“La CC está constantemente invadiendo la esfera de competencia de los tribunales ordinarios, y no es esa su función. La inspiración que llevó a la creación de la CC, no solamente la de Guatemala, es para mantener ese control constitucional, para evitar vulneraciones a derechos constitucionales”, señala el profesional.

Se ha extralimitando juzgando, afirma Vásquez, “como si fuera un tribunal ordinario”.

A la nueva CC debe otorgársele el beneficio de la duda hasta que comience a resolver, aclara el presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios.

Es a los jueces a quienes les corresponde valorar prueba. “Muchos amparos, sin embargo, son presentados por las partes como si se tratara de una justicia ordinaria; lo que se tramitó dentro del proceso, lo llevan nuevamente a la Cámara de Amparos”, agrega Vásquez, que afirma que es un recurso del que se abusa ante la CC.

Voz política

Las quejas de que la CC se ha excedido en sus resoluciones también vienen del presidente del Congreso, Mario Taracena.

“Sí hay extralimitación de funciones de la CC; incluso da opiniones económicas, ya ni siquiera jurídicas”, asevera.

“Ordenan al Congreso cuándo debe reunirse. Es necesario recordarles, a la CC y a la CSJ, la división de poderes”, agrega Taracena.

Señala, no obstante, que cuando fueron diputadas Anabella de León y Roxana Baldetti “politizaron la justicia”, cuando empezaron a acudir a la CC para presentar un sinfín de recursos, de asuntos que correspondía resolver al propio Congreso.

Lucha de poderes

La CC no decide qué debe conocer, pues son los interesados quienes llevan sus peticiones.

“Nosotros no tenemos más que resolver ese derecho de petición. No nos extralimitamos”, define Roberto Molina Barreto, magistrado de la CC.

“Hay un descontrol institucional, y por eso acuden al último ente que puede solucionar ese conflicto. Ahora, es la propia autoridad la que se queja de la autoridad; antes era el ciudadano contra el poder, los congresistas en contra del Congreso, el IGSS en contra de la CSJ, los ministros en contra del Congreso. El poder contra el poder”, resume Molina Barreto.

“Son los congresistas los que llevan los conflictos políticos a la CC”, agrega.

Barreto, quien deja la CC luego de dos períodos, de cinco años cada uno, está convencido de que la próxima CC no se podrá sustraer de la ruta trazada por los actuales magistrados, por cuyas manos pasaron cinco mil expedientes anuales.

“Cuando a los interponentes les va bien, la aplauden; cuando no, se quejan de que la CC se está extralimitando”, agrega.

La única forma de limitar que el máximo tribunal conozca, como en la actualidad, todo tipo de peticiones, es con una reforma constitucional y de la Ley de Amparo que limite el uso de ese recurso, especialmente en el campo judicial, asevera el magistrado.

Por ejemplo, un ciudadano al que no le registraron a su perro en una asociación canófila pidió amparo en la CC para dirimir si debía ser inscrito. Se declaró sin lugar, porque no era del ámbito constitucional.

Cartera se amplió

¿Si la CC amplió la cartera de lo que conoce? De eso no hay duda, dice la analista Carmen Aída Ibarra.

“Esta CC demostró que se pueden tomar decisiones de si se alza o no la tarifa eléctrica, si toman o no posesión magistrados y funcionarios electos. Hay una amplia gama de temas que pasan por la CC: impuestos, salarios mínimos diferenciados”, comenta Ibarra.

La integración y la dinámica interna de la CC “se vuelve cada vez más un asunto político”, dice Alejandro Ballsels, abogado constitucionalista.

El principal reto es, sin duda, según el abogado, que la CC debe ser congruente y no resolver casos que no correspondan a su jurisprudencia; y eso implica revisar su campo de acción.

“Fui de los pocos que siempre dijo que el tema de los salarios diferenciados no era de la Corte de Constitucionalidad. Estamos viviendo una etapa de decisionismo judicial. Es decir, cuando se cae en el gobierno de los jueces, es una patología muy mala para la democracia, porque se busca un órgano que busca poner orden”, afirma Ballsels.

El jurista concuerda con el presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios en que la CC no debe sustituir la competencia de los tribunales ordinarios.

Si el juez de Extinción de Dominio actuó y cumplió dentro de los requerimientos legales, la Corte no puede hacer nada, ejemplifica Ballsels.

Casos en riesgo

La nueva CC será bombardeada por acciones tendientes a obstaculizar los procesos judiciales de mayor riesgo que han emprendido el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Antes, la CC no era utilizada para hacer o deshacer resoluciones ya tomadas por el Organismo Judicial.

“En la actualidad se muestran nuevos caminos para darle la vuelta a la justicia a través del uso retorcido del amparo”, agrega Ibarra.

La función de la CC es constitucional; ese debe ser el marco en el que tome sus decisiones, comenta la secretaria general del Ministerio Público (MP), Mayra Véliz.

“No se puede limitar el derecho de petición de los litigantes, que también está enmarcado en la Constitución. Esperaríamos que las acciones fueran resueltas en el marco de preservar todos los principios, derechos y garantías que establece la Constitución”, agrega.

La nueva CC tomará posesión el 14 de abril, y enfrentará un panorama complicado. Aun así, los consultados coinciden en la urgencia de definir otra vez su papel.