López fue parte de una unidad de elite del ejército guatemalteco y es uno de cuatro sospechosos de la masacre en la aldea de Dos Erres, que fueron arrestados años después en Estados Unidos (EE. UU.).

Dos purgan condenas en cárceles estadounidenses por delitos migratorios y otro fue deportado a Guatemala, donde lo condenaron a más de 6 mil años de prisión.

En entrevista la semana pasada, López dijo que durante la masacre le tocó vigilar a mujeres y niños, pero que no mató a nadie. Dijo que teme represalias de las autoridades guatemaltecas o de otros presos por ayudar a los investigadores estadounidenses a procesar a uno de sus antiguos camaradas.

“Yo tengo miedo de que voy a ser torturado y me van a matar en mi país, por la razón de lo que yo di un testimonio en un gran jurado”, dijo López. “Como yo hablé sobre ellos todo lo que ellos habían hecho y todo”.

El abogado de las víctimas de la masacre no ocultó su satisfacción.

“Estamos muy contentos de que lo deportaran y que ahora deba enfrentar a la justicia guatemalteca, sobre todo por las víctimas que siempre han reclamado justicia”, dijo Francisco Vivar, abogado de las víctimas de la masacre.

Más de una docena de exmilitares, López entre ellos, están bajo pedido de arresto en Guatemala por su presunta participación en la matanza.

La masacre tuvo lugar en el momento más intenso de la guerra civil de Guatemala, que duró tres décadas y reclamó al menos 200 mil vidas hasta terminar en 1996. El ejército, respaldado por EE. UU., fue responsable de la mayoría de las muertes, de acuerdo con una comisión de la verdad creada para investigar la matanza.

En diciembre de 1982, un grupo de soldados fue enviado a Dos Erres en busca de armas que habían desaparecido. Los soldados acorralaron a hombres, mujeres y niños, violaron a las niñas y mataron a los aldeanos a golpes de mazo para luego arrojar los cuerpos a un pozo.