Datos de la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), reflejan la gravedad de la situación para el personal vinculado con ese sector.

Edgar Guerra, coordinador de dicha defensoría señala que, por un lado, el problema de la inseguridad en los autobuses no cesa, y por el otro, se debe observar la irresponsabilidad de pilotos en varios sentidos.

En seis años y medio, han sido asesinados 573 usuarios, 561 pilotos y 236 ayudantes, pero también 84 presuntos asaltantes, y 28 policías o inspectores.

También se cuentan por decenas y cientos la muerte de pilotos de taxi, microbús, tuc-tuc y empresarios del transporte.

De acuerdo a cálculos de Guerra, el 80 por ciento de las muertes son producto de extorsiones, el resto, por ajuste de cuentas, competencia de pasaje, narcomenudeo, y crímenes de tipo pasional.

En el caso de los usuarios, explicó, se debe a las balas perdidas y por oponerse a ser asaltados, y lamentó que aproximadamente solo un diez por ciento de los casos terminan en sentencias condenatorias.

“Todo mundo sabe que desde las cárceles coordinan las extorsiones, pero lo lamentable es que desde hace unos tres años se ha venido incrementando la manipulación de menores de edad para el sicariato, al punto que les dan las armas y son los que llevan los celulares a pilotos y ayudantes”, indicó Guerra.

Van dos mil 136 muertos por hechos en transporte público desde 2010 a la fecha, entre usuarios, pilotos, ayudantes y más, según la PDH.

— Geovanni Contreras (@contrerasGEO_PL) July 30, 2016

Añadió que las dos formas de participación de menores es porque un grupo opera activamente para ingresar a pandillas, y el otro es porque los amenazan con matar a un familiar y caen en la trampa.

“En el Día de San Cristóbal, los pilotos siguen sin seguridad ni garantías y con mucho temor. Unos pilotos que adornaban los buses me comentaban que era como adornar su panteón”, lamentó Guerra.

Concluyó que mientras circule efectivo y no se cambie el sistema del transporte, el problema no desaparecerá.

Lilian Pérez, representante legal adjunta de la Asociación de Viudas de Pilotos del Transporte Público, reconoció que se redujeron las muertes de pilotos, pero que la gente tiene miedo de denunciar las extorsiones.

“Los pilotos pagan para resguardar su vida, mientras la población sigue con desconfianza de denunciar aunque vea y conozca a los ladrones, porque creen que si hablan van a saber quién fue y los pueden matar”, aseguró Pérez.

Añadió que cada ruta tiene por lo regular dos o tres grupos extorsionistas, y cada uno cobra entre Q150 y Q200 semanales por cada unidad, es decir, si una empresa tiene una flotilla de diez buses, debe pagar al crimen organizado hasta Q2 mil semanales a cada grupo extorsionista.