Construcción y Corrupción | Empresarios que aceptaron culpa reciben pena conmutable

Nueve empresarios que se declararon culpables en el caso Construcción y Corrupción fueron sentenciados a cinco años de prisión conmutables y a multas de Q500 mil y Q100 mil mediante un procedimiento abreviado a cargo de la jueza de Mayor Riesgo D, Éricka Aifán.

Empresarios condenados en el caso Construcción y Corrupción durante la audiencia de este miércoles. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec).
Empresarios condenados en el caso Construcción y Corrupción durante la audiencia de este miércoles. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec).

Además, los sindicados deberán financiar la construcción y reparación de tramos carreteros como resarcimiento y tienen que ofrecer una disculpa pública a la población a través de un medio de comunicación masiva “por el delito cometido y el daño causado, garantizando que no lo volverán a cometer”, informó el Ministerio Público (MP).

Álvaro Mayorga Girón, Juan Luis Tejada Argueta, José Luis Rodrigo Agüero Urruela, Rafael Ángel Díaz Fión, Rafael Ángel Díaz Samos, Jesús Augusto García Ibáñez, Pedro Luis Ramón Rocco Arrivillaga y Allen Robert Krebs Wickfors fueron condenados a cinco años, a razón de Q100 diarios, y deben pagar un multa de Q500 mil.

En el caso de Raúl Eduardo Cuevas Alvarado, Aifán dictó una pena de cinco años conmutables a razón de Q25 diarios y debe pagar una multa de Q100 mil.

Los empresarios se declararon culpables de haber cometido el delito de cohecho activo en el caso de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones cuando Alejandro Sinibaldi, prófugo de la justicia y supuesto cabecilla de la estructura, dirigía esa cartera.

Según el MP, los empresarios condenados se beneficiaron económicamente de la red, en la que tres empresas de cartón facturaron millones de quetzales provenientes de sobornos por servicios que nunca prestaron.

Las compañías Constructora Benellia S.A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul S.A., y Agropecuaria El Florido S.A estaban ligadas a Sinibaldi y eran manejadas por una red de operadores.

“Toda la facturación de las empresas ocurrió entre los años 2012 y 2014, cuando Alejandro Sinibaldi era el ministro del Micivi”, añadió la fiscalía.

Estas son las obras por las que deben pagar los empresarios:

  • Álvaro Mayorga Girón: Financiar la construcción de 4.3 kilometros de carretera en la salida de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, hacia la ruta Interamericana, con un costo de Q8 millones 548 mil 653.62.
  • Juan Luis Tejada Argueta: Un tramo del kilómetro 52 ruta Interamericana hacia la bifurcación RD-CHM-1 y dos kilómetros en la antigua ruta CA-01 occidente de cuatro carriles de 3.60 metros cada uno con arriate central, con un costo de Q9 millones 400 mil 941.
  • José Luis Rodrigo Agüero Urruela: Bacheo de 3 mil 700 toneladas colocado y compactado donde diga el Ministerio de Comunicaciones con un costo de Q5 millones 664 mil 125, y la ampliación de la interconexión de la ruta Interamericana hacia la ruta al Pacífico, bulevar San Cristóbal, con un costo de Q2 millones 785 mil.
  • Pedro Luis Ramón Rocco Arrivillaga y Allen Robert Krebs Wickfors: Reparar el tramo del kilómetro 44.4 RD-4 al kilómetro 54.7 hacia Pueblo Nuevo Viñas, longitud 103 kilómetros, con un costo de Q7 millones 269 mil.
  • Rafael Ángel Díaz Fión, Rafael Ángel Díaz Samos y Jesús Augusto García Ibáñez: Depositar en la Tesorería Nacional Q17 mil 756.85 y construir la Escuela Primaria Oficial Rural Mixta República de Estados Unidos del Norte, aldea San Francisco, San José El Rodeo, San Marcos, por un costo de Q1 millón 842 mil 974.
  • Raúl Eduardo Cuevas Alvarado no debe hacer ningun tipo de resarcimiento.

Las dependencias encargadas de la supervisión serán la Dirección General de Caminos, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

La cifra de la reparación digna que deben hacer los empresarios ascidende a Q35 millones 528 mil 450.47.

Asimimismo, en las obras deberán colocar un cartel que diga que la construcción es por cumplimiento de la condena emitida por el delito de cohecho activo.

También deberán adoptar medidas de prevención y detección de ilícitos dentro de las empresas que representan y en el plazo de un año deberán informar a la juzgadora Aifán y a la Procuraduría General de la Nación (PGN) las medidas establecidas.

Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Más implicados

En la misma judicatura se llevará a cabo el próximo 14 de mayo la audiencia de etapa intermedia contra 24 personas que también están sindicadas en este caso, entre ellas Jaime Ramón Aparicio Mejía, primo de Alejandro Sinibaldi.

El MP sostiene que en 2013 Aparicio Mejía giró 25 cheques que fueron depositados a su cuenta, a nombre de Constructora Benellia S.A.  por un monto de Q.8 millones 235 mil 47.

La fiscalía adelantó que presentará 1 mil 542 medios de pruebas, entre documentales y 716 materiales.

Ellos son los demás sindicados:

  • José Guillermo Samayoa Soria
  • Mayra Lissette Marroquín Castillo
  • Denis Elí Marroquín Castillo
  • José Roberto García Rodríguez
  • Jaime Ramón Aparicio Mejía
  • Analise Mercedes Herrera Monterroso
  • Douglas Yoalmo Paredes
  • José Guillermo Yupe Ramírez
  • Rene Felipe Cardona Pérez
  • Juan Ignacio Florido
  • Juan Ramón Solórzano Henkle
  • Ismael Arnoldo Donis Alvarez
  • Carlos Presa Aguirre
  • Randy Stuardo Uribio Aquino
  • Juan Arturo Jegerlerner Morales
  • Carlos Francisco Goyzueta Valladares
  • Otto Vinicio Samayoa Soria
  • Juan Francisco Sandoval Girón
  • Walter de Jesús López Acevedo
  • Julio Roberto De la Peña González
  • José Jeremías Pérez De la Cruz
  • Elmer Rumaldo Vásquez Quevedo
  • Griselda Beatriz Álvarez Medina
  • Roger Marco Antonio Navas Coronado

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