Leily Santizo, abogada de la Cicig, se reincorporó a las audiencias judiciales de este caso hoy en el juzgado, después de que se ausentó desde el 8 de enero.

Lea más

ONU ve más amenazas a jueces luego del cese del mandato de la Cicig

“Fueron 15 excusas las que se enviaron y por seguridad a todos nos sacaron del país”, mencionó en rueda de prensa, antes de la audiencia.

La abogada añadió que había presentado esas excusas debido al protocolo de seguridad que instruyó la comisión, poco después de que el Gobierno de Guatemala dio por finalizado el mandato de la comisión.

Santizo confirmó que la instrucción ahora es que todos los mandatarios de la Cicig deben volver a las audiencias. “Tenemos la instrucción de retomar los casos”, agregó.

Su presencia en la audiencia fue motivo para que el abogado defensor Carlos Paredes interpusiera un incidente de falta de acción de la Cicig.

En su argumentación se refirió a que el presidente Jimmy Morales cesó el acuerdo que dio vida a la Cicig el 7 de enero pasado.

Otros abogados defensores se sumaron a la petición de Paredes.

La discusión continuó con la fiscal Mónica Medrano, quien recordó que existe un amparo provisional del 9 de enero último de la Corte de Constitucionalidad (CC) que mantiene vigente a la Cicig.

En representación de la comisión, Santizo enfatizó a que existe una acción legal que tiene en vigencia al ente de la ONU y que se deje sin efecto la petición del abogado del exfiscal Ronny López.

Responde Gálvez

Luego de escuchar a la Cicig, fiscalía y defensa, el juzgador leyó artículos constitucionales en relación con que el presidente de la República no tiene la facultad de terminar convenios internacionales, sino denunciarlos.

También se refirió que la CC otorgó un amparo para dejar en suspenso la decisión del mandatario Morales de dar por terminado el mandato de la Cicig.

“Se tiene que respetar, ese es el mandato constitucional. Ya se imagina qué es no cumplir con una orden constitucional”, dijo Gálvez.

Más adelante, dijo: “Hay una Cicig antes y después del acuerdo 2-2019 -en el que el Gobierno de Guatemala da por finalizado el convenio de Cicig-, la misma Corte Suprema de Justicia les ha limitado el trabajo. No estoy defendiendo a la Comisión, estoy sujeto a la Constitución. El principio de legalidad debe prevalecer”.

#ManipulaciónDeJusticia | El juez Miguel Gálvez se refiere a las acciones de la Corte Suprema de Justicia en relación a la @CICIGgt. pic.twitter.com/OznHECUWrz

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) February 13, 2019

El juzgador se refirió después a que los mandatarios de la Cicig tenían impedimento de ingresar sus vehículos por el sótano de la Torre de Tribunales. La abogada Santizo confirmó lo que mencionó el juez Gálvez y añadió que solo les permiten ingresar a una persona de seguridad para que los acompañe sin arma de fuego.

Consultado Mario Siekavizza al respecto de la declaración del juez Gálvez dijo que no se podía opinar sobre aspectos personales del juez. “Ellos gozan de independencia judicial y se debe respetar. Si tiene alguna inconformidad están los canales para que pueda valer lo que a él no le gusta”.

Observadores

Un detalle que llamó la atención fue la visita de representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y observadores de la ONU en la sala de audiencias.

Lee también: Fiscalía investiga la posible destrucción de registros informáticos en el Renap

Santizo representa a la Cicig en el presente caso de Manipulación de justicia, que va por la etapa intermedia, y también los casos Génesis, por despojo de tierras, que está en debate en el Tribunal de Mayor Riesgo B, y el proceso de Municipalidad de Chinautla: Negocio de Familia, por supuesto fraude, en el Juzgado de Mayor Riesgo C.

Petición de exfiscal que sorprende

El sindicado Ronny Elías López Jerez sorprendió al solicitarle al juez Gálvez que fijara un monto de Q2 millones a Leily Santizo, de Cicig, como medida cautelar para responder, en su momento, ante posibles daños derivado del proceso penal. El juzgador lo rechazó debido a que en planteamiento se refirió a que el ente tiene como domicilio el extranjero.

Quedó fuera

En medio de la controversia de que, para el Gobierno, el mandato de la Cicig ya es historia, mientras la ONU lo ratifica, el criterio de jueces en torno a la participación de la Cicig en los casos no ha sido el mismo.

Gálvez ratificó hoy a la comisión en el caso Manipulación de justicia, pero el asunto ha variado en otras judicaturas.

El pasado 17 de enero, el Tribunal Décimo Tercero Penal decretó el abandono de la Cicig en el juicio del caso Botín en el Registro de la Propiedad, que tiene en el banquillo a Samuel Everardo Morales Cabrera y su sobrino José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales, respectivamente.

Lee además: “Allá voy a estar más seguro”: El supuesto narco que aceptó la extradición a EE. UU.

El juicio del caso Lavado y Política arrancó el mes pasado sin la Cicig y llegó a sentencia en el Tribunal de Mayor Riesgo A, donde fue condenado a 38 años de prisión el empresario Francisco Édgar Morales Guerra, alias Chico Dólar.

El 9 de enero pasado, la representante de la Procuraduría General de la Nación (PGN) interpuso una protesta para que el representante de la Cicig fuera separado de un caso de corrupción donde está involucrado Adolfo Vivar, quien fue alcalde de La Antigua Guatemala y recuperó su libertad de forma condicional. Esta acción fue decretada sin lugar.

Manipulación de justicia

Ante el juez Miguel Gálvez se desarrolla la audiencia intermedia del caso Manipulación de Justicia, que tiene procesado al exfiscal Ronny Elías López Jeréz, y a los particulares Dora Elizabeth Bonilla, Mynor Macario Rojas y Lesbia Verónica Montúfar.

El 9 de diciembre de 2012 fue asesinado José Armando Melgar Moreno. Su hijo, el general Érick Melgar Padilla, hizo responsable a su tío, Óscar René Melgar, y pidió a la Cicig una investigación, la cual fue rechazada por la entidad con el argumento de que no había indicios de la participación de aparatos clandestinos en el crimen.

“Se constató que Érick Melgar Padilla pidió iniciar una investigación paralela sobre el asesinato de su padre, a fin de condicionar el curso de la misma ante el Ministerio Público”, y “existen elementos probatorios suficientes para presumir la manipulación de la investigación penal con el objeto de crear una estructura criminal ficticia vinculada al asesinato de Melgar Moreno”, son dos conclusiones de la Fiscalía y la Cicig.

En este caso ya esperan un debate Ronny Elías López Jerez, exfiscal del Ministerio Público, Lesbia Verónica Montufar Trejo, Dora Elizabeth Bonilla Berger y Mynor Macario Rojas.

Aporte de los investigadores

Contenido relacionado

> Congresistas piden a Trump que sancione a funcionarios de Jimmy Morales

> Degenhart despide a jefe policial que anuló retiro de vehículos asignados a Cicig

> Pugna en torno a Cicig crea desgaste a nivel internacional