaría General de la Presidencia, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Finanzas.
El viceministro enfatizó que el reglamento de seguro obligatorio no fue rechazado en su totalidad, sino que encontró resistencia en un sector específico, pero también recibió apoyo de otros grupos, como los transportistas de carga, quienes incluso lo están demandando activamente.
Recordó que el reglamento del seguro obligatorio fue aprobado inicialmente por el expresidente Jimmy Morales, en el 2019, pero fue derogado durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Posteriormente, surgieron nuevos reglamentos que no lograron ser implementados de manera efectiva. Por ello, el actual gobierno se comprometió a trabajar con todos los sectores para construir un reglamento viable que cumpla con lo establecido en la ley de 1997 respecto al seguro obligatorio.
Aunque el viceministro de Transporte afirma que varios sectores participan en las mesas de discusión sobre el seguro, Edgar Guerra, defensor del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, señaló que hubiera sido importante incluirlos para solicitar garantías en diversas acciones y asegurar la participación de todos los interesados.
Umbral de tiempo
Según la DGT, actualmente están registrados 10 mil 563 vehículos. De esa cantidad, 4 mil unidades de transporte colectivo superan los 25 años de antigüedad, límite establecido por la normativa vigente para la circulación de este tipo de autobuses.
Estos buses antiguos, según han recalcado autoridades entrantes y salientes de la DGT, representan un riesgo tanto para los pasajeros como para otros conductores, al ser más propensos a fallas mecánicas y accidentes.
Según los datos de esa entidad, 6 mil 561 autobuses circulan con menos de 25 años de fabricación. Estos representan el 61.11% del total de las unidades. Sin embargo, 403 de esa cantidad alcanzarán ese umbral en el 2026 y otros 374 en el 2027. Las cifras seguirán en ascenso, de acuerdo con los datos estipulados.
Esto significa que cada año se incrementa la cantidad de unidades obsoletas, mientras los transportistas se resisten a renovar sus flotas, al alegar falta de recursos, por lo que el planteamiento enviado a la PGN incluye la propuesta de no retirar las unidades que cumplen 25 años, a cambio de certificar periódicamente que las unidades están en buenas condiciones. Tampoco se ha definido la frecuencia de estas inspecciones.
Corrupción
En su momento, la exdirectora de la DGT, Elizabeth Velásquez, denunció públicamente que prevalecía la corrupción en esa entidad, al afirmar que había autobuses registrados a pesar de tener más de 25 años de fabricación. También indicó que, para que todo trámite avanzara, había personal que solicitaba cuotas que no estaban establecidas en la ley, por lo que también se encontraron varios trámites pendientes de realizar, principalmente de personas que preferían no cancelar.
El 6 de mayo último, el CIV informó que Mynor Estuardo González Henríquez fue nombrado nuevo director general de la DGT, en sustitución de Velásquez.
En una postura que Velásquez concedió a Prensa Libre, indicó que fue removida del cargo a petición propia, debido a problemas de salud. Afirmó que su renuncia no se debió a inconformidades dentro de la institución, por lo que ahora ocupa el cargo de asesora, desde donde coordina acciones para evitar que se cometan actos de corrupción.
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