El caso es investigado por la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público, unidad que el pasado 27 de enero solicitó la aprehensión de Aguilar García a la jueza novena penal, Silvia Morales.

Después de la detención, el sindicalista fue trasladado a la Torre de Tribunales, donde la jueza le explicó las razones por las cuales se le vincula con  el mencionado delito.

En la demanda se señala que el aprehendido habría utilizado para su beneficio personal un vehículo que el Ministerio le otorgó al sindicato, destinado  para actividades de esa agrupación gremial, según el Pacto Colectivo.

El Código Penal establece que peculado es la acción ilícita cometida por un funcionario que sustrae o permite a otras personas la extracción de objetos o bienes públicos que tenga a su cuidado.

La normativa contempla una pena de prisión que va de tres a 10 años, y multa de Q500 a Q5 mil.

Aguilar García fue enviado a la cárcel de la Brigada Militar Mariscal Zavala, zona 17, donde permanecerá hasta el próximo 3 de febrero, cuando sea indagado por el órgano investigador.

Su abogado defensor le dijo a Morales que su cliente no podía ser enviado al Preventivo para Hombres de la zona 18 porque quedaría vulnerada su seguridad, y que por su condición de líder sindical goza de una medida cautelar otorgada por el Estado.

El detenido aseguró que el proceso se debe a una venganza personal  dirigida en su contra por el exministro Sergio de la Torre,   quien, dijo, también fue demandado por el sindicato por supuestos actos de corrupción al frente del ministerio.

“Esta denuncia es una represalia de Sergio de la Torre en mi contra, porque yo soy el presidente del sindicato  y fue desde ahí que se plantearon 15 demandas en su contra”, subrayó.

Apoyado

Aguilar García  manifestó que se siente apoyado por el sindicato. A su llegada a la Torre de Tribunales iba acompañado por una mujer, quien constantemente intentaba evitar que fuera fotografiado o filmado por los periodistas.

Ya en el Juzgado dijo que tenía cuatro o cinco abogados que se encargarían de su defensa, todos parte del sindicato.

Mientras esperaba que le informaran el motivo de su captura se sumaban personas a la sede judicial que al verlo  lo abrazaban y dialogaban con él.

El líder sindical explicó que tiene 26 años de trabajar en el Mineco y casi 25 años de ser integrante del sindicato, el cual fundó un tiempo después de haber llegado a esa dependencia.

Aguilar García representa a 450 trabajadores del Ministerio, y por la cantidad de afiliados dirige la organización sindical más grande de esa cartera.

 Sorprendido

El sindicalista calificó como sorpresiva la captura en su contra, pues considera que no existe ningún indicio para probar que haya incurrido en un delito.

“Sabían dónde estaba porque siguieron el GPS del carro”, insistía mientras esperaba a entrar en la sala de audiencias.

Agregó que desde hace 20 años el sindicato logró, como parte del Pacto Colectivo, que entre los recursos que el Ministerio otorgaba a la agrupación se contaran vehículos.

Explicó que a veces eran dos y otras tres automotores, y que siempre fueron utilizados para actividades del sindicato y de los dirigentes de este.

“Todo es parte de los logros obtenidos por el Pacto Colectivo. Se trata de derechos adquiridos y, por lo tanto, ya no se pueden extinguir”, aseguró.

La demanda contra Aguilar García se originó cuando intentó desafiar una orden de De la Torre, indicó Morales al explicarle los señalamientos en su contra.

El exministro determinó que los vehículos asignados al sindicato solo podían ser utilizados después de haber avisado a las autoridades de la cartera. Aguilar García no atendió la advertencia e intentó sacar el automóvil, tipo sedán, placas P116BDP, sin autorización. Logró su objetivo y se lo llevó.

El incidente llegó hasta una orden expresa del despacho del entonces ministro, en la que se obligaba   la devolución del automotor, efectuada en diciembre del 2014.

Delito

Según el artículo 445 del Código Penal, el delito de peculado por uso es cuando el funcionario o empleado público que para fines distintos al servicio establecidos en la administración pública, utilice o permita que otro utilice, en provecho propio o de terceros, vehículos, maquinaria, cualquier otro equipo o instrumento de trabajo que se halle bajo su guarda, custodia o administración pertenecientes a la administración pública, así como trabajos o servicios destinados al cargo público que ejerce.

El responsable de este delito serpa sancionado por prisión de tres a cinco años, multa de Q10 mil a Q50 mil e inhabilitación especial.