El Congreso de la República analiza nuevamente prorrogar —e incluso derogar— la obligación de instalar el Sistema Limitador de Velocidad (SLV) en buses extraurbanos y transporte pesado, una normativa que ha sido aplazada en distintas ocasiones durante la última década.

Mientras el debate legislativo continúa, los accidentes de tránsito siguen cobrando vidas en las carreteras del país. En promedio, siete personas mueren cada día en percances viales, según estadísticas oficiales.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, firmó una nota para que la propuesta sea conocida el lunes 2 de marzo en la instancia de jefes de bloques y pueda incluirse en la sesión plenaria del martes 3.

La intención es aprobar de urgencia nacional una prórroga que aplazaría la entrada en vigor de la obligación hasta el 31 de marzo del 2027. También se plantea exonerar las multas impuestas por no contar con el certificado del sistema, conforme al acuerdo publicado el 23 de enero pasado.

Para que la medida avance se requieren al menos 107 votos.

Además de la prórroga, algunos diputados han abierto la posibilidad de evaluar la derogación definitiva de la norma y construir un nuevo marco legal para regular el transporte de pasajeros y de carga.

Una regulación postergada durante 10 años

La exigencia de instalar limitadores de velocidad no es nueva. Desde hace 10 años se han aprobado ampliaciones de plazo y ajustes normativos que han impedido su aplicación plena.

El objetivo del sistema es limitar electrónica y mecánicamente la velocidad máxima en unidades de 3.5 toneladas en adelante, tanto en buses extraurbanos como en transporte pesado.

Sin embargo, el nivel de cumplimiento continúa siendo bajo, y el sector ha argumentado dificultades técnicas y económicas para implementarlo.

La propuesta de los transportistas

Los transportistas ofrecieron regular la velocidad de sus unidades en un plazo de seis meses, pero no mediante el sistema establecido en la normativa actual, sino a través de un mecanismo alternativo propuesto por ellos.

Rony Mendoza, presidente de la Gremial de Pilotos de Transporte Pesado, indicó a Prensa Libre Radio que el sector plantea utilizar escáneres para verificar la configuración electrónica de los vehículos y garantizar que no superen los 80 km por hora, respaldado con declaraciones juradas.

El dirigente reiteró que el principal obstáculo es el costo del limitador, que oscila entre Q2 mil y Q5 mil por unidad, un monto que, según afirma, muchos pequeños transportistas no pueden cubrir.

Postura del Ejecutivo

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que respetará la decisión que adopte el Congreso y reiteró que su función es garantizar el cumplimiento de la ley cuando entre en vigencia.

“Este Ministerio respeta la decisión del Congreso; reiteramos que nuestro rol es ser garantes del cumplimiento normativo, promoviendo acciones responsables que contribuyan a la reducción de accidentes y a la protección de la vida”, indicó la cartera.

La Dirección General de Transporte (DGT) señaló que continúan las reuniones con autoridades y que su postura es cumplir lo que establece la ley. Añadió que ampliará su posición cuando exista una resolución concreta del Legislativo.

Entre la prórroga y la seguridad vial

El debate ocurre en un contexto en el que la siniestralidad vial se mantiene alta. Organizaciones ciudadanas han insistido en que la falta de controles efectivos contribuye a los percances en carretera.

Cifras alarmantes

A la discusión legislativa se suma un contexto preocupante. En los primeros 53 días del 2026, los hechos de tránsito dejaron 375 personas fallecidas y 1 mil 356 lesionadas. La cifra equivale a un promedio de siete muertes diarias por percances viales en el país, así como 0.27 víctimas mortales por cada accidente registrado y prácticamente una persona herida por siniestro.

En el mismo período del 2025 se reportaron 1 mil 321 accidentes, con 344 fallecidos y 1 mil 356 lesionados, lo que representó 0.26 muertes por hecho de tránsito. Las autoridades explican que el número de víctimas puede superar el total de accidentes debido a que en un mismo hecho pueden estar involucrados dos o más vehículos, lo que incrementa la gravedad de los siniestros.

El informe del Observatorio de Seguridad del Tránsito evidencia que las motocicletas continúan siendo el tipo de vehículo con mayor participación en los percances. Entre el 1 de enero y el 22 de febrero del 2026 se contabilizan 1 mil 368 hechos de tránsito, con 2 mil 137 vehículos involucrados. De estos, 1,124 fueron motocicletas; 396 automóviles; 153 pickups; 145 camionetas; 102 camiones; 62 cabezales; 38 buses; 24 microbuses; 15 mototaxis, y 78 entre tráileres, tractores, cuatrimotos, bicicletas, maquinaria y otros.

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