El plazo es de tres días hábiles, de acuerdo con la Ley en Materia de Antejuicio. El Juzgado deberá revisar que la denuncia cumple con todos los requisitos de forma jurídica y después debe inhibirse y remitirla a la Cámara de Amparos y Antejuicios, en donde se incluirá en la agenda habitual del pleno de magistrados de la CSJ.

Una fuente cercana al proceso confirmó que la denuncia será analizada y revisada durante una sesión, probablemente la próxima semana. Después, los magistrados votarán si es viable remitirla al Congreso, como lo ordena la ley o la rechazan por ser considerara espuria o política.

Denuncia

Evaristo Martínez Farfán, de la Dirección Penal de la PGN, planteó la denuncia con el argumento de que “coartan facultades constitucionales otorgadas directamente al Presidente de la República, o bien vulneran principios fundamentales tales como el de legalidad, derecho de defensa y debido proceso”.

Las resoluciones en discordia se centran a haber otorgado un amparo provisional que ordena al Ejecutivo a permitir el ingreso de Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), quien tiene un impedimento de retornar al país por disposición del presidente Jimmy Morales.

También esta semana la CC ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) que otorgue las visas a 11 investigadores de la Cicig, que salieron del país por vacaciones. Los funcionarios de la Cicig han investigados los casos La Línea, Cooptación del Estado de Guatemala, Botín en el Registro de la Propiedad y financiamiento electoral ilícito de Morales, entre otros.

En ley

Omar Barrios, del Centro de Estudios de Derecho Guatemala, mencionó que la acción de Donado está en ley. “El procurador General de la Nación ejerce la abogacía y la consultoría del Estado, por lo tanto, el procurador sí tiene representación. Si el considera que existe violación a la norma constitucional y la forma en que están resolviendo los tres magistrados, el famoso tres contra dos que se dice, y se están extralimitando, no tiene el derecho, tiene la obligación de presentar la denuncia o querella. En este caso se transforma en antejuicio”.

Para Barrios, el caso “no tiene que exagerarse tampoco ni darse por cierto lo que está diciendo el procurador. Hoy los magistrados tienen que ver por qué es tan importante la presunción de inocencia.

Creo que se está exacerbando una denuncia, se está llevando al límite diciendo que es golpe de Estado y no es así. Es falso, no hay algún riesgo en el estado de Derecho”.

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“La CC es un tribunal necesario. Son tres magistrados que han desviado la interpretación de la legitimidad. Las responsabilidades son administrativas y penales contra un magistrado cuando su conducta encaja en conductas penales. No los fallos de la CC sino el actuar de los funcionarios. No se va a verificar en la vía penal revisar a la corte sino verificar si el magistrado incurrió en algún hecho ilícito en su forma de actuar”, dijo Barrios.

Exmagistrado opina

“Creo que el presidente (Jimmy Morales) fue acorralado desde un principio y desde entonces debió contar con mejor asesoría para justificar las buenas intenciones. Al presidente lo acorralaron de entrada y lo condicionaron y tuvo que tratar de defenderse y reorientar su plan de gobierno, su actividad y merecía una mejor asesoría en aras del interés nacional”, dijo el exmagistrado de la CSJ, Luis Fernández Molina. 

“Para mí es improcedente (la denuncia de la PGN) por la misma Ley de Amparo que establece la inmunidad muy amplia también indefinida de la Corte de Constitucionalidad. La culpa no es de los magistrados ni de la CC sino de la Constitución que no le estableció límites a la CC”, mencionó Fernández Molina.

En relación al acuerdo del gobierno con la Cicig, Fernandez Molina se refirió: “En este caso es el marco de un convenio que se celebró con la ONU. La poca definición de las funciones respecto de la CC. Además, se habla del acuerdo del gobierno con la Cicig y a medida que el Congreso lo aprobó es parte de las normativas del país”, agregó.

“De oficio le corresponde más al Ministerio Público actuar y no es la función típica de una Procuraduría General de la Nación que es el abogado del Estado”, se refirió Fernández Molina.

“Es importante que se mantengan las negociaciones pero lo más importante es que se informen las negociaciones. Son dos deberes que tiene la Cancillería, negociar y también informar lo que sucede en las negociaciones”, finalizó Fernández Molina en cuanto a lo que se espera para las próximas semanas.

No hay que alarmarse

Para Luis Ruiz, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), la querella está contemplada en el ordenamiento jurídico del país. “Considero que es una querella, una especie de denuncia y diligencias de antejuicio. El tema es que el antejuicio es una institución que está establecida en la Ley en Materia de Antejuicio para defender el cargo y la institucionalidad. Muchas veces el guatemalteco tiene la percepción que el antejuicio es algo malo y no es así. Es para proteger el cargo, no a la persona”.

Ruiz mencionó que la PGN es un ente independiente que tiene la obligación de plantear las acciones que considere correspondientes. “Se ha hablado que el presidente le ha ordenado al procurador. Considero que la PGN tiene el deber independientemente”.

“Este asunto viene por las visas de cortesía que en su momento el Minex decidió cancelar a los investigadores de la Cicig. En este caso, de alguna manera se presentaron las acciones correspondientes y la CC amparó para que quedara sin efecto el tema de cancelación o revocación. El procurador entiende, percibe y constata, según él, que están siendo vulnerados los derechos y las obligaciones del presidente”, mencionó Ruiz.

El abogado Ruiz envía un mensaje a la población. “La ciudadanía no tiene por qué alarmarse. He leído que es un golpe de Estado técnico y eso no es cierto. En este caso la PGN está en su derecho de presentar toda la documentación que sustente el caso”, dijo.

La querella de la @PGNguatemala para retirar la inmunidad a los magistrados de la @CC_Guatemala Francisco de Mata, Bonerge Mejía y Gloria Porras, será revisada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2019. Esto para ver si procede remitir al Congreso, se informó. pic.twitter.com/rBebsDzm1K

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) December 27, 2018

Penalistas analizan la acción

Consultado el abogado Luis Mérida acerca del análisis debido a la denuncia que interpuso la PGN contra magistrados constitucionales, la acción es procedente.

“Sí procede. Los magistrados de la CC están para conocer casos específicos a la violación de la Constitución, pero en materia internacional no, eso sería extralimitarse. El tema internacional no tendría que conocer. Es por ello que vino una denuncia por abuso de autoridad, lo cual lleva antes que eso un proceso legal; no podemos venir y señalar de tal hecho a una persona, sin antes quitarle la inmunidad. Las decisiones de la CC se alejan de lo legal y han sido políticas”, mencionó Mérida.

El abogado Denis Cuesy recordó que las resoluciones de la CC únicamente pueden ser revisadas por un órgano superior y en Guatemala no existe y se acude a cortes internacionales.

“En este caso la denuncia como cualquiera recuerda que todos los jueces tienen un carácter limitativo. Es únicamente la parte que le corresponde. Por eso hay juzgados penales, civiles y de familia, etcétera. Cuando se habla de la CC solo va a conocer temas específicos de carácter violatorio a la Constitución”, explicó Cuesy.

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