Al comienzo de su exposición explicó a la juzgadora que trabajó en una empresa de 1994 a 2013. Después fue el representante de la empresa Multicobros y Procedimientos Informáticos, S.A.. “Tuve buena amistad” con Carlos de León Argueta, quien fue fiscal General, dijo el testigo.
La Fiscalía de Extinción de Dominio planteó el testimonio de Paiz centrado en los proyectos que manejó para Gallardo.
Ante la juzgadora recordó que Gallardo le pidió recibir “sobres” que contenían billetes de Miguel Ángel Martínez Solís, exsubsecretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), quien ahora es colaborado eficaz y dueño de las empresas de seguridad Grupo Escorpión y Super Control 24.
“Las primeras dos entregas fueron en un hotel y el resto de entregas en la sede de la empresa Escorpión”, declaró Paiz.
En la sala de audiencias estaba Gallardo quien se le pudo observar anotar detalles de la declaración de quien fue su hombre de confianza. Estaba acompañado de su esposa Jessica Estrada y sus hijos.
La abogada Karla Marroquín, quien representa a Gallardo y a su familia, cuestionó la idoneidad del testigo. Le preguntó si tenía alguna denuncia penal y respondió que no. Después, le aclaró a la juzgadora que sí tuvo una denuncia cuando fue representante de la entidad Multicobros.
Otros testigos
La Fiscalía planteó la declaración de cinco testigos en total. Solo se conoció que brindará su testimonio Martínez Solís y Lindsay Sabrina Rivadeneyra Salazar, quien fue señalada por el MP en la fase dos del caso Construcción y Corrupción.
Embargadas
El Juzgado ordenó medidas cautelares contra los bienes de Gallardo el 14 de noviembre del 2018. Se destaca una casa en San Isidro, zona 16, que tiene hasta fuente y está valorada en US$285 mil y una casa de playa en Monterrico junto con dos terrenos por Q1.5 millones. También una vivienda en Las Cumbres, zona 16.
Procesado por caso Cooptación
Gallardo Rosales está procesado por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo en el caso Cooptación del Estado de Guatemala, que se conoce en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez.
La acusación detalla que favoreció a la empresa Súper Control 24 con un contrato de seguridad en el Renap por Q53.4 millones.
Las pesquisas se derivan de la investigación por el caso de defraudación aduanera denominado La Línea. El MP junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) establecieron un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del extinto Partido Patriota (PP) durante 2011, que llevó a la presidencia a Otto Pérez Molina -en prisión- y a su vicepresidencia, Roxana Baldetti Elías -condenada por el caso Agua Mágica-.
En el Juzgado de Extinción, a cargo de Rosa López, se realiza una audiencia de anticipo de prueba relacionada a una investigación para ver la procedencia financiera de Rudy Gallardo, extitular del @renapgt, para adquirir propiedades. pic.twitter.com/wDf7A4VYPP
— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) April 10, 2019
