La acción legal fue promovida por los abogados del exfuncionario, el 16 de mayo de 2022, fecha en que se desarrollaría la audiencia en la que se resolvería si el exfuncionario debe enfrentar juicio por el referido proceso penal, la cual quedó suspendida hasta que se resuelva el recurso legal que busca separar a la juzgadora.
La recusación fue rechazada en su oportunidad por De León Santos, quien argumentó que en dicha carpeta judicial “considero que yo lo único que he hecho es juzgar” y agregó que ordenó la prisión preventiva porque el exfuncionario fue declarado en rebeldía.
Es importante mencionar que el 22 de enero del presente año, fueron enviados a juicio 22 personas señaladas de haber incurrido en fraude, lavado de dinero u otros activos y estafa propia, entre otros tipos penales.
Los argumentos
Entre los motivos que fueron presentados por los dos abogados defensores en el memorial es que dicho juzgado les ha ocultado información y ha impedido el acceso a la carpeta judicial, audios y actuaciones.
Parte de las argumentaciones que se encuentra en el escrito está que “la jueza externó opinión dentro del caso, por conocer con anterioridad la apertura a juicio de otros procesados y su criterio estaba parcializado, comprometido o viciado” se lee.
Otro aspecto que adujeron los defensores es que el exministro de Comunicaciones fue perjudicado en su libertad, al dictarse la prisión preventiva. En este caso la jueza explicó que ordenó la medida de coerción, tomó en consideración que el peligro de fuga no se había desvanecido al evadir la orden de aprehensión.
Son fines dilatorios
Las acciones legales se pueden plantear en cualquier etapa del proceso cuando un litigante considera que “hay razones donde el juez no va a tener objetividad en el caso que está tramitando” que se puede generar por amistad o enemistad entre abogados, o sus patrocinados frente al juez; o bien, el juzgador “tiene una línea muy parcializada en casos de esa naturaleza, o el juez externó una opinión” indicó Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
El profesional explicó que la recusación podría ser “una manera dilatoria, si el juez no acepta la recusación se va a una Sala de Apelaciones y todo este proceso en la práctica lleva varios meses de por medio” es un instrumento válido, pero se puede convertir en una perdida de tiempo.
A criterio de Quezada “desde una perspectiva de que no me gusta el juez, simplemente por la trayectoria, es una razón espuria” para plantear la acción tomando en cuenta que se plantea buscando que “sea imparcial el juez, o bien, que por temas personales o de materia se sepa que el juez tiene una inclinación muy sesgada” debe separarse del caso.
Es legal y normal
El planteamiento de recusación es legal y “es muy normal, puede ser porque a una de las partes no le gusta el juez que le tocó, es un derecho que tienen las partes dentro de un proceso” aunque no es lo deseable porque retrasa el proceso penal, explicó Edgar Ortiz, director jurídico de la fundación Libertad y Desarrollo.
“Procede recusar al juez, cuando una de las partes considera que tiene algún conflicto de interés para conocer el caso concreto” y las demás causales que se encuentran enumeradas en la ley del Organismo Judicial y explica que dicha acción debe resolverse antes de iniciarse el debate, tal y como está regulado.
En el segundo párrafo del artículo 125 de la ley del Organismo Judicial establece que: “si la recusación se declarare procedente, serán nulas las diligencias practicadas desde la fecha en que se presentó la recusación” se lee.
Dicha ley regula por lo menos unas 20 causales que podrían motivar la acción para separar a un juez de un caso penal; entre las que se destacada que el juez haya externado opinión antes de resolver, enemistad entre el juez, cónyuge o alguno de sus parientes consanguíneos, haber conocido en otra instancia en el mismo asunto, entre otros.
Los señalamientos
El Ministerio Público afirma que los acusados defraudaron al Estado, por medio del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, en un evento de Licitación Pública, para la construcción de la carretera Libramiento de Chimaltenango, que benefició a la entidad Constructora Nacional, S.A., a través de Renova Ingenieros, S.A., como entidad oferente en el evento.
La Fiscalía sostiene que la misma carecía de la capacidad técnica, económica y financiera, y a pesar de eso, fue adjudicada por el monto de Q77 millones 798 mil 535 por la Junta de Licitación.
¿Quién es la jueza Silvia de León?
Silvia Violeta de León Santos, nació en Ayutla, San Marcos, es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1997. Ha laborado por más de 20 años como jueza en el Organismo Judicial. Entre los casos más mediáticos que ha conocido la jueza, se encuentran:
* Negociantes de la Salud: envió a juicio a 18 personas, entre ellas el empresario Gustavo Alejos, sindicadas de participar en una estructura criminal integrada por funcionarios y empleados del IGSS que favorecían a determinados proveedores de medicamentos a cambio de cobros ilegales. El 18 de julio de 2017.
* Ligó a proceso por el delito de tráfico de influencias al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Gustavo Mendizábal. Según las investigaciones, intercambió comunicaciones con la exvicepresidenta Roxana Baldetti en 2014, en las cuales le ofreció ayuda para influir en sus demás compañeros para que se otorgara un amparo provisional. El 8 de septiembre de 2018.
* Envió a juicio a 25 personas sindicadas en el caso Botín Registro de la Propiedad, entre ellas el hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, por presuntamente participar en eventos fraudulentos en el Registro General de la Propiedad. El 29 de mayor de 2017.
* Condenó al exdiputado del partido Lider (ya desaparecido), Mario Gerardo Yanes Guerra a tres años de prisión por el delito de tráfico de influencias. Debido a que la sentencia se realizó mediante un procedimiento abreviado, se suspendió la pena durante tres años a cambio de que el congresista mantenga buen comportamiento. El 21 de julio de 2017.
* El 27 de febrero de 2016 fue víctima de un ataque. Hombres armados ingresaron a su vivienda, hecho que fue catalogado por la fiscalía que lleva el caso como un allanamiento. Ese día se llevaron algunas de sus pertenencias.
*Fue pesquisidora y recomendó retirar inmunidad a Otto Pérez Leal, quien afrontó antejuicio en el 2014 cuando fungió como jefe edil de Mixco. Era investigado por estafa según denuncia de la extrabajadora de la comuna Mirna Amparo Herrera García, quien alegaba que se le adeudaba Q192 mil por sueldos atrasados por su reinstalación en la municipalidad.
* Tomó trascendencia pública después de liberar sin cargos al ex fiscal General del Ministerio Público (MP), Carlos de León Argueta, acusado de corrupción, el 24 de mayo de 2012.
* Fue señalada por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de incurrir en el delito de prevaricato junto a otros profesionales del derecho en el denominado informe los “Jueces de la Impunidad”, presentado el 28 de noviembre de 2012.
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