Exfuncionaria capturada por crímenes

Marlene Raquel Blanco Lapola, exdirectora de la Policía Nacional Civil (PNC) y ex viceministra de Gobernación durante la gestión de Álvaro Colom, fue capturada ayer junto a otros tres expolicías señalados de haber integrado una estructura paralela con el fin de efectuar ejecuciones extrajudiciales.

Marlene raquel Blanco Lapola, ex viceministra de Seguridad,  ingresa en la cárcel para mujeres Santa Teresa, ubicada en la zona 18.
Marlene raquel Blanco Lapola, ex viceministra de Seguridad, ingresa en la cárcel para mujeres Santa Teresa, ubicada en la zona 18.

El Ministerio Público (MP) y la PNC participaron en las aprehensiones, derivadas de las pesquisas practicadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que dan cuenta de que esta agrupación sería responsable de haber matado a tres personas en el 2009.

La orden de captura fue girada por el Juzgado Primero B de Mayor Riesgo por ejecución extrajudicial, asociación ilícita y responsabilidad de funcionarios.

El caso se encuentra en reserva, por lo que las autoridades no especificaron si hay más víctimas de este grupo.

La ex viceministra fue capturada a las 6.15 horas, en la 31 avenida y 13 calle, colonia Tikal 3, zona 7.

Agentes de su seguridad personal explicaron que a eso de las 5 horas, cuando se bañaban, observaron que ingresaron varios autopatrullas con agentes policiales, personal de la Cicig y fiscales del MP.

“Le hablamos a la jefa y le contamos que había muchos policías; ella, serena, se cambió y no opuso resistencia al momento de su captura”, indicaron.

Blanco Lapola fue trasladada al Juzgado Primero B de Mayor Riesgo. El Juez Miguel Ángel Gálvez resolvió enviarla a prisión preventiva en la cárcel para mujeres Santa Teresa, en la zona 18.

Según Ruddy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario, la exfuncionaria quedó aislada del resto de reclusas.

Será el próximo lunes cuando brinde su primera declaración.

La Policía también capturó en Chimaltenango a Edwin Natanael Chipix Notz, quien en esa época tenía el grado de comisario y fungía como jefe de distrito.

Mientras que el exagente policial Israel Chávez Chávez y Lino Efrén García Castillo, exasesor de la PNC, fueron aprehendidos en Coatepeque, Quetzaltenango, y en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, respectivamente. Ambos quedaron en prisión preventiva.

cómo operaban

Las investigaciones de la Cicig determinaron que Blanco Lapola era a quien le trasladaban la información y proveía logística para el grupo.

El trabajo del comisario dentro de la estructura era proporcionar información a través de inteligencia a la cual él tenía acceso y la delegaba en el resto de jefes de grupos operativos, informó Claudia Paz y Paz, fiscal general.

La fiscal explicó que la información era utilizada para desarrollar operaciones directas con supuestos delincuentes.

En esas acciones habrían matado a Rosa del Carmen Coyoy Ixcot, Lauro Oswaldo Andrino y Jonhy Estuardo Sac Rojas, en el 2009, cuando Blanco Lapola era viceministra de Seguridad.

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo que con la información a la que tenían acceso ubicaban a presuntos integrantes de bandas de extorsionistas del transporte colectivo en el área central, a quienes secuestraban y trasladaban a lugares de cautiverio donde los obligaban a proporcionarles información que requerían.

“Las víctimas eran sometidas a torturas y posteriormente eran ejecutadas”, expresó.

Contra esta estructura hay una sentencia anterior donde fueron condenados el exoficial de la PNC Juan Carlos Rojas Salguero y el exagente Mártir García Hernández, en junio del 2011, por la desaparición de Juan de Jesús García López.

En forma extraoficial se supo que uno de los condenados se habría convertido en colaborador eficaz y supuestamente señaló a la exfuncionaria de haber ordenado las ejecuciones extrajudiciales.

El ministro del Interior afirmó que queda en evidencia que estos grupos son una estructura paralela dentro del Estado que efectúa operaciones ilegales de persecución y acción en contra de supuestos delincuentes.

Es por ello que la Cicig coadyuvó en la investigación, refirió.

Francisco Dall’Anese, jefe de la Cicig, coincidió con López Bonilla. “Si el Estado viola la ley y los derechos ciudadanos, no importa quién sea la víctima, se deja de ser Estado de Derecho y se comienza a ser Estado autoritario”, dijo.

La denuncia

Paz y Paz afirmó que las pesquisas se practicaron durante dos años, luego de que Francisco Cuevas, entonces viceministro de Apoyo Comunitario en la gestión anterior, denunció en la Cicig, en marzo del 2010, la existencia de un grupo paralelo en la PNC.

En esa ocasión Cuevas denunció la existencia de dos grupos integrados por unas 30 personas vinculadas al sicariato que aparentemente funcionaban bajo el mando de Blanco Lapola.

Los grupos supuestamente fueron formados en el 2008 y el 2009 para investigar extorsiones y muertes de pilotos.

Uno de los grupos fue creado para hacer trabajo de inteligencia. Además fueron contratados exagentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad y exinvestigadores de la PNC que habían sido destituidos.

Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos (PDH), refirió que los años de más violencia fueron los que Blanco Lapola fungió como directora de la PNC.

Además recordó que en el 2008 accionó contra la ahora detenida “ante la actitud pasiva y omisiva de la directora policial de no ubicar, detener y consignar a los responsables de acciones delictivas”, detalla el documento de la PDH.

Morales también indicó que la PDH recibió entre cinco y seis denuncias, incluso de agentes de la PNC, donde acusaban a Blanco Lapola de hechos graves, las cuales fueron trasladadas al MP.

En las denuncias, acompañadas de fotos y nombres, señalaban a Blanco Lapola de tener tres grupos como “escuadrones de la muerte”, en los que participaban unas 30 personas, entre ellos funcionarios de entonces, aunque no especificó quiénes.

Se defiende

Blanco Lapola calificó su captura de persecución política, debido a que desde hace dos años está en proceso y en ningún momento la citó el MP. Por el contrario, ella se presentó en forma voluntaria.

“Es una revancha”, aseveró al referirse a Cuevas, por situaciones de puestos políticos.

“Hoy lo veo del otro lado del bando, lo que significa que tendrá que pagar el puesto donde está”, afirmó.

“Quien levanta una calumnia, en su momento tendrá su respuesta; estoy tranquila”, dijo.

La exministra expresó que considera que es parte de un plan, ya que no la querían como viceministra de Gobernación y hubo un plan para desprestigiarla.

Afirmó que para esclarecer la situación renunció a su cargo en esa ocasión, para no presionar al MP para que no la investigara.

Roxana Baldetti, vicepresidenta, expuso que le generó suspicacia que dos años después de que existía la denuncia fuera capturada y que fuera ahora que se logró detenerla.

De manera extraoficial se supo que existen más de 20 órdenes de captura y que autoridades están tras la pista de otros integrantes de este grupo.