Derivado de una apelación de la defensa de los condenados, el fallo no causó firmeza, pues la Sala Tercera de Apelaciones del ramo Penal determinó que no se podía dar validez a la prueba en contra de Salán Sánchez y Rojas Méndez, pues el principal sospechoso había sido declarado inocente.
El 24 de marzo del año pasado, la Sala validó la impugnación, anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio en contra de ambos, los militares y exasesores de Portillo en materia de seguridad.
En junio de 2015, la Cámara de Amparos y Antejuicios resolvió de manera provisional un amparo presentado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, para que se revocara la decisión de la Sala.
El efecto que en el proceso conlleva la decisión de la Cámara de Amparos y Antejuicios es la Sala analice por segunda ocasión su resolución y determine si se mantiene o cambia de sentido, o sea que se realice un nuevo juicio o que se confirme la sentencia ya emitida, confirmaron los abogados Waldemar Leonardo y Mario Cuevas, defensores de Salán Sánchez y Rojas Méndez, respectivamente.
Cuevas aseguró que ya se apeló la decisión de la Cámara ante la Corte de Constitucionalidad, porque consideran que si el prinicipal sospechoso del caso fue absuelto, no existen pruebas de que su cliente, al igual que Salán Sánchez, hayan cometido un delito.
Los militares habían sido condenados por el Tribunal Segundo de Sentencia Penal a cinco años y tres meses de prisión por peculado, más una multa de Q18 mil 700.
Salam Sanchéz y Rojas Méndez se desempeñaron como jefes de seguridad del entonces presidente, Alfonso Portillo.
“Secreto militar”
Rosa Dolores Giza Ruiz, quien trabajó como jefa de Negocios y Cajas del Departamento Financiero del Ministerio de la Defensa, declaró durante el juicio que los Q120 millones que fueron sustraídos de la cartera castrense salieron bajo la figura de secreto militar.
La testigo tenía firma registrada para autorizar el desembolso del Ministerio de la Defensa y fue a través de certificaciones autorizadas por Enrique Ríos Sosa, entonces jefe del Departamento de Finanzas, que se explicaba que esos montos debían pagarse por la modalidad de secreto militar.
Giza Ruiz indicó que desconocía el destino de los Q120 millones pero esa cantidad no volvió a las arcas del Ejército.
Con base en esos documentos de soporte se emitieron dos cheques. El primero, el 28 de febrero del 2001, por Q72 millones, y el segundo, del 2 de marzo del mismo año, por Q48 millones, lo que hace un total de Q120 millones.
