El expediente se desprende del Caso La Línea y presuntamente los mandos medios de la red criminal coordinaron con sus abogados el pago de sobornos a la entonces jueza Marta Sierra de Stalling, para obtener medidas sustitutivas tras la audiencia de primera declaración.
Recientemente la Sala notificó a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) que declaró con lugar una apelación, misma que dejó sin efecto la clausura del proceso que impedía que la investigación fuera discutida en etapa de juicio.
Ese fallo había sido emitido por el entonces juez Mynor Moto, actual prófugo de la justicia, quien tenía a su cargo el proceso penal contra una exjueza, abogados e implicados en la primera fase del Caso La Línea.
“De conformidad con la investigación de la Fiscalía, hubo un acuerdo de pago ilícito para beneficiar a tres personas que habían sido detenidas por el Caso La Línea, en este caso se benefició mediante una resolución, con la que medió una cantidad de dinero a Miguel Ángel Lemus Aldana, Francisco Javier Ortiz Arriaga y Salvador Estuardo González”, recordó Juan Francisco Sandoval, titular de la Feci.
Evaluación de prueba
Con la nueva decisión que tomó la Sala Cuarta de Apelaciones, el Juzgado Tercero tendrá que convocar a audiencia para exponer el rumbo que tomará la carpeta judicial.
Según Sandoval, luego de ese primer anuncio la judicatura tendrá que programar la audiencia, en la que tanto fiscales como abogados defensores presentarán los medios de prueba que buscarán exponer ante el tribunal en etapa de juicio.
Esta etapa del proceso también podría desencadenar una serie de impugnaciones, en caso que alguna de las partes no esté de acuerdo con los medios de prueba aceptados para el futuro juicio.
Entre los involucrados en este presunto evento de corrupción él único que no será procesado es Salvador Estuardo González, porque él se convirtió en colaborador eficaz del MP, y tras delatar a sus cómplices obtuvo una serie de beneficios judiciales que le llevaron a recuperar su libertad varios años atrás.
Los procesados
- José Arturo Morales Rodríguez y Ruth Emilza Higueros Alay por los delitos de asociación ilícita y cohecho activo.
- José Luis Montenegro Santos, Luis Fernando Zapata Mendoza y Jorge Luis Escobar Gómez por el delito de asociación ilícita.
- Francisco Javier Ortiz Arriaga y Miguel Ángel Lemus Aldana por el delito de cohecho activo.
- Roberto Eduardo Stalling Sierra, por el delito de tráfico de influencias.
- Martha Josefina Sierra González de Stalling por los delitos de cohecho pasivo y prevaricato.
