Investigan denuncias por robo de armas en el Ejército

La denuncia que presentó la Guardia de Honor el 29 de diciembre del 2011 en el Tribunal Militar, por la desaparición en el Ejército de más de siete mil cartuchos de fusil Galil, reactivó la investigación por estos hechos que suman otros tres casos.

Fusiles y municiones fueron sustraídos del Ejército.
Fusiles y municiones fueron sustraídos del Ejército.

Según Ramón Pantaleón, auditor de guerra, se verifica si ese material fue disparado o sustraído de aquellas instalaciones. Sin embargo, aclaró: “Es una denuncia nueva, pero los hechos sucedieron en el 2004”.

Procesos pendientes

El Tribunal Militar conoce cuatro casos en los que se registra la pérdida en el Ejército de fusiles, pistolas, ametralladoras, lanzagranadas, granadas y municiones militares, y se presume que pueden estar en manos de organizaciones criminales.

Según los expedientes, el referido material bélico fue sustraído de la Base Militar Mariscal Zavala, el Instituto Adolfo V. Hall de Chiquimula, la Dirección General de Armas y Municiones (Digecam) y la Guardia de Honor.

Esos casos aún se encuentran en investigación y solo se tienen indicios de personas que pudieron haber participado en cada robo.

El auditor de guerra informó que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) acompaña cada proceso, a fin de descubrir cuál fue el destino de esas armas y municiones, aunque no se descarta que fueran a parar a manos de organizaciones delictivas.

“Estamos en la fase de investigaciones. Se han tomado declaraciones, pero no hay plazo para que termine la investigación”, informó Pantaleón.

Rony Urízar, portavoz del Ejército, solo explicó que ahora el Ejército es más minucioso en el control de sus armas, y que la finalidad de presentar las denuncias es porque existe interés en que se esclarezcan los hechos.

La denuncia más reciente es la de Guardia de Honor, pero hay otras en investigación.

Irregularidades

Uno de los procesos se sigue por una denuncia presentada por la Inspectoría General del Ejército, en la cual se indica que nueve mil armas, registradas en la Digecam, presentan irregularidades, ya que gran cantidad de estas pertenecen a la institución armada y están a nombre de terceras personas.

Según la Inspectoría del Ejército, algunas de esas armas están en depósito; otras fueron decomisadas, y unas más resultaron inscritas a nombre de personas individuales y jurídicas, incluso con declaración jurada.

Narcotráfico

Otro caso se refiere a 85 armas que desaparecieron de las bodegas del Instituto Adolfo V. Hall de Chiquimula.

Las primeras pesquisas señalan que estas fueron sustraídas por familiares de supuestos narcotraficantes del área en la cual estudiaban en ese plantel.

En algunas declaraciones se indica que los hijos de los supuestos narcos regalaban licor a bodegueros, y cuando estos se embriagaban los despojaban de las llaves del local y sacaban el armamento.

El proceso más antiguo salió a luz hace tres años, por el robo de 554 fusiles en la Base Militar Mariscal Zavala.

En el expediente hay declaraciones de miembros del Ejército que aseguran no saber nada de los casos; reconocimientos judiciales, sobre todo en la bodega; análisis de inventarios, y bitácoras de ingreso y salida de automotores de aquel lugar.

El legajo, identificado con el número 24113, registra testimonios que revelan que las armas salieron de la base Mariscal Zavala hacia Siderúrgica de Guatemala, para ser destruidas, pero esto no ocurrió al final.

Según relatos de empleados y encargados de las bodegas, solo se simuló el ingreso de camiones con las armas y después estas salieron para ser trasladadas al crimen organizado.

En este caso se investiga a dos exministros de la Defensa y a tres exjefes del Estado Mayor Presidencial.