La Fundación para el Desarrollo de Antigua Guatemala (Fundaantigua), junto con empresarios, vecinos y representantes de distintos sectores, denunció presuntas irregularidades y actos de corrupción atribuidos a la administración del alcalde Juan Manuel Asturias, mientras que la Municipalidad antigüeña rechazó los señalamientos y aseguró que sus acciones se ajustan a la ley.

Durante una conferencia de prensa, integrantes de Fundaantigua informaron que han promovido acciones ante la Corte de Constitucionalidad (CC) relacionadas con el sistema de videovigilancia, las licencias de construcción y el cobro del MarbEx, por considerar que existen vulneraciones a derechos ciudadanos y afectaciones a vecinos y sectores productivos.

Diego Castañeda, representante de Fundaantigua, afirmó: “Denunciamos la corrupción, denunciamos que nos quieren expropiar cámaras, porque las cámaras son de la Fundación”.

Añadió que el sistema de seguridad fue impulsado junto con administraciones municipales anteriores y aseguró que la comuna “miente” al señalar que no existen convenios con el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público (MP).

Por su parte, Jorge Rosales, abogado de Fundaantigua, explicó que el convenio firmado hace más de cinco años con autoridades del Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil (PNC) y el MP tenía como objetivo fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia en Antigua Guatemala.

Según el abogado, el conflicto surgió cuando la Municipalidad habría utilizado el sistema de cámaras para imponer multas de tránsito.

“Algo que estaba para la seguridad pasó a ser, de la noche a la mañana, un medio municipal para multar tanto a antigüeños como visitantes con supuestas multas de tránsito”, señaló.

González indicó que Fundaantigua promovió acciones judiciales luego de que, según afirmó, la comuna se negara a entregar equipos que, asegura, pertenecen a la fundación y están en usufructo de la PNC y del Ministerio de Gobernación.

También afirmó que un tribunal de Sacatepéquez reconoció a Fundaantigua como propietaria de los equipos y revocó medidas relacionadas con el caso. Además, dijo que el alcalde deberá comparecer en junio próximo para responder por denuncias relacionadas con supuestos delitos de apropiación y retención indebida, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución.

El abogado agregó que también fueron planteadas tres acciones de inconstitucionalidad ante la CC. Una de ellas cuestiona el cobro municipal relacionado con licencias de construcción; otra, las revaluaciones de inmuebles efectuadas mediante acuerdos municipales, y una tercera, el cobro del sistema de estacionamiento conocido como MarbEx.

Según Fundaantigua, el cobro por parqueo en vía pública vulnera garantías constitucionales relacionadas con el uso del espacio público.

Los representantes de la fundación también denunciaron supuestos ataques contra empresarios y vecinos críticos de la administración municipal, así como el presunto uso de páginas falsas, net centers e influencers locales para desacreditar a ciudadanos y organizaciones.

Además, señalaron inconformidad por salarios asignados a trabajadores municipales y cuestionaron la gestión de proyectos urbanísticos y ambientales en Antigua Guatemala.

Respuesta municipal

La Municipalidad de Antigua Guatemala, por medio de la Secretaría de Comunicación y Protocolo, rechazó los señalamientos y aseguró que existe una campaña de desinformación y confrontación promovida por sectores vinculados con Fundaantigua.

La comuna negó que exista persecución contra empresarios y afirmó que las acciones municipales buscan garantizar orden, seguridad y cumplimiento de normativas urbanísticas.

“La aplicación de la normativa no puede interpretarse como un ataque”, indicó la Municipalidad en un comunicado.

Respecto de las acusaciones sobre campañas de desprestigio, la Secretaría de Comunicación rechazó cualquier vinculación con páginas falsas o mecanismos de desinformación y aseguró que su labor se limita a informar sobre proyectos y decisiones municipales “con responsabilidad, transparencia y apego a la verdad”.

Sobre el sistema de videovigilancia, la Municipalidad afirmó que este tiene como finalidad proteger la seguridad de vecinos y visitantes y sostuvo que en Guatemala “no existe base legal para imponer multas de tránsito mediante cámaras de videovigilancia”.

También señaló que el sistema “no es utilizado ni será utilizado con fines sancionatorios contra conductores”.

En cuanto a los convenios mencionados por Fundaantigua, la comuna afirmó que documentación oficial del Ministerio de Gobernación confirma la inexistencia de convenios registrados relacionados con la operación privada del sistema de videovigilancia.

Asimismo, recordó que la Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente disposiciones que facultaban al director general de la PNC para suscribir convenios interinstitucionales, por lo que —según la Municipalidad— no existe certeza jurídica sobre la validez de algunos acuerdos firmados sin autorización superior del Ministerio de Gobernación.

La Municipalidad aseguró que continuará trabajando “con responsabilidad, firmeza y transparencia” para fortalecer el orden, la seguridad y el desarrollo del municipio.

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