Respecto a la ayuda internacional que está detenida en las fronteras por no contar con la autorización del Gobierno de Jimmy Morales, la canciller explicó que “siguieron el protocolo de 72 horas que se estima una persona puede vivir soterrada”.
Concluido ese tiempo, se identificaron las necesidades que tienen la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), y se acordó hacer el llamado a la comunidad internacional.
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Jovel mencionó que las autoridades “han seguido todos los protocolos establecidos para hacer el llamamiento internacional después de las primeras 72 horas”, cumpliendo con el manual de respuesta a catástrofes de este tipo.
Cuestionada acerca de las quejas de guatemaltecos en el exterior que han intentado enviar ayuda a través de los consulados y embajadas, la canciller expuso que dichas oficinas “no pueden recibir nada, por ley”.
BCIE y UE
La delegación de la Unión Europea en Guatemala informó que la Comisión Europea destinó Q900 mil “para ayudar a las comunidades más afectadas en las zonas expuestas”.
La ayuda financiera servirá para apoyar a la Cruz Roja Guatemalteca, e incluye provisión de refugio y artículos de primera necesidad, asistencia sanitaria, agua y saneamiento, así como apoyo psicosocial que beneficiará a unas tres mil personas del área afectada.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) otorgó US$250 mil no reembolsable al Gobierno de Guatemala.
Causó indignación
El miércoles causó indignación en redes sociales la denuncia del sacerdote salvadoreño Edwin Baños, quien traía cuatro camiones de ayuda en cuatro camiones para los damnificados por la erupción del Volcán de Fuego, pero fue retenido por más de 12 horas en la frontera La Ermita, Chiquimula.
En ese contexto, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) solicitó a las autoridades que agilicen los trámites “para facilitar el ingreso de la ayuda humanitaria” en los puntos fronterizos, a fin de “aliviar la crisis que enfrentan los damnificados”.
Varias entidades se pronunciaron indignadas sobre la poca colaboración del Gobierno y algunas de ellas, incluso, anunciaron que interpondrían acciones de amparo para obligar a una agilización de la ayuda.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó que ya se coordinó el ingreso de la ayuda proveniente de El Salvador “cumpliendo con los procedimientos aduaneros de ley”.
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