Edwin Martínez Cameros, ministro de Finanzas Públicas y Alfredo Blanco, vicepresidente del Banco de Guatemala (Banguat), dieron a conocer en una citación al Congreso realizada ayer, los indicadores que sustentan la propuesta que será presentada el próximo 2 de septiembre a ese organismo.
Martínez expuso que se espera cerrar el presente ejercicio fiscal con una ejecución del 96%, equivalente a unos Q113 mil millones y el nuevo gobierno tendrá un saldo de caja de Q6 mil millones para comenzar a trabajar en enero de 2024 y cubrir compromisos como pago de la segunda parte del aguinaldo, sueldos y salarios, mientras ingresa la recaudación prevista.
Esto, porque la estimación de cierre de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es de Q93 mil millones, mientras que para el 2024 la previsión es de Q98 mil millones. Para reforzar lo anterior, afirmó que el saldo de caja y bancos del gobierno al 31 de julio pasado fue de Q16 mil 749 millones.
Además, está pendiente la colocación de un tramo de Q5 mil 500 millones de bonos del Tesoro, y se está a la espera de la aprobación de dos líneas de préstamos con organismos financieros internacionales para apoyos presupuestarios y un cambio de fuente de financiamiento.
En tanto, Blanco aseguró en la citación que la economía estaría creciendo 3.5% en 2024, como valor central, ya que el rango de estimación es de 2.5% a 4.5%, que sería un comportamiento similar al de 2023. Para la formulación del plan de gasto por parte de la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP), se utilizó la estimación baja del crecimiento de la economía medida por el Producto Interno Bruto (PIB).
En cuanto a los ingresos, expuso que una buena parte provendrá del consumo, que representa el 85% del PIB, explicado en parte por el ingreso de divisas por remesas, que dinamizan la producción nacional. Al respecto, el pronóstico apunta a US$19 mil 393 millones en transferencias monetarias familiares para 2023 y US$20 mil 557 millones en 2024, pues de momento, los indicadores de empleo en los Estados Unidos se mantienen positivos.
El diputado Carlos Barreda, declaró que en el Congreso hay dos escenarios para entrar a conocer el presupuesto 2024, lo que estará sujeto a quién de los candidatos resulte electo en las elecciones de segunda vuelta el próximo 20 de agosto.
Distribución de recursos
En la citación, el ministro informó que se mantienen los techos presentados en junio último, luego de que, en julio, las instituciones priorizaran sus gastos, por lo que el monto es de Q124 mil 602 millones.
La mayor asignación es para el Ministerio de Educación (Mineduc) con Q23 mil 50 millones; Salud, Q12 mil 277 millones; Gobernación, Q7 mil 779 millones; Comunicaciones Q6 mil 779 millones; y Defensa, Q3 mil 502 millones.
En tanto que para Obligaciones a Cargo del Tesoro (incluye recursos para municipalidades, Universidad de San Carlos de Guatemala y otras instituciones) la asignación es de Q41 mil 207 millones; el pago del servicio de la deuda, Q20 mil 778 millones; y para Secretarias y otras Dependencias, Q1 mil 452 millones.
Plan de austeridad
La presidencia de la República emitió ayer un aviso sobre las disposiciones presidenciales para la eficiencia, control, y priorización del gasto público para lo que queda del presente ejercicio fiscal, a los Ministerios, Secretarias, y otras dependencias del Ejecutivo.
Según la nota oficial, las entidades del sector público deberán utilizar sus asignaciones presupuestarias, priorizando los recursos asignados a las actividades que orienten a la prestación de servicios a la población, y hace el llamado de evitar gastos innecesarios o contraer compromisos que afecten la disponibilidad de caja (fiscal).
La circular establece siete disposiciones presidenciables, entre las cuales están: La aprobación de las cuotas financieras de origen tributario estará supeditada a la disponibilidad financiera, en función del comportamiento de la recaudación.
Garantizar el pago de sueldos y salarios de la nómina por parte de las instituciones públicas, así como el cumplimiento de las sentencias judiciales.
Restringe la creación de bonos o incremento de bonos para los trabajadores, independientemente de la fuente de financiamiento. También advierte a las instituciones de abstenerse de realizar nuevas contrataciones de personal de servicios técnicos y profesionales con renglón de gasto 029.
También se ordena realizar el pago oportuno de servicios básicos como agua potable y suministro de energía eléctrica; telefonía, internet, transporte y almacenamiento, entre otros.
Además, se restringe el inicio de nuevos procesos financiados con recursos de origen tributario, con excepción de los relacionados con el equipamiento de los centros hospitalarios.
Por último, llama a evaluar si deben continuar los procesos de adquisición o contratación que estén en el sistema Guatecompras.
Las disposiciones cobraron en vigencia el 1 de agosto.
