“Necesitamos políticas públicas ya no encaminadas en prevención, sino en erradicación del delito. Se requieren reformas al Código Procesal Penal, al Código Penal y una penitenciaria”, argumenta Morales.
Según el fiscal adjunto muchas de las extorsiones, y no solo de los imitadores u oportunistas, las llevan a cabo las dos pandillas que operan en el país -Barrio 18 y Mara Salvatrucha 13 -.
Se requiere que el Ministerio de Gobernación (Mingob) tome el control de las cárceles para evitar que los integrantes de esas agrupaciones delictivas ordenen desde adentro las extorsiones.
“También es importante la participación de las superintendencias de Telecomunicaciones y Bancos para que se creen normativas que llenen los vacíos legales que actualmente existen”, explica Morales.
Según el fiscal “parte de lo que necesitamos para erradicar la extorsión es elaborar un análisis social del impacto que causan”.
Sin duda, expresa, lo que urge es reformar las leyes y crear nuevas que endurezcan los castigos para quienes cometan el delito de extorsión. “Es necesario que se pueda criminalizar a las estructuras”, argumenta.
Las denuncias
El fiscal adjunto valora que las personas ahora denuncian más los casos de extorsión. El MP en el 2023 recibió 11 mil 447 denuncias de extorsión. La mayoría se concentra en el departamento de Guatemala, en Escuintla, Chimaltenango y Quetzaltenango.
Por su parte el Centro de Investigaciones y Estudios Nacionales, dice que la PNC recibió “18 mil 100 denuncias, que hace una tasa de 102.8 por cada 100 mil habitantes en todo el territorio nacional”.
En promedio, según el Cien, “se denunciaron 50 extorsiones diarias en el 2023”.Esto, de acuerdo con los datos históricos, superó a lo que ocurrió en el 2022, que fueron 14 mil 725 denuncias.
“Entre el 2022 y el 2023 fueron 3 mil 370 denuncias más y la tasa aumentó 18 puntos, de 85 a casi 103”, según el Cien.
El fiscal adjunto está consciente de que los casos aumentaron desde 2019, no obstante, explica, hacen esfuerzos para contrarrestarlos y, sobre todo, han logrado sentencias ejemplares que van de 100 a mil años contra delincuentes que extorsionan y asesinan.
“El territorio donde ocurren más hechos es el del departamento de Guatemala y los municipios aledaños como Villa Nueva, Mixco, que son donde como fiscalía reciben más denuncias”, detalla.
Agrega que en Escuintla, Suchitepéquez, San Marcos, Quetzaltenango y Chimaltenango, son puntos focales en donde muchas veces en los primeros tres meses del año aumentan las denuncias.
“Creemos que por las fiestas de fin de año la gente se queda desempleada, gasta de más y son los imitadores los que aprovechan estas situaciones.
El bono escolar, que lo cobran las estructuras de pandillas, también afecta con violencia a la población, señala Morales. Luego de eso, confirma, cobran el bono de semana santa, entre marzo y abril, y es cuando las denuncias aumentan.
“Lo que buscamos es minimizar el impacto de las extorsiones, desarticular estas estructuras y esperar que la PNC y el Mingob practiquen requisas en los centros carcelarios para evitar que salgan llamadas extorsivas de estos”, apunta.
Para Morales “las denuncias son positivas porque antes la población no confiaba en el sector justicia. Consideramos que la población ha tomado la confianza y hemos creado la cultura de la denuncia”.
Más sedes
En el país hay once agencias fiscale especializadas en el delito de extorsión. Estas están en los municipios de Mixco y Villa Nueva, Guatemala. Además, en Coatepeque, Quetzaltenango.
A escala departamental hay en Chimaltenango, Escuintla, Suchitepéquez, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Jutiapa e Izabal.
Están por abrir en Jalapa, Santa Rosa, Cobán, Sacatepéquez y Retalhuleu, donde también ha golpeado en alguna medida este flagelo.
