Los magistrados que continuarán con beneficio de inmunidad son:
- Romeo Monterrosa
- Wilber Estuardo Castellanos
- Dasma Janina Guillén
- Selvin Flores
- José Alejandro Córdoba
- Edwin Albino Martínez
- Rafael Morales Solares
- José Luis Samayoa
- Oscar Ruperto Cruz Oliva
- Henry Alejandro Elías Wilson.
Según se informó, las magistradas María Eugenia Morales y Delia Dávila votaron en contra de no retirar la inmunidad de los togados. Silvia García fue la única que se inhibió de conocer por figurar como señalada; el resto conoció, pese a figurar en la pesquisa y enfrentar antejuicio.
Según la acusación de la Feci, los señalados habrían influido en elección de cortes de Apelaciones y CSJ.
Con esta resolución, la Feci no podrá investigar a los magistrados por este caso, pero pueden recurrir a la Corte de Constitucionalidad.
Como parte de las investigaciones por el caso Comisiones Paralelas 2020, la Feci presentó el martes 10 de junio solicitudes de retiro de antejuicio contra diez magistrados de la CSJ, Tribunal Supremo Electoral y Corte de Constitucionalidad.
Los señalados eran Silvia Patricia Valdés Quezada, presidenta del la CSJ, y los magistrados José Felipe Baquiax Baquiax, Manuel Reginaldo Duarte Barrera, Vitalina Orellana y Orellana, Nery Oswaldo Medina Méndez, Sergio Amadeo Pineda Castañeda, José Antonio Pineda Barales y Silvia Verónica García Molina.
Además, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y Nester Mauricio Vásquez Pimental, magistrado de la Corte de Constitucionalidad.
La investigación del MP
Según la investigación del Ministerio Público, los magistrados habrían cometido actividades posiblemente ilícitas en su función de comisionados de postulación para magistraturas de Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia.
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En un comunicado brindado ese martes, el MP detalló que obtuvo “indicios como la existencia de una lista de candidatos previamente consensuada y de la cual el Congreso de la República debería elegir a magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones”.
También señala que se registraron reuniones previas y posteriores a la votación desarrollada en el seno de la Comisión de Postulación para magistratura de las salas de la Corte de Apelaciones, entre los comisionados que eran parte del acuerdo, al margen de las funciones legales de las comisiones de postulación.
Otro de los puntos presentados por el MP, es acerca de indicios de que los votos de los diez funcionarios señalados fueron determinantes para obtener el número de electores necesarios y alcanzar los mínimos indispensables, para cumplir con el requisito establecido en el artículo 2017 de la Constitución Política de la República, que señala que se requieren dos terceras partes.
El caso abarca a funcionarios de distintas entidades estatales, quienes ya se enfrentan procesos judiciales, como es el caso del exsecretario Privado de la Presidencia Gustavo Alejos, quien ha aportado información al Ministerio Público de cómo funcionaba la supuesta red.
También están implicados el exjuez Mynor Moto, quien tiene orden de captura; Murphy Paiz, rector de la Universidad de San Carlos (Usac); Estuardo Gálvez, exrector de la Usac, así como abogados y exaspirantes a magistrados de Apelaciones.
