También Unicef ha venido desarrollando un programa-país, en donde las prioridades en Guatemala están asociadas a las desigualdades, a las inequidades y a las pobrezas. Y lo pongo en plural, que va desde la desnutrición, pasando por los embarazos en adolescentes, hasta la desvinculación de la escuela, especialmente en la educación media de niños, niñas y adolescentes; también la prevención de violencia.

También, sin duda, en el marco de una tristeza profunda  de un evento —incendio en el Hogar Seguro— que realmente nos lleva a una situación no solo de expresar solidaridad, sino también de poner fin a estas situaciones de crueldad sobre la vida de niños, niñas y adolescentes. Eso, sin hacer oportunismo del dolor.

¿Otro objetivo?
Reafirmar la necesidad  de actuar en esta situación de urgencia sobre este colectivo de niños, niñas y adolescentes que estaban alojados en el Hogar Seguro, y especialmente  poniendo énfasis en la situación de los niños con discapacidad… Tiene que seguir un proceso de reintegración familiar  en los casos que sea familia biológica o extensa, y en los casos que no se puedan dar, estén en una institución adecuada.

¿Para qué está Unicef en los países?
Para contribuir a avanzar en políticas, normas, prácticas, culturas sociales e instituciones respetuosas de la convención de los derechos de los niños y un estado garante de estos derechos.

Volvimos a reafirmar nuestra voluntad y compromiso de trabajar incansablemente, no solo para aliviar este dolor, avanzar en el reconocimiento de dignidad y la necesidad de justicia.

Es decir, ninguna situación puede quedar desmemoriada o impune,  pero, sobre todo, apostar a aquello que es imprescindible y que así lo reconocen las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, que vienen trabajando en una reforma integral profunda, seria, responsable, del sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes del país.

El país tiene una deuda con la niñez…

Deuda que no solo tiene Guatemala, hay muchos países en la región. Esta región que tiene más de 150  mil niños y niñas institucionalizados y que podrían no estarlo. No es Guatemala el único país, pero también es Guatemala el que tiene una deuda ética, institucional y social, que el Estado debe promover, que es contar con un sistema de protección integral, sólido, confiable y eficaz.

¿A qué atribuye que Guatemala haya permitido que la niñez, en especial la institucionalizada, se encuentre en esas condiciones?

En derechos humanos y en derechos de niños, niñas y adolescentes la comunidad internacional ha avanzado en la categoría de responsabilidad. Indudablemente son los Estados los responsables de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todos. También es fundamental cumplir con este principio inexcusable de observar y respetar el interés superior del niño.

El Estado tiene una responsabilidad diferencial, tiene un deber de promover y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y contar con un sistema de protección integral, eficaz, consistente, transparente y justo, pero también con un sistema de justicia juvenil que no sea el derecho penal de adultos con pantalones cortos. Ni que tampoco el sistema de justicia juvenil sea un espacio en donde la sanción no esté encaminada para la reintegración plena en la sociedad de esos adolescentes, porque un sistema de justicia juvenil no es para que se pudran en las cárceles, es para que puedan, más pronto que tarde, recuperar una libertad.

¿Cómo ve el trabajo de las autoridades?
En Guatemala se está en reformas legislativas en marcha, están en un trabajo de reglamentar y dotar los presupuestos necesarios, porque una ley sin presupuesto  es como una declaración de amor en el vacío.

Creo en las buenas leyes, presupuestos adecuados y políticas articuladas, coordinadas y eficientes, y esto es algo que también las autoridades con quienes me reuní destacaron que habían tomado nota y lo sabían, que en un estado social de derechos la desarticulación, superposición, no claridad de las competencias, roles y funciones, sin duda, se traduce en políticas que generan vulnerabilidad e incertidumbre y, muchas veces, irresponsabilidad.

Creo que este es un camino, el institucional, y realmente creo que hay conciencia, voluntad y compromiso de avanzar en esto con la sociedad civil muy activa y vibrante que tiene Guatemala.

¿Cómo se puede ver lo ocurrido en el Hogar Seguro?
En el caso de esta situación dolorosa y cruel, yo me resisto a decir que es una oportunidad. No ha sido ninguna oportunidad para cambiar, para pensar, para asumir que deben transformarse prácticas y  normas  institucionales. No es ninguna oportunidad, es una responsabilidad, un imperativo.

¿Es necesario que el país cambie todo el sistema de protección?
No les traigo yo la novedad. Hace años que lo están trabajando, han incrementado y acelerado el ritmo de un trabajo consensuado, pluralista y con la participación de distintos actores de la sociedad civil. Es como con la vida, uno tiene que hacer muchas cosas durante el día, hay cosas que son urgentes, otras que son importantes, otras no tanto y otras que son impostergables y necesarias. Tiene avanzados criterios de reglamentación. Vamos, es el último impulso que ya lo tiene y no es de empezar de cero. El Estado ha expresado en la figura de su presidente que los niños, niñas y adolescentes son una prioridad en la agenda pública, y eso  tiene que hacerse realidad.

¿Cómo percibe la forma en que el Gobierno ha abordado el tema sobre la niñez y adolescencia en el país?
Insisto, ayer, una vez más, escuché del señor presidente —Jimmy Morales— que la políticas de, para, con niños y niñas y adolescentes son una prioridad. Y, a la brevedad, estoy segura de que hay que traducirla en realidad.