Por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y violación a la Constitución, el Ministerio Público presentó ayer 10 solicitudes de retiro de antejuicio en contra de magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los hechos denunciados son, según la Fiscalía, por el papel que habría jugado la actual CSJ en la comisión de postulación para nuevos magistrados de salas de Apelaciones, en una trama denominada Comisiones Paralelas 2020.
Según las investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), los magistrados de la CSJ se comunicaron con Gustavo Alejos antes de votar para la integración de las nóminas de candidatos. Como parte de las evidencias presentó una lista que expone la aparente negociación y que fue hallada en la residencia de la abogada Jeniffer Dell’Aqua, una de las procesadas.
Los denunciados son la actual presidenta de la CSJ, Silvia Patricia Valdés, y los magistrados titulares Felipe Baquiax, Silvia García, Vitalina Orellana, Nery Medina, José Pineda Barales, Sergio Pineda y Manuel Duarte.
Asimismo, Ranulfo Rafael Rojas, actual presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y Nester Vásquez, quien ayer asumió como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC). Ambos formaron parte del pleno de la CSJ cuando se trabajó en la nómina de candidatos para las salas de Apelaciones y, según la Feci, habrían participado en la manipulación de los resultados.
Las 10 solicitudes de desafuero ingresaron a Gestión Penal en la Torre de Tribunales, que tendrá a su cargo trasladarlas a juzgados de Primera Instancia, como dicta la Ley en Materia de Antejuicio, para que se notifique a los sindicados. Posteriormente, los expedientes deben ser elevados a la CSJ, a la que corresponderá decidir si los señalamientos son infundados o tienen sustento. En este último caso, se trasladarán al Congreso para que los conozca.
Por ser la CSJ el primer filtro para el citado procedimiento, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, opinó que es conveniente que los ocho magistrados titulares señalados se inhiban de conocer las denuncias en su contra y que el pleno judicial se integre con magistrados suplentes, para evitar un conflicto de interés.
La solicitud de desafuero contra los 10 magistrados se presentó un día después de que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció en su visita a Guatemala la creación de una fuerza de tarea contra la corrupción en el Triángulo Norte.
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Deben ser investigados
Aunque los magistrados en mención habrían incurrido en delitos mientras formaban parte de un organismo de Estado, en la actualidad dos ellos fungen ahora en la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, respectivamente.
“Las máximas autoridades están implicadas; llegó el momento donde se rebalsó el vaso. Siempre han habido denuncias y claridad que en la elección de estas máximas autoridades hay tráfico ilícito. Hay buenos jueces que han sido electos con el buen canal, pero también hay otros donde ha habido grupos que están siempre detrás de estas elecciones y lograron cooptar estas comisiones de postulación”, expresó Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
El trámite
El hecho de pedir el desafuero de magistrados de la CSJ en funciones es un proceso inédito para el país. Sectores de la sociedad civil y juristas señalan que dar trámite a los procesos sería un síntoma positivo para la salud del sistema de justicia.
José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional (MCN), espera que estos procesos puedan seguir su camino y no exista ningún conflicto de interés en el trámite de remitirlos el Congreso.
“Creo que aquí vamos a estar en un escenario, como se ha hablado anteriormente, de conflicto de intereses, porque los magistrados de la misma CSJ no pueden, o no deberían, conocer la causa de su propio -retiro de- antejuicio. En este caso pueden suplir los magistrados de salas de Apelaciones, este sería el trámite, y si se llegan a enviar al Congreso necesitarían de una mayoría calificada de 107 votos”.
La opinión generalizada es que las denuncias deben llegar al Congreso para su análisis, independientemente de si la CSJ decide conocerlas con suplentes o titulares.
La Ley en Materia de Antejuicio contempla que si ingresa alguna solicitud de este tipo al Congreso durante el período de receso parlamentario se tendrá que integrar la comisión pesquisidora con diputados que conforman la Comisión Permanente, cercana al oficialismo y bloques aliados.
En este caso, quedarían fuera legisladores de la oposición en torno a la labor de coordinar las diligencias de análisis y evaluación de las denuncias.
Édgar Ortiz, analista de Fundación Libertad y Desarrollo, considera que todas las responsabilidades legales por estas denuncias van a recaer sobre los diputados, ya que parte de esto se debe a que el Congreso no ha renovado el OJ.
“Estamos otra vez como en el círculo del perro que se muerde la cola, porque por un lado no nombrar a una CSJ hace que estos magistrados gocen de antejuicio. Si el Congreso nombra mañana a los nuevos magistrados se termina el problema y no hay antejuicios que tramitar. Entonces, todo el poder recae en estos momentos en el Congreso, ya que al no elegir nueva CSJ, garantiza inmunidad a estas personas”, expuso.
Echeverría, Ortiz y Quezada coinciden en que estas solicitudes de retiro de inmunidad deben prosperar para despejar cualquier duda sobre el proceso de renovación del OJ. Si la CSJ decide no admitirlo a trámite, la Fiscalía podría pedir a la CC un amparo provisional.
