Guatemala
Exembajador de EE. UU. se suma a la consulta presidencial que busca la destitución de Consuelo Porras
Stephen McFarland presentó un memorial a la CC señalando que en Guatemala no hay controles objetivos para medir el desempeño del fiscal general.
El presidente Bernardo Arévalo y la Fiscal General, María Consuelo Porras, durante una reunión en enero del este año. Fotografía: EFE.
La Corte de Constitucionalidad (CC) tiene pendiente por resolver una consulta enviada por el presidente, Bernardo Arévalo, que busca saber si puede destituir al fiscal general. A dicha petición se sumó ahora el exembajador de los Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, quien dio una serie de argumentos jurídicos a la Corte previo a la resolución.
El pasado 4 de abril la presidencia de Guatemala envió la consulta a la CC, en un intento más desde el Organismo Ejecutivo por conseguir la destitución de María Consuelo Porras al frente del Ministerio Público (MP).
La fiscal general es señalada por el gobierno de los Estados Unidos como un actor político clave a favor de la corrupción, juicios que ella niega y afirma que mantiene una institución objetiva.
El diplomático presentó ayer 15 de mayo un amicus curie, o amigos de la Corte, en el que expone una serie de argumentos, que a su consideración, pueden ser de utilidad a los magistrados constitucionales al momento que conozcan y resuelvan la consulta presidencial.
Los argumentos
Por las reformas a la Ley Orgánica del MP del 2016 es prácticamente imposible que el fiscal general de Guatemala sea destituido. Para que esto ocurra debe de tener una sentencia condenatoria firme.
Esto podría llevar que el proceso de remoción dure años, incluso rebasaría el mandato constitucional para el que fue electo. Además de eso, McFarland expuso otros puntos que, a su juicio, juegan en contra de un proceso objetivo.
- El MP debe perseguir penalmente a su superior.
- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decide admitir a trámite las denuncias contra el Fiscal General.
- El retiro de la inmunidad queda en manos del pleno del Congreso.
- Un juez penal decide si liga o no a proceso y luego un tribunal, de ser el caso, podrí emitir la sentencia condenatoria.
- Las Cortes podrían llegar a anular una posible sentencia condenatoria.
Esos cinco argumentos chocan, a criterio del diplomático, con un proceso ágil y objetivo. En donde el proceso de remoción de un jefe del MP en Guatemala es prácticamente nulo.
Sin estándares internacionales
Guatemala ha firmado una serie de acuerdos y convenios internacionales, por lo que debería de adoptar prácticas que permitan un desarrollo pleno en sus instituciones, indica McFarland. Pero actualmente en el MP no se cuentan con controles objetivos y claros para medir el buen desempeño de sus máximas autoridades.
“Los estados partes, que como Guatemala, tienen fiscales independientes, adopten medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción en la fiscalía, análogas a las medidas adoptadas con respecto a los miembros del poder judicial”, haciendo referencia el escrito a la Constitución y al Convenio de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
No contar con mecanismos de control que permitan medir la honorabilidad del fiscal general durante el ejercicio de sus funciones es algo perjudicial para el sistema, ya que hace que estos cargos sean inamovibles.
María Consuelo Porras no es señalada únicamente por el gobierno de los Estados Unidos como un personaje a favor de la corrupción. La Unión Europea también emitió sanciones contra Porras por dudar de su gestión.
“Sin embargo, como se señaló posteriormente, el marco jurídico de Guatemala no prevé procedimientos disciplinarios contra el Fiscal General”, señala el documento.
Aunque se pueda crear la figura de un fiscal especial para investigar a la máxima autoridad de MP, este podría ser removido por el fiscal general. Lo que hace que la legislación actual sea débil para medir el desempeño del jefe fiscal o bien buscar su remoción.
Los intentos
El presidente Bernardo Arévalo después de hacer la consulta presentó una iniciativa de ley. La propuesta busca reformar el artículo 14 de la Ley Orgánica del MP para que el mandatario tenga la potestad de remover al Fiscal General.
La iniciativa no ha hecho eco en el Congreso y la propuesta ni siquiera ha sido leída para ser enviada a comisión. Incluso las expectativas del boque oficialista eran aprobar la iniciativa de urgencia nacional en una sola sesión.
Pero desde que se presentó la propuesta el Congreso no se integró quórum, haciendo eco dos posibles versiones. Una apunta que la iniciativa no fue socializada lo que le resto apoyo, y la segunda, que se dieron presiones desde el MP contra diputados bajo la amenaza de posibles investigaciones.
El Congreso se encuentra ya en periodo de receso, por lo que quedó una respuesta en manos de un pleno de la CC, que tendrá que definir si es viable o no que el presidente remueva a la fiscal general.
El amicus curie presentado por el exembajador concluye que “el marco legal vigente en Guatemala no respecto a la responsabilidad del Fiscal General no cumple con los estándares internacionales”.
McFarland enlistó en total 76 puntos, que a su consideración ayudarán que el pleno de la CC tome una decisión.
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