La Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos magistrados se reunieron la tarde de este lunes, rechazó la solicitud de antejuicio en contra de los gobernantes, 13 ministros y una viceministra.
El rechazo del antejuicio se concretó con el voto de 12 de los 13 magistrados. La magistrada María Eugenia Morales Aceña fue la única que votó para que se le diera trámite al antejuicio.
La nueva presidenta de la CSJ, Silvia Valdés, se inhibió de conocer el antejuicio, después de tener señalamientos de simpatía hacia el gobernante.
Abogados de Calas argumentaron que, aunque la acción ya había sido anulada, existió la limitación de garantías constitucionales ordenadas por los funcionarios.
El decreto gubernativo 5-2016 fue duramente cuestionado por constitucionalistas, medios de comunicación, internautas, y el Procurador de los Derechos Humanos, al señalar que se violentaban derechos que la Constitución reconoce.
La exigencia para órganos de difusión a evitar publicaciones que “a juicio de la autoridad” incitaran a la alteración del orden, fue de lo más criticado porque era ambiguo acerca de qué se considera “incitación” y esa opinión era discrecional.
También se cuestionó que varias restricciones no tenían nada que ver con los trabajos en áreas de riesgo, y que poblaciones debieran desocuparlas.
Al día siguiente de su publicación en el diario oficial, el gobierno se vio obligado a dar marcha atrás en el decreto gubernativo, pero sin reconocer los señalamientos de distintos sectores.
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“Por esta situación que se ha planteado, que se cree que se está dando un golpe de Estado, que se cree que estamos actuando en contra de los medios de comunicación, y de muchas cosas que se han dicho, hemos tomado la decisión de dejar sin efecto el acuerdo —decreto— gubernativo”, anunció el vicepresidente Cabrera.
La polémica y la acción de dar marcha atrás se dio mientras el gobernante Morales se encontraba en Nueva York.
La Corte también rechazó una solicitud de antejuicio contra el presidente del Congreso, Mario Taracena.
El diputado tenía una solicitud presentada por trabajadores, quienes lo señalan de supuestos abusos y despido de personal.
También tenía otra petición de antejuicio por violencia contra la mujer, la cual fue presentada por sindicalistas del Congreso.
