Defensa cuestiona acusación en caso IGSS Pisa y Chiquimula

El Tribunal Undécimo Penal escuchó este viernes de sindicados en el caso IGSS Pisa e IGSS Chiquimula, por el supuesto fraude en el contrato de la empresa PIsa con el Seguro Social por la atención a los pacientes renales.

El juicio por el caso Igss Pisa Chiquimula se realiza en el Tribunal Undécimo Penal. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
El juicio por el caso Igss Pisa Chiquimula se realiza en el Tribunal Undécimo Penal. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Luis Godoy, abogado de Francisco Cortez Bocaletti, quien era jefe de servicios contratados del IGSS, refutó la acusación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) al decir que en los medios de prueba no se determinó la participación de Cortez a través de que existiera un interés o intervención en la junta de licitación del contrato millonario.

Para Godoy, en las pruebas testimoniales y documentales, “Cortez no tuvo ninguna incidencia ni influencia en la junta de licitación. En los órganos de prueba no se acreditó su incidencia para la adjudicación”.

En la etapa de conclusiones, la Fiscalía pidió 28 años de cárcel para Cortez Bocaleti, por asociación ilícita y fraude de forma continuada con el agravante de ser un funcionario público.

La acusación de la Fiscalía detalla que hubo un fraude por más de Q116 millones, con lo cual señala la culpabilidad a 21 personas, entre ellas Juan de Dios Rodríguez, expresidente de la junta directiva del Seguro Social.

Cuestiona delito

Henry Leonardo Marroquín, defensor de Lester Otto Daniel Ortiz Lima, a quien el MP señala por el delito de asociación ilícita al haber cobrado más de Q110 mil por la instalación de un transformador en clínicas de la institución en Chiquimula.

El abogado señaló que Ortiz sí hizo los trabajos, pero no fue parte de ninguna organización criminal. “Mi cliente nunca hizo trabajos anticipados y sí tenía la experiencia de electricista”, comentó Marroquín para desvanecer la acusación por asociación ilícita.

Recordó que en la primera instancia del caso, la jueza Silvia de León retiró el delito de fraude a Ortiz.
La próxima semana continuará el juicio con las conclusiones de los abogados de la Droguería Pisa de Guatemala, S. A., donde se centra la acusación.

El edificio

El inmueble estuvo a nombre de Comercial & Constructora Siboney, S. A., y, según la acusación, fue utilizada por el exparlamentario Baudilio Hichos para la adjudicación anómala de contratos de arrendamiento y reacondicionamiento del servicio de consulta externa y caja departamental del IGSS en Chiquimula por un monto de Q2 millones.

Durante un juicio de extinción la propiedad fue trasladada a manos del Estado. El 5 de septiembre de 2017 quedó en firme la resolución. El inmueble, valorado en Q9 millones, está ubicado Plaza Minerva 9-47, zona 2 local.

Hichos tiene una orden de captura vigente, por los delitos de fraude y tráfico de influencias derivado de la investigación del MP y la Cicig.

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