Aunque lo anterior está escrito en el papel y debería cumplirse, son muy pocas las comunas que se han preocupado por el tema y eso se refleja en pocas plantas de tratamiento y de las que ya existen, no todas se utilizan. Según Luis Rodolfo Castro, viceministro del Agua, del Ministerio Ambiente y Recursos Naturales (Marn), en el país existen unas 650 plantas de tratamiento de aguas residuales bajo control municipal, y de las cuales 240 no funcionan.
En cuanto a las plantas privadas, no se tiene un recuento total, aunque los constructores de edificios, industrias, comercios y complejos residenciales están obligados a construirlas; de lo contrario no se autorizan sus proyectos. Sin embargo, tampoco hay garantía de que las aguas que salen de dichas estructuras, privadas o municipales, cumplan con los requerimientos que ordena la legislación, o del destino final que tienen los desechos.
Se estima que solo el 5 por ciento de las aguas que se consumen en el país pasa por una planta de tratamiento y que de estas, no todas llenan los requisitos para que pueda ser utilizada para el consumo humano, expone Martín Méndez, exviceministro del Agua del Marn. “El agua es una sola. La convertimos en agua potable, la usamos y se vuelve agua residual y luego hay que convertirla en potable.
En medio está el tratamiento. Es un problema invisible para muchos, porque el agua se usa y se va a los barrancos o quebradas, donde ya no se ve el resultado. Son las comunidades río abajo las que sufren con el agua contaminada”, afirma Hernán Ruiz, de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Agisa). Uno de los principales problemas que los científicos encuentran en esta situación es la postergación constante del reglamento de las descargas y reúso de aguas residuales y de la disposición de lodos, decreto gubernativo 236-2006 emitido en la gestión de Oscar Berger.
Se esperaba que en mayo del 2024 la mayoría de las aguas residuales tuvieran un contenido bajo de contaminación debido a que las comunas tendrían que instalar plantas de tratamiento, pero eso no ha sucedido. De hecho, las municipalidades volvieron a solicitar una moratoria para cumplir con lo que manda el acuerdo e instalar plantas de tratamiento. Ahora tienen hasta el 2034 para ello. El objetivo del reglamento es establecer los criterios y requisitos para la descarga y reúso de aguas residuales, proteger los cuerpos receptores de agua de los impactos que resultan de la actividad humana y recuperarlos.
Uno de los principales problemas que los científicos encuentran en esta situación es la postergación constante del reglamento de las descargas y reúso de aguas residuales y de la disposición de lodos, decreto gubernativo 236-2006 emitido en la gestión de Oscar Berger. Se esperaba que en mayo del 2024 la mayoría de las aguas residuales tuvieran un contenido bajo de contaminación debido a que las comunas tendrían que instalar plantas de tratamiento, pero eso no ha sucedido.
De hecho, las municipalidades volvieron a solicitar una moratoria para cumplir con lo que manda el acuerdo e instalar plantas de tratamiento. Ahora tienen hasta el 2034 para ello. El objetivo del reglamento es establecer los criterios y requisitos para la descarga y reúso de aguas residuales, proteger los cuerpos receptores de agua de los impactos que resultan de la actividad humana y recuperarlos.
El Viceministerio del Agua del Marn es el ente encargado de velar porque ese reglamento se cumpla, pero el Castro dice que solo tiene nueve personas para atender los requerimientos, aunque con el tiempo se espera que pueda recibir más recursos, tanto humanos como tecnológicos. “Hay varios obstáculos para el tratamiento de aguas negras. Por ejemplo, cumplir con los parámetros requiere etapas, aunque algunas entidades, al construir una fosa séptica o un tanque biodigestor, creen que ya cumplieron con el reglamento. No obstante, para ello se necesita una construcción para limpiar el agua, que dará tratamiento preliminar, tratamiento primario, secundario y terciario. Además, una unidad de desinfección para cumplir con el parámetro de limpiar de bacterias fecales las aguas, que contempla el reglamento”, expresa el funcionario. El reglamento exige a los generadores de aguas especiales —empresas— el tratamiento de sus aguas, pues van cargadas de contaminación.
Algunas agroindustrias descargan agua miel, cuya composición llega a una descarga bioquímica de oxigeno (DBO) de 20 mil o 40 mil mg por litro. Entre más alto sea el DBO, menos oxígeno habrá para organismos acuáticos, lo que llevará a la degradación del ecosistema. El reglamento exige devolver el agua con un DBO de 200 mg por litro.
El agua ordinaria que se genera en una casa, un edificio o un condominio alcanza un DBO de 400 o 500 mg por litro, por lo que bajar de 400 a 200 requiere un 50 por ciento de eficiencia en la planta de tratamiento, pero a 40 mil necesita un 98 por ciento de remoción. En estos casos, las tecnologías que se necesitan se vuelven más costosas, pues deben utilizar energía extra para cumplir con su labor, explica Castro.
El problema de la salud
El costo de no tener agua limpia va más allá de la construcción de las plantas de tratamiento, pues uno de los contaminantes más comunes son las heces fecales. Esto se refleja en la salud humana, pues muchas personas consumen agua contaminada que llega a sus comunidades a través de los ríos, que es la principal fuente de agua en el interior del país.
“Los niños se enferman por el consumo de agua contaminada, la madre los llevan al centro de salud y ahí les dan la atención que se puede. El niño regresa a su casa, pero a los tres meses se vuelve a enfermar y así se repite el círculo; en promedio, cuatro veces al año”, puntualiza Martín Méndez, exvicepresidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y exviceministro del Agua, del Marn.
El problema también afecta la vida productiva, pues los adultos que se enferman, en especial los trabajadores, pierden días de trabajo y ven disminuidos sus ingresos. El caso es distinto en el departamento de Guatemala, donde la mitad del agua que se consume se obtiene de pozos subterráneos en los que aún se encuentra agua limpia, pero también se ha observado que algunas empiezan a presentar contaminación debido a la infiltración natural de aguas residuales.
“Hicimos un estudio del río Villalobos, se monitorearon las aguas de un pozo que había más abajo, y encontramos que la composición del agua era la misma que la del río, uno de los más contaminados. El agua se infiltra a la tierra, va contaminada y está llegando a los mantos acuíferos. Aunque solo fue un pozo, se puede decir que muchos pozos alrededor de este río están contaminados”. refiere María José Iturbide, directora ejecutiva de la FuncAgua, un fondo privado para la conservación del agua.
La ejecutiva agrega que otro caso es el del relleno sanitario de la zona 3 capitalina, donde los líquidos provenientes de los desechos o lixiviados están llegado a los mantos acuíferos subterráneos y los contaminan. sin ley específica
Aunque existen leyes y reglamentos para la regulación del uso de los recursos naturales, no hay en Guatemala una ley específica sobre el agua, lo que le sitúa entre los pocos del continente que carecen de ella y el único país en Centroamérica, pese a que fue el primero en el istmo en comenzar a regular el cuidado del medioambiente, pues tiene una base constitucional en la Carta Magna de 1985.
El artículo 97 de la Constitución establece que “el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo (…) que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento (…) del agua se realicen racionalmente, evitando su depredación”.
Un año después surgió la ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, decreto 68-86, que indica en su artículo 15: “El Gobierno velará por el mantenimiento de la cantidad del agua para el uso humano y otras actividades cuyo empleo sea indispensable, por lo que emitirá las disposiciones que sean necesarias y los reglamentos correspondientes”. Estas leyes sirvieron de marco, pero quedaron a la espera de una ley de Aguas que no se ha emitido por distintas razones.
Una de ellas, el número de grupos de interés que se ven afectados o se benefician con el uso del agua. Además, Renato Morales, titular de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, hace ver que Guatemala es un país pionero a nivel regional en cuanto a la creación de juzgados específicos para resolver casos sobre el tema, aunque han sido pocos, pues se cuenta con uno en ciudad de Guatemala, otro en Petén y otro en Zacapa.
“Existía uno en Izabal, pero el Organismo Judicial ordenó que se cerrara”, remarcó Morales. En busca de solución
De acuerdo con Castro, se reciben cada año 200 denuncias de contaminación que son atendidas en conjunto con la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público (MP), que es la entidad encargada de investigar si se está cometiendo un acto de contaminación.
Al recibir la denuncia, el MP efectúa un examen de las aguas en la escena del crimen ambiental en la que se toman muestras que son enviadas al laboratorio del Marn, el cual determina que cumpla con los parámetros contemplados en el reglamento 236-2006. A su vez, la cartera envía los resultados a la fiscalía, que los presenta ante un juez competente, quien determina si hay contaminación o no del agua.
La Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente establece que quien contamine o envenene el agua de uso común será sancionado con una pena de dos a ocho años de cárcel, pero si recurren a un procedimiento abreviado pueden optar por un resarcimiento que depende del grado de impacto que se tuvo en la descarga. En ese caso el juzgador establece el resarcimiento, que puede llegar a una multa de varios millones de quetzales.
“A diferencia de otras fiscalías, lo que buscamos es que quien comete la violación de la ley repare el daño ocasionado y pague por él, pues esa es la oportunidad que da la naturaleza. La suma que el acusado debe pagar es determinada por el departamento de Economía Ambiental, del Viceministerio de Ambiente”, expone Morales.
Añade que si no se lleva a cabo el procedimiento abreviado y el acusado enfrenta juicio, existen en el Código Penal sentencias de varios años de cárcel, además de que la Procuraduría General de la Nación inicia un proceso de resarcimiento digno que puede llegar a varios millones de quetzales en la sentencia, para limpiar lo que se ha deteriorado.
Un plazo que se corre
El reglamento para el tratamiento de aguas residuales creado en el 2006 cuenta con dos distintivos, uno que se aplica a los entes generadores privados y otro para las municipalidades. Para el sector privado es de cumplimiento obligatorio desde el momento que se solicita una construcción o la implementación de una industria, plantación o cría de ganado, mientras que para las comunas el plazo de cumplimiento de los parámetros de limpieza se ha retrasado al menos dos veces; la última, en noviembre del 2022.
El reglamento consta de cuatro etapas divididas en plazos que van de los tres a los cinco años que se otorga a las municipalidades para alcanzar de manera progresiva los parámetros de limpieza en el agua residual que sale de sus comunidades hacia los receptores, que son ríos, lagos, lagunas y otros accidentes geográficos que contienen agua. Las únicas entidades que no están obligadas a cumplirlo son las viviendas unifamiliares, pues la responsabilidad es trasladada a la municipalidad local.
“En la ampliación del plazo del 2022 se acortaron las etapas de cumplimiento, pues eran cuatro fases, pero ahora serán solo tres, en las que se debe cumplir con los parámetros fijados en 2006”, manifiesta Castro, al indicar que se está pensando en un nuevo reglamento, más adecuado a la realidad guatemalteca.
El principal argumento de las municipalidades para no cumplir con el decreto gubernativo es la falta de recursos financieros para la construcción de plantas de tratamiento y su operación, por lo que cada vez que está por cumplirse el plazo solicitan una prórroga, lo que sucedió en el 2019 y 2022. “Este es un problema multifactorial. Podemos empezar con el tema municipal.
Sabemos que por un lado, los alcaldes no tienen un fortalecimiento técnico, y por otro que las inversiones de las alcaldías van dirigidas a resolver otros problemas. Les interesa hacer más obras que se miren, como campos de futbol, salones municipales, abrir caminos, pero el tema de agua y drenajes ha sido relegado”, dice Méndez, al añadir que tampoco a nivel del Organismo Ejecutivo el tratamiento del agua ha sido una prioridad, pese a su obligación constitucional de velar por la salud y la vida.
Además de la falta de financiamiento, los entrevistados opinan que hace falta capacidad para plantear proyectos de esta índole, según Méndez y Sharon Van Tuylen de la Agencia de Cooperación Alemana quien señala que las autoridades no saben cómo pedir esos fondos, pues en el gobierno anterior hubo varios millones dedicados a este tema, pero nadie los solicitó.
“En mi experiencia, he visto que algunos alcaldes se excusan en la falta de terrenos adecuados para la construcción de plantas de tratamiento, y luego ampliarlas para cumplir con los parámetros contemplados en la ley”, revela Norman Siguí, de Agisa, así como la falta de recursos para la construcción de la tubería de drenajes, en la que se unan todas las aguas residuales del municipio para llevarlas al punto donde se construya la planta.
Este es un problema de ordenamiento territorial, que eleva el costo de llevar el agua residual a un solo lugar. El costo de una planta pequeña ronda los Q4 millones, pero también implica otros Q5 mil mensuales para darle mantenimiento, limpieza diaria, pago del operador, seguridad y otros. Un ejemplo positivo lo está dando el departamento de San Marcos, donde se ha priorizado la construcción de plantas de tratamiento.
La cabecera municipal cuenta con tres de ellas, le siguen San Pedro Sacatepéquez, que se calcula que ha invertido más de Q9 millones en la construcción de alcantarillado y plantas de tratamiento, así como otros municipios que ya cuentan con estos mecanismos, como San Pablo y San José el Rodeo.
Muchos alcaldes aducen falta de recursos, pero en la actualidad hay muchas soluciones, incluso naturales, que podrían ayudar a recuperar los recursos hídricos, como la colocación de especies de plantas sobre algunas lagunas para recuperar el agua, para luego ser descargadas a los mantos hídricos, explica Ottoniel Barrios, de la empresa Estudio Arsa, Arquitectura y Soluciones Ambientales, proveedores de Cementos Progreso ambiental.
Cada uno es responsable para contribuir en la solución de este problema. Hay mucha cooperación internacional que apoya para obtener información para saber qué tipo de tratamiento o sistema es el adecuado en cada municipio, porque en cada lugar hay que implementar sistemas diferentes. Así como hay municipios que tienen 10 descargas hay otros que tienen 30, y también su composición es distinta, explica Barrios.
Urge un cambio general
Además de la construcción de las plantas de tratamiento en todo el país, se necesita un cambio en la mentalidad de la población, que se ha acostumbrado a tirar los desechos al drenaje. Por lo tanto, quien construya una planta tendrá que construir primero un retenedor de basura y luego uno de grasa, porque se sabe que lleva esos materiales.
“Necesitamos hacer un cambio de mentalidad, pensar que el agua es un patrimonio, porque al patrimonio se le cuida, se le multiplica y se le da mantenimiento. En la actualidad existe una cultura derrochadora que no paga los costos, que contamina, no recupera y sobrepaga servicios. Pareciera que es un recurso infinito, pero eso no es así. Usamos el agua y la devolvemos contaminada. En el cambio debe participar la sociedad”, afirma Ruiz.
Otra reforma necesaria es el cobro que se hace por el agua, pues hasta el momento, en la mayoría de las municipalidades se cobra solo el agua potable, pero no el tratamiento de las aguas residuales, lo cual resta a la hora de darle mantenimiento a las plantas, pero ese es un tema del que los políticos prefieren no hablar, coinciden los entrevistados.
“Debe existir un cambio en la tarifa municipal en la que se contemple el manejo de desechos sólidos y líquidos. Es muy importante, porque exigimos agua limpia las 24 horas, pero cada vez que vamos al baño, lavamos los platos, la ropa, y se va el agua sucia al alcantarillado, no pagamos para que la limpien. Si se pagara una tarifa, las municipalidades tendrían recursos para poner a trabajar las plantas y nosotros podríamos exigirles”, sostiene Iturbide.
En algún momento hay que fijar una tarifa para el tratamiento de aguas, porque el problema es que se cobra la paja de agua potable, pero luego hay que tratarla y para hacerlo se necesita de presupuesto. “Hay que crear conciencia en la población y llegar a un consenso entre las municipalidades y la sociedad civil”, exhorta Oliverio Paau, del Ministerio de Salud, encargado de verificar que el agua esté apta para el consumo humano.
El resultado actual es que las municipalidades no tienen presupuesto para tratar las aguas y eso ocasiona que abandonen las plantas, pues en su Plan Operativo Anual no contemplan los fondos para operarlas. Lo más importante de resaltar es que el rescate del recurso agua es posible, pero hay que actuar con celeridad para lograrlo. Según Naciones Unidas, para el 2050 va a haber casi 6 mil millones de personas en el mundo sin acceso a agua limpia.
Tenemos más de 100 años contaminando, pero todavía se puede limpiar, porque en los años setenta, tanto en Estados Unidos como en Europa, las aguas estaban muy contaminadas, pero elaboraron un plan para rescatarlas y comenzaron a proteger el recurso vital. Si bien tardaron 30 o 40 años en lograrlo, lo cierto es que comenzaron y lo lograron, enfatiza Daniel Mooney, de Dutch Clean Tech.
Lograr soluciones
Los entrevistados plantean que tanto en Guatemala como en el mundo hay empresas que logran obtener beneficio al extraer los desechos del agua, lo cual es una motivación, pues se generan fondos y fuentes de empleo. Al sacar los materiales sólidos se obtiene plástico, vidrio, metales y otros que pueden ser reciclados. En las plantas de tratamiento se extraen lodos que se utilizan como fertilizante, gas metano, que causa un grave daño a la atmósfera, pero al mismo tiempo es una fuente de energía. También el agua que no alcanza los parámetros requeridos se utiliza para riego de plantas ornamentales, jardines y con fines recreativos y turísticos.
Compromisos incumplidos
Con la postergación del cumplimiento de los parámetros de agua residual, del reglamento de tratamiento de aguas hasta el 2034, Guatemala se ha atrasado también en el cumplimiento de un compromiso internacional que tiene que ver con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, planteados por la Organización de Naciones Unidas, entre los cuales está el objetivo 6, que plantea obligaciones con agua potable y saneamiento para toda la población.
Este debe cumplirse en su totalidad en el 2030. “El objetivo número 6 del desarrollo sostenible de Naciones Unidas tiene relación con otros 17 objetivos, de manera directa. Aspectos como el fin de la pobreza, la ecología, acción del clima, hambre cero, salud, educación, son compromisos adquiridos que Guatemala aún no cumple y es uno de los más atrasados, especialmente el que tiene que ver con agua potable”, afirma Norman Siguí, quien agrega que además del dinero por invertir, también estos proyectos conllevan tiempo de operación para lograr el objetivo.
Cuando el Banco Mundial financia algún proyecto, obliga al beneficiario a hacer un análisis en cantidades de dinero sobre el impacto que tiene el no contar con lo que se va a construir, tanto en positivo como en negativo, cuánto representa en el uso de camas de hospital, en gasto por no tenerlo y en ahorro al tenerlo.
“En Guatemala no llegamos a ese tipo de análisis cuando hablamos de agua potable o el tratamiento de aguas residuales. La Organización Mundial de la Salud calcula que, por cada dólar invertido en agua potable habrá un retorno de aproximadamente cinco dólares, debido a los beneficios que la población recibirá y el ahorro en aspectos de salud”, explica Hernán Ruiz.
Al hacer un análisis de la infraestructura de las escuelas, el tema se vuelve crítico, porque algunas no tienen agua ni para lavarse las manos, menos para lavar los sanitarios y en muchas lo que hay son letrinas, agrega Ruiz.
Prioridades
Es muy importante sensibilizar y educar a las autoridades municipales para que prioricen el presupuesto para el saneamiento, enseñarles con evidencia la relación que hay entre entornos saludables, municipios y gente sana, y cómo, al mejorar el entorno, también se impulsa el desarrollo económico local y muchas otras cosas, señala Sharon Van Tuylen.
Agua digna y salud tiene que ver con mejorar el medioambiente, pero también para atraer inversiones extranjeras, porque un país contaminado no será atractivo. “Las empresas hoy en día quieren todo lo que sea sostenible, todo lo que sea verde, y tratar y reusar el agua permite ese factor”, señala Daniel Mooney.
